La deuda viva de la Comunidad ascendió a 12.932 millones de euros a 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la estadística del Banco de España publicada hoy, lo que equivale al 24 % del Producto Interior Bruto (PIB) y mantiene a Castilla y León como la octava autonomía más saneada del país. Esta ratio es inferior en 3,1 puntos a la media autonómica, que se sitúa en el 27,1 % del PIB nacional, y mejora su diferencial relativo con respecto a la situación al cierre de 2019, que fue de 2,8 puntos.
La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al término del cuarto trimestre del año se cifraba en el 4,2 % del total de las comunidades, contabilizado en 303.622 millones de euros.
A esa misma fecha y en términos absolutos, Castilla y León sumaba 12.932 millones de euros de pasivo. Esta cantidad representa el 24 % del Producto Interior Bruto y permite conservar la octava posición en la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Canarias, País Vasco, Madrid, Navarra, Galicia, La Rioja y Asturias. Esta buena posición relativa denota la responsabilidad con la que la Junta viene utilizando esta fórmula de financiación, respetando en 2020 nuevamente los límites al endeudamiento fijados por la normativa de estabilidad presupuestaria.
En este importe, el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 259,2 millones de euros; el llamado ‘factoring’ sin recurso –o lo que es lo mismo, los créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 5,7 millones de euros, y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada y otra deuda imputada, por 273,1 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas) atendiendo a quiénes son los prestamistas indica que, al acabar el cuarto trimestre de 2020, el mayor importe corresponde al Fondo de Facilidad Financiera se eleva a 3.725,3 millones de euros, –en concreto, el 28,8 %– al que se adhirió el Gobierno autonómico para satisfacer las necesidades previstas en 2015, las del segundo semestre de 2017 y para cubrir la deuda de 2018 y 2020. En segundo lugar se encuentran las emisiones de deuda pública que representan el 26,8 %, con 3.460,4 millones de euros.
Como tercer prestamista figuran las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.158,8 millones de euros, un 9 % aproximadamente de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado y de forma similar a años anteriores, el 96,3 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,7 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 99 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 1 % firmada a corto. El 81,7 % está concertado a tipo de interés fijo y el 18, 3% a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de posibles subidas futuras del Euribor.
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 3.178 millones de euros la deuda de otras empresas públicas que pertenecen a las CC.AA que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos del endeudamiento de todo el sector público autonómico la ratio media con respecto a PIB se elevaría al 27,4 %, frente al 24 % de Castilla y León.