El programa presentado hoy pondrá en marcha con los nuevos fondos europeos un programa de inclusión con niñas que abandonaron sus estudios por la maternidad para ayudarles en la búsqueda de empleo y ofrecerles la oportunidad de construir su propio proyecto vital.
La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado esta mañana en Valladolid el Programa de Actuaciones Estratégicas con la Población Gitana, un documento que define las políticas públicas que va a promover la Junta en torno a este colectivo hasta 2030.
Esta planificación de actuaciones, ordenadas en seis áreas con un total de 73 medidas, tiene como objetivo último proteger y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables y favorecer su inclusión social y laboral. El presupuesto estimado para su aplicación asciende a 40 millones de euros en sus diez años de vigencia.
La consejera ha desgranado los ejes del programa minutos antes de visitar el colegio Cristóbal Colón de Valladolid, donde se desarrolla ‘Pajarillos en Red’, una plataforma que concentra a las 12 comunidades educativas de este barrio –donde cohabitan 40 nacionalidades– y se erige como prototipo de distrito de innovación social y educativa para la mejora de la convivencia y de las condiciones de vida.
Isabel Blanco ha considerado este proyecto como un modelo de cohesión social y ha apostado por extender su ejemplo a otros entornos aplicando las mismas políticas públicas, combinando acciones en las áreas social, educativa y de empleo. ‘Pajarillos Educa’ es un reflejo de los resultados que pretenden conseguirse con la estrategia presentada hoy.
Su confección parte de un análisis de situación elaborado sobre los últimos estudios oficiales disponibles. De ahí se desprende que la población gitana en Castilla y León se cifra en torno a 26.500 personas (el 3,5 % del total de la población romaní de España); que es eminentemente urbana (más de la mitad residen en capitales de provincia) y mayoritariamente joven (alrededor de un tercio tiene menos de 16 años).
Desde un prisma socioeconómico, el 92 % de las personas de etnia gitana están en riesgo de pobreza, a pesar de que el 19 % están incorporados al mercado laboral. El 46 % de los hogares romaníes viven en extrema pobreza, mientras la tasa de pobreza infantil es del 89 %, casi tres veces superior a la existente entre la población general.
Además, según el VII Informe de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), casi tres de cada cuatro gitanos residentes en España se encontraban en situación de exclusión social, el 54 % de ellos en exclusión severa. Este último porcentaje es cinco veces superior al del resto de la sociedad (9,5 %).
Cinco principios inspiran el programa presentado hoy, víspera del Día Internacional del Pueblo Gitano. El primero es garantizar el desarrollo de sus derechos fundamentales en el acceso a los servicios y recursos públicos y normalizar su atención, eliminando prejuicios y estereotipos; el segundo es velar por la acción coordinada y la implicación de los poderes públicos y el movimiento asociativo de este colectivo en todas las acciones; el tercero es combinar políticas generales para la inclusión con otras medidas para abordar las desventajas específicas que puedan afectar a la población gitana; la cuarta es armonizar la intervención de las administraciones, bajo el liderazgo de la Gerencia de Servicios Sociales, y finalmente la quinta es promocionar la igualdad y el desarrollo de la mujer gitana, que se enfrenta a una doble discriminación.
El documento estratégico aborda así la implementación de políticas dirigidas a la comunidad gitana desde una óptica moderna, acorde a la situación socioeconómica actual, y tratando de consolidar una sociedad más integradora y justa de futuro.
Área 1: Servicios Sociales
El plan se estructura en seis áreas o ejes de acción. La primera, con ocho medidas, se centra en los Servicios Sociales, donde se plantea una intervención integral y proactiva en dos fases: una primera de valoración exhaustiva de las necesidades de la persona y una segunda de definición, junto a su destinatario, de un plan de apoyo individualizado, con acompañamiento social si fuera preciso.
Se pretende evitar la reproducción del patrón generacional de la pobreza, apoyando metodologías de intervención familiar y comunitario para prevenir la marginación, y promover la inclusión socioeducativa y la mejora de la calidad de vida de los menores de familias en situación de exclusión social.
Asimismo, de la mano del Tercer Sector Social, se llevarán a cabo itinerarios de inserción sociolaboral de alta intensidad con perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía o del Ingreso Mínimo Vital para favorecer su empleabilidad, y se realizarán acciones de mediación intercultural en ámbitos fundamentales de desarrollo de la comunidad gitana a través de la capacitación. También se desarrollarán acciones formativas de gestión de la diversidad en diferentes ámbitos: laboral, educativo, seguridad, medios de comunicación, etcétera.
Área 2: Educación
En el segundo apartado, de Educación, se recogen 23 medidas para incrementar la escolarización de la población gitana menor de seis años; reducir el absentismo escolar en Primaria y rebajar las tasas de fracaso y abandono en Secundaria; mejorar la transición hacia estudios postobligatorios, y promover la diversidad e inclusión en el ámbito educativo.
Para conseguir estas metas, se plantean la implantación de medidas seguimiento y mediación escolar, especialmente en los casos de abandono de niñas gitanas; la ejecución del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA+) con iniciativas de apoyo al alumnado y sus familias; la mejora del volumen de la oferta y accesibilidad a la Formación Profesional de grado básico; la promoción del acceso del alumnado gitano a los niveles educativos medio y superior, especialmente de las mujeres, o la formación a lo largo de la vida a través de itinerarios individualizados, entre otros.
En este ámbito educativo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pondrá en marcha un programa específico de inclusión laboral con niñas y adolescentes de etnia gitana que un día abandonaron las aulas por su maternidad. Se les ofrecerán itinerarios formativos que les permitan cualificarse y acceder al mercado laboral para desarrollar en el futuro un proyecto de vida propio y autónomo. Esta iniciativa de integración social es uno de los proyectos que se financiarán con los nuevos fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
Asimismo, y con el fin de combatir el absentismo escolar de la población de etnia gitana, el departamento que dirige Isabel Blanco revisará los criterios de concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, de manera que para percibir este recurso será imprescindible que las familias se comprometan con la escolarización de sus hijos.
Estas medidas se han diseñado atendiendo a una realidad social que indica que el índice de fracaso escolar en España entre el alumnado gitano de 16 a 24 años es del 64 % –frente al 13 % del conjunto– o que sólo el 17 % de los estudiantes romaníes completan la ESO (15,5 % si son adolescentes mujeres), cuando en la población general ese porcentaje sube al 80 % (95 % en el caso de las chicas).
Precisamente, para dar respuesta a esta situación en Castilla y León están vigentes el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación 2017-2022 –que establece entre sus líneas estratégicas la necesidad de alcanzar una educación inclusiva de calidad para todo el alumnado– y el Programa 2030 –para reforzar la equidad del sistema educativo, progresar en la educación inclusiva y combatir la segregación escolar por razonas de vulnerabilidad socioeducativa–.
Área 3. Empleo
El tercer bloque del programa de actuaciones dirigidas a la población gitana persigue, a través de 12 medidas, reforzar su empleabilidad por la vía de la cualificación, mejorar las condiciones de los ocupados y promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación en el mercado de trabajo.
Para ello se trabajará en preparar a quienes no finalizaron sus estudios primarios para que logren superar las pruebas de competencias clave, o en fomentar el acceso de este colectivo a programas de Garantía Juvenil. En esta tarea, jugará un papel esencial el Instituto de la Juventud de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que desarrollará campañas de información y difusión para incentivar el acceso de la población de etnia gitana a la iniciativa europea de Garantía Juvenil.
Otras de las medidas serán impulsar la formación para favorecer la puesta en marcha de proyectos de autoempleo –con asesoramiento sobre requisitos legales y fiscales– o la profesionalización de los existentes –para aumentar la viabilidad de su actividad económica–, y combatir la economía sumergida.
Como ocurre en toda la estrategia, estas medidas se han diseñado tras analizar la situación laboral del colectivo a partir de distintos estudios. De ellos se concluye que la población gitana presenta una tasa de actividad elevada en el conjunto del país –esencialmente desarrollada por cuenta propia–, si bien sus rasgos más característicos son la subocupación y el subempleo precarios. La presencia de la comunidad romaní en los sectores más regulados y con mejores condiciones es escasa.
Área 4. Vivienda
El cuarto eje incorpora ocho medidas para reducir la segregación espacial y la infravivienda y erradicar el chabolismo; mejorar la calidad del alojamiento de la población gitana, y apoyar los procesos de transición residencial y la convivencia de las familias gitanas que residen en viviendas normalizadas.
Las iniciativas planteadas en este ámbito pasan por el desarrollo de programas integrales de realojo e inclusión social de personas que viven en barrios chabolistas o en infraviviendas, que incluyen enfoques multidisciplinares de acción social, salud, educación y empleo; por facilitar vivienda normalizada y trabajar para favorecer la inclusión en la comunidad; y por habilitar medidas de apoyo económico para familias con bajos recursos.
La Junta de Castilla y León ya viene trabajando en este tipo de medidas, de manera que el porcentaje de casas clasificadas como infraviviendas se ha reducido desde el 11,54 % en 2007 al 8,41 % en la actualidad. En 2019, las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) firmaron un protocolo de colaboración para la erradicación de asentamientos chabolistas. Y en estos momentos, se trabaja en la eliminación de los existentes en Venta de Baños (Palencia) y Burgos.
Área 5. Salud
En este quinto ámbito de la salud, la población gitana presenta peores resultados en una variedad de indicadores al compararlos tanto con los de grupos sociales en mejor situación socioeconómica, como con los de peor situación, existiendo diferencias en el estado de salud, estilos de vida y acceso a algunos servicios.
Las 13 medidas incluidas en este epígrafe son coherentes con las establecidas en la denominada ‘Declaración de Oviedo’, surgida de un foro promovido en 2019 en Asturias por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el que se determinaron intervenciones de promoción de la salud y bienestar social en la población gitana.
Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la de reforzar la formación de los profesionales de salud y ámbito social para el abordaje de la salud de la población gitana; difundir entre las mujeres el programa de prevención y detección de cáncer de cuello de útero; realizar campañas de sensibilización para el abordaje de patologías crónicas, la discapacidad y la enfermedad mental, y fomentar el uso responsable de los recursos sanitarios que realiza la población gitana, especialmente los servicios hospitalarios y de urgencias.
Área 6. Participación e igualdad de trato
Castilla y León se alinea con la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de marzo de 2021 sobre la igualdad, la inclusión y la participación de la población gitana, en la que se plantea un impulso a las políticas que logren romper la enorme brecha de desigualdad que sufre la población gitana en todo el continente.
Así, en el programa de actuaciones estratégicas presentado hoy, la Junta apuesta por incrementar la participación de la población gitana en la sociedad, promover la igualdad de trato y prevenir la discriminación con nueve medidas.
En el documento, el Gobierno autonómico se compromete a apoyar actividades dirigidas a aumentar el conocimiento social de la cultura gitana; implicar a las asociaciones formadas por personas romaníes en el diseño y desarrollo de políticas que promuevan la participación en la sociedad, y desarrollar actuaciones de sensibilización que permitan hacer visibles los cambios positivos en la inclusión social de las personas gitanas para favorecer la cohesión social.
El reto es promover la participación de la población gitana en asociaciones y organizaciones de todo ámbito y cambiar la imagen social de la comunidad gitana, para lo que es esencial transmitir experiencias satisfactorias en los ámbitos laboral, educativo y social.
Financiación para la ejecución del programa
La financiación para la ejecución de las medidas incluidas en este programa se eleva a cuatro millones de euros anuales por parte de las distintitas consejerías participantes. Hay que tener en cuenta, además, que esta previsión con fondos autónomos puede ser ampliable con la procedente de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Fondo Next Generation UE y de los Programas Operativos de Castilla y León del próximo periodo de programación 2021-2027.
Documento muy participativo
El programa de actuaciones presentado hoy es fruto de un amplio proceso participativo, en el que se han involucrado hasta cinco departamentos del Gobierno autonómico – Familia e Igualdad de Oportunidades, Empleo e Industria, Fomento y Medio Ambiente, Sanidad y Educación–, las entidades más representativas del colectivo de etnia gitana y del Tercer Sector Social, colegios profesionales y entidades locales.
Estos colectivos estarán presentes en el grupo de trabajo que se constituirá en el marco de este documento para impulsar y evaluar a través de 16 indicadores la implantación de las medidas.