El popular Ramón Luis Valcárcel, Exdiputado del Parlamento Europeo entre 2014 y 2019, escribe esta tribuna para Soria Noticias sobre el cambio de las directrices sobre ayudas regionales de la Comisión Europea.
De un tiempo a esta parte, se viene oyendo con mayor insistencia eso de la “España Vaciada”. Es, sin duda, el término más impactante posible para definir una realidad que afecta a una gran parte del territorio español, en particular, y a toda España, en general. La opinión pública, tan saturada de toda clase de noticias de la más diversa naturaleza (lo que, a veces, genera una preocupante tendencia a la insensibilidad), asume, cada vez con más fuerza, que la despoblación es un problema de todos y que todos debemos afrontar.
En este tiempo en el que se radicaliza, en exceso, el pensamiento y las diferencias se expresan con indisimulada violencia verbal, parece que existe, sin embargo, un consenso unánime en torno a los desafíos demográficos que va más allá de los posicionamientos político-ideológicos.
La Sociedad Civil organizada reivindica soluciones a este grave problema; y lo hace reclamando la atención desde su propio medio rural, tan amplio como variado, cuya especificidad se basa, entre otros factores, en la escasa densidad de población y en el reducido tamaño de sus municipios. Los argumentos que esgrimen ya no son “ruralistas” sino que exhiben con legítimo orgullo la importancia de lo local y del territorio como la expresión viva de una historia y de unas costumbres que trata de adaptarse a lo que está por venir -el futuro- como meta irrenunciable.
Los Medios de Comunicación se hacen eco de estas reivindicaciones y las difunden, contribuyendo, así, a crear conciencia en la sociedad.
Por su parte, los representantes de las Instituciones Políticas van -aunque con altibajos- acompasando el ritmo a la magnitud del problema. Bien es verdad que estamos ante una situación que trasciende la acción política en sus distintos niveles local, regional y nacional. Dicho de otra manera: la implicación de la Unión Europea es, si no exclusiva, sí imprescindible.
No es casualidad, por lo tanto, que el ex-presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del Partido Popular, fuera el primer político representante de una región de la Europa comunitaria en plantear ante una institución europea, el Comité de las Regiones de Europa, esta realidad. Lo hizo a través de un Dictamen de Iniciativa titulado “La respuesta de la Unión Europea al reto demográfico” en el que reclamó una respuesta amplia, coordinada e integradora de la UE para abordar todos los retos demográficos y también los fenómenos de pérdida de población, e hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha una estrategia con un presupuesto concreto para hacer frente a los desafíos demográficos. Solicitaba, asimismo, una definición precisa del concepto “desventajas demográficas graves y permanentes” del artículo
174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El entonces presidente de Castilla y León acababa de señalar el camino que el resto de instituciones europeas, y con ellas las regiones y los Estados Miembros de la UE, debían seguir.
El Partido Popular ha demostrado su compromiso con quienes padecen los efectos de la despoblación. A través de las diversas instituciones públicas en las que está presente ha presentado -y sigue haciéndolo- infinidad de iniciativas en favor de los núcleos de baja densidad demográfica. Desde los municipios, las comunidades autónomas y los parlamentos -autonómicos, nacional o europeo- ha llevado a cabo acciones que se han traducido en leyes que amparan el derecho a la calidad de vida y a la igualdad de oportunidades, o en hechos, materializados en fondos, destinados a tal propósito.
Hoy, después de superar muchas dificultades y tras una evaluación de las normas vigentes llevada a cabo entre el 7 de febrero y el 7 de marzo de 2019, la Comisión Europea ha adoptado (el pasado 19 de abril) las Directrices revisadas sobre ayudas regionales destinadas a las regiones menos favorecidas reduciendo las disparidades existentes en términos de bienestar económico, renta y desempleo, como es el caso de las que se ven afectadas por la despoblación.
Los Estados miembros concederán ayudas estatales destinadas a las zonas desfavorecidas de la Unión Europea con la finalidad de fomentar el desarrollo económico de las mismas. Esto significa que, a partir del 1 de enero del próximo año, el gobierno de España podrá distribuir fondos destinados a las regiones con déficit demográfico.
Lamentablemente, tenemos sobradas -y recientes- experiencias que demuestran que el gobierno de la nación no está gestionando con diligencia los fondos que nos llegan desde la Unión Europea. Valga como muestra el escasísimo porcentaje de ejecución, (43%) de los fondos estructurales y de inversión, lo que nos sitúa a la cola de los Estados miembros de la Unión. Un dato muy llamativo es que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene a día de hoy una ejecución de tan solo un 35%.
Preocupante es también la actitud que el gobierno de Sánchez ha mantenido en la elaboración y tramitación del Plan Nacional para obtener los fondos de Recuperación y Resiliencia, perteneciente al paquete Next Generation EU, dotados con 140. 000 millones de euros para España. Una vez más, se ha actuado de espaldas al conjunto de las administraciones públicas (como también ha hecho con los Grupos políticos representados en las Cortes Españolas) sin dar opción, por la tanto, a ayuntamientos y regiones a intervenir, aportando proyectos e ideas, en un debate de tanta trascendencia para estos territorios. En definitiva, se ha faltado a algo tan elemental, y especialmente necesario, como es el consenso en torno a un asunto de extraordinaria trascendencia para los intereses de España.
Pues bien, ante las ayudas estatales de finalidad regional, urge planificar ya, sin perder un solo segundo; evaluar los mapas de ayudas en función de las estadísticas disponibles; ajustar estas ayudas a los criterios recogidos en las Directrices; definir las zonas perceptoras de estos fondos (nivel NUTS, zona “a”, zona “c”, ayuda “ad hoc”…); evaluar la compatibilidad de las ayudas regionales; cofinanciación de los proyectos de inversión; flexibilidad en las ayudas relacionadas con la ubicación de las empresas…
Una ardua labor, como se ve, que requiere todo el empeño y dedicación de un gobierno que ha de actuar, muy al contrario de como hasta ahora lo viene haciendo, con la más absoluta transparencia, alejado de cualquier tentación partidista, sin sectarismo, con criterios de equidad y ejercitando entre los diversos actores sociales y políticos el más amplio consenso. Sólo así, se llenará de contenido la España Vaciada.