Fuentes de la Subdelegación explican que el Estado sólo es competente para dar el visto bueno a estas obras, no para ejecutarlas, puesto que esta actuación ha de llevarla a cabo el promotor del polígono
El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, se ha comprometido con el alcalde de Cabrejas del Pinar, Fidel Soria, con el que se ha reunido esta mañana, a estudiar de manera inmediata el proyecto que presente el Ayuntamiento para la construcción de los accesos al polígono industrial de la localidad con el fin de autorizar o no la ejecución de este proyecto en base a la legislación vigente.
Sin embargo, fuentes de la Subdelegación han afirmado el Estado no es el competente para ejecutar estas obras sino que correspondería llevarlas a cabo al promotor de la zona industrial. Con todo, Latorre se ha comprometido concretar las gestiones necesarias para buscar una solución.
Fidel Soria ha manifestado que está buscando el apoyo de otras instituciones puesto que el municipio no puede hacer frente al coste que supone esta actuación.
Por otra parte, Latorre le ha recordado que la Unidad de Carreteras del Estado en esta provincia presentó alegaciones al estudio de detalle con reparcelación y compensación en la unidad de ejecución del sector afectado por el polígono industrial (SAU-3). Este estudio de detalle fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en 2008.
En estas observaciones del Estado se introduce el trazado de los carriles de aceleración y desaceleración de los accesos al polígono según se aprobaron en su día en el Plan Parcial.
Además, se proponen actuaciones de ejecución de viales, para las que el Ayuntamiento de Cabrejas, según se expresaba entonces, “deberá disponer las correspondientes partidas presupuestarias, así como los oportunos proyectos de obras”:
Entre 2008 y 2010, debían realizarse carriles de aceleración y deceleración para incorporarse a o desde la CN-234 según la solución aceptada en la aprobación del Plan Parcial de desarrollo.
Entre 2011 y 2012 debía realizarse un vial perimetral de la actuación (en límite con la vía del ferrocarril). Y entre 2013 y 2016, siempre refiriendo a lo dicho en la Subdelgación, debían realizarse los viales interiores, que se podrían simultanear con las edificaciones previstas.
En la Ley de Urbanismo de Castilla y León se recoge expresamente que “los planes parciales deberán definir con precisión los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas necesarias para su desarrollo, incluidas las obras de conexión con las dotaciones ya existentes y las de ampliación o refuerzo de estas que sean precisas para asegurar su correcto funcionamiento. Asimismo incluirán las medidas necesarias para la integración del sector en su entorno y para la protección del medio ambiente”.
Promotor
"Debe ser el promotor de este polígono, el Ayuntamiento, el que busque una solución a los problemas derivados que plantee la ubicación allí de la zona industrial", han insistido en la representación gubernamental de la provincia.
En este sentido han abundado en que corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) autorizar, pero no ejecutar, la realización de las obras que el promotor de cualquier actuación que afecte a la carretera (centros comerciales, urbanizaciones, polígonos industriales, etc.) quiera llevar a cabo. El proyecto que se realice debe ajustarse a una normativa muy estricta para garantizar la seguridad de los usuarios de esa carretera y recibir previamente el visto bueno de los órganos competentes del Estado.
La última legislación en materia de carreteras hace mucho hincapié en definir el tipo de servicio que deben prestar las vías de titularidad estatal y en la seguridad de estas carreteras. Por este motivo, la normativa es muy taxativa con la necesidad de controlar los accesos, algo que, por otra parte, también venía contemplado en la legislación anterior.
En los últimos años, el desarrollo urbanístico, comercial e industrial viene sometiendo a las carreteras del Estado a una presión continua de apertura de nuevas conexiones para facilitar el acceso a desarrollos de todo tipo, obviando que cada nuevo acceso es un nuevo punto conflictivo y que la accesibilidad a los puntos concretos del territorio, aunque estén cercanos a la red de largo recorrido, debe hacerse a través de redes de distribución para no perjudicar la función principal de las carreteras del Estado.