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La Consejería de Empleo e Industria, en el marco de la negociación del Diálogo Social, propone destinar el excedente de la convocatoria, 3 millones de euros, a una nueva línea de ayudas de expedientes reguladores para los trabajadores más vulnerables.
Un total de 3.524 trabajadores de Castilla y León han solicitado la ayuda económica habilitada por la Consejería de Empleo e Industria para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores que se han visto afectados por un expediente temporal de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
La Junta de Castilla y León abonará la totalidad de las ayudas económicas solicitadas una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. En este sentido, y en el supuesto de que la ayuda económica solicitada alcance la cuantía de 630 euros por trabajador, la administración Autonómica destinará algo más de 2,2 millones de euros al pago de la totalidad de las ayudas.
La actual convocatoria iba dirigida a trabajadores con una base de cotización de hasta 1.600 euros mes por contrato a tiempo completo, y con un periodo de al menos 45 días en situación de expediente temporal de regulación de empleo. Los beneficiarios van a recibir una ayuda económica de 7 euros por cada día que hayan estado en esta situación, en caso de contrato de jornada completa, o su parte proporcional si el contrato o la suspensión de jornada es a tiempo parcial, con un límite de 90 jornadas completas.
Esta línea, pactada con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social en el Plan de Choque para el Empleo, contaba con una partida económica de 5 millones de euros. De ahí que la Consejera de Empleo e Industria haya planteado a los miembros del Diálogo Social la convocatoria de una nueva línea de ayudas de ERTES, incluidos los de fuerza mayor, por valor de 3 millones de euros y que se nutriría fundamentalmente del excedente económico registrado en la convocatoria pendiente de resolución.
Pérdida de poder adquisitivo
La propuesta de la Consejería pasa por compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables, es decir, aquellos con una base de cotización inferior a los 1200 euros mensuales y con ingresos familiares iguales o inferiores a 3 veces el IPREM.
Estos requisitos, que son los que rigen en otras ayudas sociales acordadas en el seno del Diálogo Social, permitirían atender a todos los trabajadores afectados por ERTES durante un periodo de al menos 40 días y con una ayuda económica de 300 euros.
De este modo, se pretende atender a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad manteniendo las partidas presupuestarias destinadas a apoyar a los desempleados y a la creación y el mantenimiento del empleo.
Paralelamente, se pretende dar respuesta a la petición que de forma reiterada han venido planeando las organizaciones sindicales, condicionando la firma de los acuerdos ya alcanzados en el seno del Diálogo Social a la habilitación de una línea de complemento de ERTES.