El socio director de la oficina de Garrigues en Bruselas y un experto del despacho explican a los participantes la importancia de estas ayudas y el mapa de los riesgos legales que conlleva la complejidad del procedimiento.
José Luis Buendía, socio director de la oficina de Garrigues en Bruselas y Alfonso Lamadrid, socio de dicha oficina, han explicado hoy a 80 autónomos y empresarios ‘Los fondos Next Generation y las normas europeas de ayudas de estado’ en una jornada telemática organizada por FOES y las CEOEs de Teruel y Cuenca que ha contado con la colaboración de las diputaciones provinciales de las tres provincias de la Red SSPA (Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa).
Los dos expertos en derecho comunitario han insistido en la importancia de optar a las ayudas “haciéndolo todo bien desde el principio” ya que la articulación de estos fondos “va a suscitar muchas cuestiones jurídicas”.
Tras explicar la diferencia entre las ayudas covid 19 (fondos propios de estados miembros) y las Next Generation EU, destinados a reconstruir una UE moderna y sostenible, los ponentes se han detenido en la normativa sobre la que se aplican “muy compleja que exige un especial cuidado”, advirtiendo a los participantes de que si no se cumple con ella, “existe un riesgo de la comisión europea ordene la recuperación lo que significa que el estado miembro tiene que devolver la ayuda y pedir al beneficiario a su vez que la devuelva”.
Los fondos Next Generation suponen “un hito” en la historia de la UE, “una iniciativa extraordinaria sin precedentes” que supone que Europa “haya decidido endeudarse de forma conjunta para ofrecer condiciones más ventajosas a los estados miembros”, han destacado.
La distribución de los fondos Next Generation se articula a través de varios programas europeos, el más cuantioso de ellos será el Mecanismo de recuperación y resiliencia, que destina a España 20% de lo presupuestado en este capítulo, lo que significa que nuestro país repartirá casi 69.528 millones de euros en subvenciones entre 2021-23 y otro tanto en préstamos.
Muchos de los objetivos declarados del plan español no van directamente a actividades económicas, pero otros se darán a empresas para realizar actividades económicas, según explicaron los ponentes, que expusieron el caso práctico de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de colaboración público privado entre el gobierno de España, Volkswagen, Seat e Iberdrola para la creación de la primera fábrica de baterías para vehículos eléctricos en España.
Los Next Generation pretenden “espolear a futuro la construcción de Europa y afrontar mejor retos digitalización y transformación tecnológica”, pero en ellos caben muchos proyectos que respondan a los objetivos marcados en España (transición ecológica y digital, eliminación de brechas de género y cohesión e inclusión) desarrollados en torno a 10 políticas tractoras.
Especial atención recibieron en el turno de preguntas y respuestas los proyectos impulsados por FOES y las CEOEs de Teruel y Cuenca. En opinión de Buendía, proyectos que “tienen posibilidades porque la cohesión territorial está contemplada entre los objetivos y estos fondos suponen un ejercicio para cambiar estructuralmente las cosas, para cambiar las dinámicas. El objetivo de luchar contra la despoblación es uno de ellos”.
Los expertos reconocieron el trabajo realizado por la SSPA en sus alegaciones a las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional y el trabajo realizado por el lobby SSPA en la aprobación de dicha norma, que permitirá a las empresas de Soria, Teruel y Cuenca beneficiarse de una discriminación fiscal como provincias con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.