El consejero de la Presidencia y el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León analizan las medidas que han sido adoptadas por la Administración Autonómica y que se aprobarán próximamente para permitir y asegurar que las administraciones locales rindan cuentas ante los órganos de fiscalización.
Esta mañana, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, se ha reunido en Palencia, con el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, para analizar, entre otras cuestiones, el estado de la rendición de cuentas por las entidades locales de la Comunidad. Este encuentro se produce para dar respuesta a los distintos informes de fiscalización que el Consejo de Cuentas ha venido elaborando, en los que se analizan de forma precisa y detallada el grado de cumplimiento de las entidades locales de Castilla y León en relación con la obligación de presentar sus cuentas ante este órgano de control externo.
En este sentido es importante recordar que las entidades locales de Castilla y León y sus organismos autónomos, entes públicos, y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado, están sometidos a la fiscalización del Consejo de Cuentas que, como órgano autonómico de control externo de la Comunidad, ejerce su actuación sobre una estructura territorial que suma en sus nueve provincias un total de 2.248 municipios y 2.225 entidades locales menores.
En esta línea, cabe destacar que el Ejecutivo autonómico ha dado un importante paso al introducir las modificaciones oportunas en las Ayudas y Subvenciones de la Cooperación Económica Local General, que determinan que para que una entidad local pueda ser beneficiaria de una subvención, es preciso e ineludible haber cumplido en tiempo y forma sus obligaciones de rendición de cuentas ante los órganos de fiscalización.
Esta medida, que ya se encuentra vigente tanto en las líneas de ayudas ordinarias como extraordinarias destinadas a las entidades locales, ha tenido gran impacto en el grado de cumplimiento de esta obligación, lo que satisface notablemente la reclamación del Consejo de Cuentas de Castilla y León, y muestra la acción de la Junta de Castilla y León para mejorar la labor de fiscalización de las entidades locales y favorecer la transparencia de la gestión publica local y la utilización de los recursos públicos.
Nuevos pasos para el cumplimiento de las obligaciones legales de los municipios
El consejero de la Presidencia avanzó que se pondrán en marcha medidas que garanticen y permitan a las entidades cumplir con estas y otras obligaciones legales, y destacó especialmente la nueva regulación de la bolsa de trabajo de personal interino para el desempeño de las funciones de secretaría intervención, que es un elemento clave en los municipios para que puedan cumplir sus obligaciones legales.
Ibáñez, además, adelantó que “en esta nueva regulación se va a compatibilizar la flexibilidad y rapidez en los nombramientos con la necesaria garantía de capacidad y aptitud de este personal para prestar un servicio de calidad a los ayuntamientos. De esta manera pretendemos garantizar que los ayuntamientos tengan a su disposición a estos funcionarios, que son los que de forma material gestionan el funcionamiento ordinario de los municipios, y en buena medida de los que dependen el cumplimiento de las obligaciones legales”.
También puso de relieve la importante labor que se realiza desde los servicios de asistencia y asesoramiento a municipios de las Diputaciones Provinciales, especialmente en su labor de asistencia técnica a los pequeños municipios, para lo cual la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, mantiene desde hace años una línea estable de subvenciones cuyo objeto es el mantenimiento y dotación de los recursos precisos a estos servicios provinciales para que ayuden a los pequeños municipios en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus obligaciones.
“Atender las necesidades de nuestros municipios, mejorar las condiciones del mundo local y ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad es una cuestión de justicia. El Gobierno de Mañueco es un referente del municipalismo y apoyo a las entidades locales, porque los hemos escuchado y porque en una comunidad que tiene más de la cuarta parte de los municipios de España, sabemos de lo que hablamos”.
Finalmente, el consejero ensalzó la importante labor que el Consejo de Cuentas de Castilla y León tiene, gracias a su autonomía y su mirada puesta en la transparencia y la claridad sobre los asuntos referentes a la gestión del dinero público. “En consonancia con el Estatuto de Autonomía, esta institución tiene la vital misión de contribuir a una administración eficiente de los recursos públicos mediante un control transparente del gasto, un objetivo prioritario para el buen gobierno de esta Comunidad”.