Soria acogerá una sesión plenaria del Consejo de Cuentas de Castilla y León el día 22

El informe sobre la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad en 2018 y 2019 del que ha dado cuenta hoy Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes fue publicado por el Consejo de Cuentas el 28 de diciembre. Es una auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual en relación con la aplicación de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia, no discriminación e igualdad de trato a los licitadores.

En opinión del Consejo de Cuentas, la Administración General e Institucional de la Comunidad cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por las salvedades que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la normativa de contratos del sector público.

En concreto, en las actuaciones preparatorias de los contratos: la falta de designación de responsable del contrato y de los cálculos realizados para la determinación y adecuación del precio de licitación, así como las deficiencias de publicidad; también las deficiencias en el establecimiento de los medios de solvencia, el incumplimiento del artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público y 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas presentadas detallados en los pliegos, así como en los informes técnicos de valoración, en los que se puntúan aspectos no previstos en los pliegos o que no están suficientemente motivados. Asimismo, el incumplimiento de los plazos de adjudicación y de formalización de los contratos.

A la vista de ello, el informe del Consejo de Cuentas recoge 7 recomendaciones:

• El Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las deficiencias detectadas en su información, especialmente en relación con los contratos no comunicados por la Gerencia Regional de Salud.
  Por su parte, los órganos de contratación deben velar por la inclusión en todos los expedientes de la justificación de la necesidad del contrato y de reservar la utilización de la tramitación urgente y de emergencia cuando se den las circunstancias señaladas en la ley; de la designación de un responsable del contrato; y de los medios utilizados para determinar la correcta estimación del importe. Además, deben planificar la contratación de las necesidades habituales para que no se produzcan periodos sin cobertura contractual y cumplir las normas de publicidad establecidas.
• La Administración de la Comunidad, especialmente la Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, debe establecer los medios para acreditar la solvencia económico-financiera y en su caso técnica y profesional de los licitadores.
• Además, la Gerencia Regional de Salud debe reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos con el suficiente detalle todos los baremos de reparto y subcriterios que serán tenidos en cuenta, lo que redundaría en una mayor transparencia y objetividad del proceso.
• La Gerencia Regional de Salud y las Consejerías de Presidencia, de Economía y Hacienda, y de Cultura y Turismo, deben evitar distorsiones en la definición y ponderación de los criterios de adjudicación valorables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas, en especial del referente a la oferta económica.
• Los órganos de contratación deben asegurar que el contenido de los contratos incluya todos los derechos y obligaciones, especialmente el Itacyl y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
• Finalmente, la Administración de la Comunidad debe vigilar que los contratos sean formalizados en plazo, así como su preceptiva publicación en boletines oficiales y en el perfil de contratante.

El presidente del Consejo subrayaba que la auditoría agrupa dos ejercicios para dotarla de una cierta perspectiva desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

En comparación con el informe del año 2017, precisó que entonces se examinaron 70 expedientes y en este último, 84. Cada uno de los contratos analizados se sometió a un total de 27 controles que afectan a las diferentes fases del expediente, por lo que en el total de la muestra se realizaron 2.268 comprobaciones.

En relación a las incidencias observadas, se puede deducir una cierta mejora en términos meramente cuantitativos respecto al ejercicio 2017 cuando se registró una incidencia por cada 11 comprobaciones efectuadas, mientras que en el informe de 2018/2019 se detectó una por cada 13. Asimismo se pasa de una media de 3 incidencias por expediente en 2017 a una media de 2 incidencias en 2018.

Amilivia ha destacado la decisión del Consejo de complementar este informe anual sobre la contratación autonómica con auditorías más específicas a fin de ir analizando en qué medida se atiende a la nueva orientación estratégica que la nueva normativa confiere a la contratación público.

Ejemplo de ello, ha explicado, es el informe sobre el cumplimiento de la normativa sobre la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Comunidad Autónoma, que fue publicado el pasado 29 de junio y que recoge, entre otras conclusiones, que sobre una muestra de 84 expedientes, en los pliegos de condiciones los criterios de adjudicación incluyen cláusulas de tipo social en dos contratos y de naturaleza medioambiental en 11; así como que el pliego de cláusulas administrativas incluye en la ejecución del contrato condiciones especiales de carácter social en 43 expedientes y de carácter medioambiental en 15. Por lo que el Consejo de Cuentas recomienda a la Administración autonómica garantizar la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la definición del objeto de los contratos, en los criterios de adjudicación y en los requisitos de ejecución.

El presidente del órgano de control ha significado que según los expedientes comunicados, solo las competencias sanitarias absorben más de la mitad del importe total de la contratación. Si a la sanidad se suman educación y servicios sociales, los servicios esenciales del estado de bienestar, representan prácticamente dos tercios del importe total de la contratación.

Atendiendo a la distribución de los expedientes comunicados según tipos de contratos, se constata que en 2018-2019 los contratos de servicios representan un 39% del total, los de suministros un 34% y los de obras un 21%. A la vista de estos porcentajes se aprecia una cierta variación respecto a los tres ejercicios que fueron objeto de la anterior comparecencia sobre la contratación autonómica, observándose una cierta recuperación en la contratación de obras, cuyo peso relativo sobre el total pasa de un 15% a un 21%.

Destacaba además Amilivia que en relación con los resultados del análisis de los informes del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo autonómicos, “sus recomendaciones son equivalentes a las recogidas en nuestro informe al proponer que se refuerce la fase de preparación de los expedientes de contratación, identificando con precisión la necesidad a satisfacer y el objeto de contrato con el que se va a satisfacer aquella; realizando un correcto y detallado presupuesto de licitación; y elaborando unos estudios previos preceptivos sólidos de tal forma que todo ello contribuya a una adecuada planificación”.

Resumen del informe

La Administración autonómica adjudicó en 2018, excluida la contratación menor, 2.655 contratos por importe de 709 millones de euros y en 2019 un total de 3.224 por 762. Considerados conjuntamente ambos ejercicios, el mayor volumen de contratación corresponde a la Gerencia de Salud, con el 51% del total, seguido de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (18%), y tanto la Consejería de Educación, como el Itacyl y la Gerencia de Servicios Sociales, en torno al 6%.

Por tipo de contratos, el 39% del importe total corresponde a suministros, el 35% a servicios, el 21% a obras y el resto a otros. Según el procedimiento de adjudicación, los contratos abiertos representan el 58%, los basados en acuerdo marco, el 14%; los contratos con negociación, el 13% y otros procedimientos el 15%.

Para esta fiscalización se seleccionó una muestra de 84 contratos con un importe total de 249 millones, siendo preferente la revisión de los adjudicados conforme a las disposiciones de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Se revisaron además 18 adjudicados conforme a la normativa anterior.

Los resultados de la fiscalización se focalizan en sus 13 conclusiones, siendo los aspectos más destacados los siguientes:

• En cuanto al Registro Público de Contratos, la contratación no comunicada por la Administración autonómica ascendió en 2018 a 267 expedientes por 119 millones de euros y en 2019 a 946 por 130, detectándose esta falta de comunicación principalmente en la Gerencia Regional de Salud.
• En lo referente a la Organización y Control Interno, en cuanto a la aplicación de la normativa presupuestaria, en 2 expedientes no figura el documento de retención de crédito.
• Sobre el Procedimiento de Contratación. En cuanto a las actuaciones preparatorias se pone de manifiesto el cumplimiento razonable de las normas en las actuaciones de preparación de los contratos, dejando constancia en la documentación de la justificación, naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse; de la adecuada calificación, delimitación y régimen jurídico del contrato, así como la adecuación al mercado del presupuesto de licitación.
• En lo referente a los expedientes de contratación, con carácter general, documentan suficientemente las actuaciones realizadas, de conformidad con el principio de transparencia y en cumplimiento con lo dispuesto por la normativa, excepto por algunas incidencias.
• En relación al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, o documentos equivalentes, así como los pliegos y documentos que contienen las prescripciones técnicas particulares, se observaron también determinadas incidencias. Por ejemplo, en 12 contratos (7 de la Gerencia Regional de Salud), la acreditación de la solvencia económico-financiera y/o técnica y profesional de los licitadores no se realiza o se realiza deficientemente y en 9 contratos (5 de la Gerencia Regional de Salud), los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor presentan un incorrecto o insuficiente desarrollo al no permitir valorar las ofertas sólo con lo expuesto en los pliegos, no establecer los métodos de reparto de las puntuaciones máximas, o presentar otros defectos.
• En cuanto a las conclusiones sobre la adjudicación de los contratos, se cumplen los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones, excepto en 13 expedientes. Los principios de transparencia, libertad de acceso a las licitaciones e igualdad de trato se cumplen, con carácter general, lo que se manifiesta en la adecuada valoración de las ofertas por las mesas de contratación y los órganos técnicos especializados de asesoramiento, teniendo en cuenta la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con los criterios previstos en los pliegos. Se observan, no obstante, determinadas incidencias.

Finalmente, del análisis de la formalización de los contratos se desprende que, con carácter general, se cumple con la formalización de los documentos contractuales en la forma y contenido definidos en la normativa y su contenido es congruente con las actuaciones precedentes. No obstante, en 7 expedientes el documento de formalización presenta omisiones o no se ajusta a lo previsto en la normativa. Por otra parte, en dos contratos de obras, la firma del acta de comprobación de replanteo, por la que se inicia la ejecución del contrato, se suscribe incumpliendo el plazo máximo de un mes.

Programación de informes del Consejo

La presentación de informes ante la Comisión de Economía y Hacienda se encuentra al día. Solo están pendientes de comparecencia los 17 aprobados en el último mes. Así, dentro del actual mandato son ya 21 las comparecencias realizadas, en las que se han presentado 55 informes, que suponen un 26% del total histórico.

En cuanto a la programación del resto de los trabajos, el Consejo tiene otras 33 auditorías en marcha (20 del Plan Anual de 2021 y otras 13 de planes anteriores). Algunos de inminente finalización como el informe anual de las cuentas del Sector Público Local y el referente a los servicios de asistencia técnica de las diputaciones, cuya aprobación está prevista en el Pleno que el Consejo celebrará el próximo 22 de julio en Soria.