El Tribunal Constitucional inadmite el recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo en la causa de los maestros. La fiscalía se opone también al recurso interpuesto por Recuerdo y Dignidad contra el cierre y archivo de la causa por los asesinatos de La Riba de Escalote. En el contexto de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la remisión a las cortes Generales del Proyecto de Ley de Memoria Democrática los tribunales continúan excluyendo a las víctimas del franquismo del derecho a justicia.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en auto comunicado a Recuerdo y Dignidad el 20 de julio de 2021, rechaza el recurso de amparo interpuesto por la asociación soriana en un sencillo párrafo en el que alega que “ha acordado no admitirlo a trámite”… “dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo”. El alto tribunal cierra así toda posibilidad de recurso en esta causa ante tribunales españoles.
El recurso de amparo en el Constitucional se interpuso contra la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2021 por la cual rechazaba el recurso de
casación ante el Auto de la Audiencia Provincial de Soria que desestimaba el recurso de apelación contra el Auto del Juzgado de Almazán que cerraba la conocida como causa de los maestros. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional no admitiendo a trámite el recurso supone el fin de la vía judicial penal de esta causa en España.
Por su parte, dentro la causa abierta tras la querella interpuesta ante el asesinato de cuatro civiles en la localidad de la Riba de Escalote, la Fiscalía Provincial de Soria se ha opuesto al recurso interpuesto por la Asociación Soriana contra el cierre de la causa penal.
La comunicación de ambas decisiones judiciales se ha producido coincidiendo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la nueva Ley de Memoria Democrática.
Recuerdo y Dignidad, ante la tramitación parlamentaria de la Ley, solicita al Gobierno y los partidos políticos que se modifique el texto para que las víctimas puedan tener un acceso efectivo a la Justicia que el actual proyecto no contempla