CAPITAL
Actualizado 28/07/2021 11:24:28

En el total regional, el Ejecutivo regional incrementa en 67,45 millones la dotación en la adenda del Acuerdo para mejorar la ayuda a domicilio, reforzar las ayudas de emergencia y los programas de conciliación, y ampliar la plantilla de los Centros de Acción Social (CEAS).

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado esta mañana en Palazuelos de Eresma (Segovia) un incremento de más de 97,6 millones de euros en la financiación dirigida a las entidades locales para los próximos tres años, con el objetivo último de apuntalar el modelo de atención a la Dependencia 5.0 en Castilla y León.

La cuantía que llegará a Soria, entre capital y provincia se eleva a 5.549.916,46 euros, repartidos en 1.369.489,64 para el Ayuntamiento de la ciudad y 4.180.426,82 para la Diputación.

El 69 % del total regional –67,45 millones de euros– se canalizará a través de una adenda al Acuerdo Marco de Servicios Sociales que aprobará mañana el Consejo de Gobierno y el 31 % restante –en cifras absolutas, 30,14 millones– por medio de los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La consejera ha realizado este anuncio junto al presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, con quien ha firmado un acuerdo de colaboración para la implementación efectiva de los proyectos programados por la institución provincial con cargo a los recursos Next Generation de la Unión Europea. Este trámite se realizará con el resto de corporaciones locales que participan en el plan.

Isabel Blanco ha detallado en primer lugar el destino de los fondos vinculados al Acuerdo Marco, que es el instrumento de colaboración y coordinación entre la Junta y las corporaciones locales para la financiación de las prestaciones sociales, que garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención y protección de las personas más vulnerables.

Una primera inyección de fondos extra en 2020

Tal y como ha recordado la consejera, el Gobierno de Mañueco autorizó en diciembre de 2019 un paquete de subvenciones por un importe global de 448 millones de euros, dirigidos a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales para financiar los programas y actividades en materia de política social que estas entidades desarrollan dentro del Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales para los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

Posteriormente, en abril del pasado año, esta cuantía fue ampliada en 10,8 millones de euros adicionales para reforzar algunos servicios y prestaciones ante las necesidades sociales derivadas de la crisis sanitaria. Así, este montante se destinó, entre otros fines, a intensificar los servicios de proximidad de carácter domiciliario y la teleasistencia para asegurar los cuidados, el apoyo y la seguridad de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia; a ofrecer cobertura de necesidades básicas de las familias o a garantizar la alimentación de menores afectados por el cierre de centros escolares.

Ahora, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades vuelve a elevar la financiación a las corporaciones locales con 67,4 millones adicionales, mediante otra adenda al Acuerdo Marco, una cantidad que se invertirá fundamentalmente en mejorar la ayuda a domicilio, ampliar los programas de conciliación de la vida familiar y laboral e incrementar las plantillas de los Centros de Acción Social (CEAS) para prestar un servicio más ágil y eficiente a los ciudadanos, en particular, a los más vulnerables.

El grueso de esta cuantía, 39 millones de euros, se emplearán en reforzar el servicio de ayuda a domicilio, tanto por la vía de la incorporación de nuevos usuarios, como por el incremento de la intensidad horaria de atención en los tres grados de dependencia. De este modo se da cumplimiento a los acuerdos alcanzados en el Consejo del Diálogo Social, que inciden en ampliar la cobertura de este servicio a más personas, eliminar esperas y aumentar su intensidad.

Junto a esto, se eleva la partida prevista de ayudas de emergencia para atender necesidades básicas con 475.000 euros más hasta totalizar los 11,2 millones.

Compromiso con la conciliación

En segundo término, el departamento que dirige Isabel Blanco reafirma el compromiso del Gobierno de Mañueco con la conciliación y el fomento de la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos a través del Plan Familias. En este apartado, se incluyen distintas medidas, con un esfuerzo presupuestario de casi 5,4 millones. Así, se eleva la financiación de nuevos centros Crecemos, que oferta un recurso para la atención de niños de 0 a 3 años en el medio rural, siempre que la demanda sea inferior a 15 plazas y la localidad no cuente con ningún recurso privado que preste este tipo de servicio.

El programa implementado por la Junta, con el apoyo económico de las diputaciones provinciales y logístico de los ayuntamientos (que facilitan los centros) crece en los tiempos de atención a los menores –que pasarán de cinco a ocho horas en un total de 200 municipios que hasta ahora tenían un horario más limitado–.

Estrena también un nuevo servicio de conciliación para niños de entre 3 y 6 años (cuando el recurso está orientado a menores de 3 años) durante las vacaciones escolares en los centros donde hay vacantes. Además, se rebaja el coste para las familias, al fijarse una cuota máxima de 5 euros al día para unificar servicios. Y finalmente se mejora la calidad del servicio al establecer una figura de apoyo a todos los centros por medio de un profesional de cuya nómina se hará cargo la Junta.

Igualmente, la adenda al Acuerdo Marco de Servicios Sociales incorpora financiación para poner en marcha el nuevo programa ‘Canguros’ de atención diurna en pequeños grupos, y orientada a los municipios más pequeños en los que no es factible la creación de un Crecemos.

Otra de las mejoras económicas del acuerdo que se va a aprobar permitirá engrosar las plantillas de los CEAS con 107 nuevos técnicos y mejorar las condiciones laborales de estos profesionales.

En el caso de Segovia, la inyección presupuestaria por medio del Acuerdo Marco de Servicios Sociales, como instrumento de colaboración entre la Junta y las entidades locales, va a suponer casi 5,2 millones de euros adicionales, de los que 3,6 millones estarán gestionados por la Diputación Provincial y 1,6 millones por el Ayuntamiento de la capital.

Fondos europeos

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprovechado su encuentro con el presidente de la Diputación de Segovia para firmar un acuerdo de colaboración para el impulso entre las dos instituciones de la tramitación de proyectos de interés provincial en el ámbito de los Servicios Sociales, con cargo a los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia de la Comisión Europea.

Dentro de este paquete de estímulos europeos para el periodo 2021-2023, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 asignó a Castilla y León 150,74 millones de euros. De esta cuantía, el 15 % debía ser gestionado de forma conjunta con las entidades locales.

Sin embargo, dando cumplimiento al compromiso del presidente Mañueco con el municipalismo y el medio rural, el departamento dirigido por Isabel Blanco decidió dar una mayor participación en los fondos a los ayuntamientos y diputaciones, y elevó ese porcentaje al 20 %. Esto implica que los municipios y las instituciones provinciales de esta Comunidad se repartirán 30,14 millones de euros para impulsar proyectos de modernización e innovación en el campo de los Servicios Sociales.

El listado de proyectos –que abarca tanto los que va a ejecutar en solitario la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, como los que va a desarrollar en colaboración con las entidades locales y con el Tercer Sector– fue remitido por la Gerencia de Servicios Sociales al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para su incorporación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Puede consultarse en el apartado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro del Portal de Servicios Sociales.

En el caso de Segovia, la provincia recibirá más de 2,3 millones de euros, de los que algo más de dos serán gestionados por la Diputación Provincial y 223.512 euros por el ayuntamiento de la capital. Estos recursos se emplearán esencialmente en introducir mejoras de accesibilidad en residencias y otros recursos públicos destinados a la atención de las personas con más necesidades.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente ha asegurado que “estos fondos son vitales para continuar en nuestro empeño de que los recursos deben ir donde están las personas, en este caso a nuestras residencias, para seguir profundizando en nuestro modelo de atención centrado en la persona con mejoras arquitectónicas y medioambientales que ayuden a los residentes, pero también a los profesionales, a avanzar en este paradigma de atención”.

Para De Vicente, “esta firma es una muestra más del compromiso de ambas instituciones con los más vulnerables, una manera de hacer las cosas que nos posiciona siempre en los primeros puestos en cuanto a la gestión y desarrollo de las políticas en materia de servicios sociales”. En este sentido, el presidente de la Diputación de Segovia ha explicado que “esta circunstancia nos alinea y se concreta a nivel nacional y global en la propia Agenda 2030, lo que indica que hoy volvemos a renovar el objetivo de seguir estando a la vanguardia del Compromiso Social, tanto en la provincia de Segovia como en Castilla y León”.

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