El consejero de Medio Ambiente pone de manifiesto que son 11 los territorios autonómicos contrarios a esta norma cinegética. "Es una puñalada a los intereses de la Comunidad", lamenta Suárez Quiñones.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha valorado la entrada en vigor de la entrada en vigor de la norma que incluye al lobo dentro del llamado Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), diciendo que la norma es "muy perjudicial para Castilla y León" y ha calificado también esta medida, amparada por el Gobierno como una "puñalada" a los intereses de los ganaderos de la región.
Suárez-Quiñones ha confesado estar "muy preocupado" por este asunto habida cuenta que son once las administraciones autonómicas contrarias a esta normativa, que trata de "salvar la cara a determinados ámbitos ecologistas", a la vez que han sido vulnerados los intereses generales. "Estamos hablando que se pone en riesgo la ganadería extensiva. Es ir contra lo que tiene que ir", ha mencionado que también ello conllevará un aumento de la despoblación.
Aquí, el consejero ha nombrado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, recalcando que están en "riesgo nuestros pueblos y nuestros ganaderos". Se ha preguntado el cometido ministerial en su lucha por el mundo rural y ahora "se hace el caldo gordo" a colectivos ecologistas, obligando al sector ganadero a equilibrar la existencia de este cánido y la actividad productiva. El consejero ha enumerado también que Castilla y León tiene la mayor población de lobos de España y el país es uno de los mayores en este apartado de toda Europa y está en un estado de conservación favorable.
Por último, ha avanzado que la Junta presentará en los próximos días medidas judiciales ante la Audiencia Nacional "para impedir que este ataque a nuestro modo de vida sea una realidad". El recurso, consensuado con los representantes de las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Galicia, solicitará además medidas cautelares que paralicen la aplicación de la Orden por los daños que causará en el territorio castellano-leonés. En la tarde de hoy, el consejero tiene previsto mantener un encuentro telemático con sus homólogos de las comunidades autónomas señaladas y con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de ámbito nacional.