La Consejería de empleo e industria ha destinado más de 100 millones de euros en ayudas directas para paliar las consecuencias de la pandemia apoyando a más de 53.000 trabajadores, desempleados y empresas
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha comparecido hoy, a petición propia, en la Comisión de Empleo e Industria de las Cortes de Castilla y León para hacer balance de las actuaciones llevadas a cabo por su departamento desde el inicio de la legislatura.
Amigo ha destacado que, a pesar del gran impacto de la pandemia en la economía y el mercado laboral, la Comunidad está experimentando en los últimos meses una evolución muy positiva en el empleo, con un incremento superior a los 41.000 afiliados a la seguridad social desde comienzos de año, lo que ha permitido que el número de afiliados a la seguridad social se haya situado el último mes en 936.902, el mejor dato de los últimos 10 años en un mes de agosto. Igualmente, se espera que el desempleo se sitúe en niveles prepandemia al finalizar el mes de septiembre.
Durante su comparecencia, Amigo ha recordado que más de 30.000 castellanos y leoneses perdieron su empleo entre marzo de 2020 y enero de 2021 como consecuencia de la pandemia, pero el ritmo de recuperación, superior a la media nacional, ha permitido que cerca de 25.000 desempleados hayan abandonado las listas del paro desde el mes febrero. A esta recuperación, ha señalado la consejera, han contribuido las medidas llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León, tanto a través de las políticas activas de empleo como a través de las medidas extraordinarias que se han puesto en marcha para paliar las consecuencias de la pandemia y apoyar la recuperación de los sectores más perjudicados.
Para contener el impacto laboral y económico de la pandemia entre trabajadores, autónomos y pequeñas empresas de Castilla y León, la Consejería de Empleo e Industria ha destinado más de 100 millones de euros en ayudas directas a estos colectivos. Estas ayudas se han articulado a través de tres grandes programas: el Plan de Medidas para la Protección a los Trabajadores y Trabajadoras, a las Empresas y a las Familias con motivo de la Crisis de la COVID-19, que ha distribuido ayudas por valor de 18.778.698 euros entre 26.598 desempleados, trabajadores, empresas y autónomos; el Plan de Choque para el Empleo, con ayudas por valor de 61.480.245 euros y 18.697 beneficiarios; y finalmente, el programa de ayudas COVID-19 para autónomos y trabajadores por cuenta propia que está ejecutándose en estos momentos con un total 8.438 solicitudes y un presupuesto estimado de 21 millones de euros.
Las ayudas canalizadas a través de estos programas han ido destinadas, entre otras cosas, a apoyar el mantenimiento del empleo en las pymes de Castilla y León mediante la financiación de cuotas a la seguridad, a subvencionar la adquisición de equipos de protección colectiva o individual frente a la COVID-19, a incentivar la contratación de trabajadores despedidos durante la pandemia, a apoyar la reincorporación de los autónomos después del cese de actividad a raíz de las restricciones, a fomentar el consumo en el comercio de proximidad y apoyar la creación de plataformas de venta online. Así mismo, la Consejería de Empleo e Industria ha habilitado ayudas económicas para los desempleados sin ningún tipo de prestación y para complementar las rentas de más de 15.000 trabajadores en ERTE.
Las medidas de apoyo a la recuperación y a los trabajadores afectados por la crisis siguen siendo una prioridad para la Consejería de Empleo e Industria, que está poniendo en marcha nuevos programas para apoyar a empresas y sectores afectados por crisis empresariales. Entre estos programas cabe destacar el Retos, cuyo objetivo es facilitar la reincorporación al mercado laboral de aquellos trabajadores que han perdido su empleo a raíz de un ERE o que proceden de empresas que hayan estado más de 180 días en ERTE.
Además de las ayudas extraordinarias, la Consejería de Empleo e Industria ha reorientado durante el pasado año 2020 sus políticas activas de empleo con el fin de reforzar los programas de fomento del empleo. Estos programas han permitido la creación de 8.747 empleos durante el pasado, a los que hay que sumar las 630 iniciativas de autoempleo que se han financiado a través del l Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
Entre estos programas cabe destacar el Plan de Empleo Local y Rural, que permiten luchar contra el desempleo mediante la contratación directa de desempleados para la prestación de servicios y la realización de obras de interés general, a través de las entidades locales. A lo largo de 2020 se han invertido más de 78 millones de euros para contratar a más de 7.500 desempleados por parte de ayuntamientos y diputaciones. Del mismo modo, el Plan de Empleo Local de este año, convocado en su totalidad, cuenta con un presupuesto de 97 millones de euros con el fin de promover la creación de cerca de 10.000 puestos de trabajo en el conjunto de la Comunidad.
Los planes locales de empleo constituyen además un compromiso con el municipalismo y con la cohesión territorial y social. Cumplen una importante labor social, porque se dirigen a colectivos con mayores dificultades de empleabilidad: jóvenes, desempleados sin prestaciones y con cargas familiares, parados de larga duración o personas con discapacidad. Son planes productivos y dinamizadores de la economía local, puesto que permiten el aprovechamiento de recursos autóctonos. El grueso de las iniciativas se desarrolla en el medio rural, contribuyendo a generar actividad económica y a luchar contra la despoblación. Por último, permiten apoyar a las entidades locales en la mejora de obras y servicios paliando las dificultades a las que se enfrenten los pequeños ayuntamientos de la Comunidad a la hora de atender sus necesidades.
Otro de las grandes líneas de actuación de la Consejería de Empleo e Industria se centra en la formación para el empleo. En este sentido, ha señalado la consejera, la formación tiene que ser uno de los grandes pilares de la recuperación y de la transformación verde y digital que está afrontando el tejido productivo de Castilla y León, conectando la oferta formativa con las necesidades reales de las empresas.
Con este objetivo los programas de formación cuentan este año con una inversión de 126 millones de euros a través del Plan de Empleo de Castilla y León, estando ya convocados la práctica totalidad de los programas. Paralelamente, se está realizando una nueva revisión del catálogo de especialidades formativas para dar respuesta a las necesidades de cualificación profesional que requieren las empresas de la Comunidad. La recualificación y el reciclaje profesional son objetivos claves dentro de estos programas que pretenden mejorar las oportunidades de empleo de las personas desocupadas, favorecer la carrera profesional de las personas trabajadores y mejorar la competitividad y productivas de las empresas.
Dentro de esa oferta formativa se han incrementado de forma sustancial las acciones formativas vinculadas a las nuevas competencias digitales y se ha puesto en marcha el programa 'Reto Castilla y León Cibersegura'. Esta ambiciosa iniciativa, dotada con 20 millones de euros, tiene el doble objetivo de impulsar la transformación digital segura y aprovechar las oportunidades de empleo vinculadas a la ciberseguridad y a la digitalización.
Este programa incluye un conjunto de medidas dirigidas a favorecer la inversión en digitalización y ciberseguridad en la industria y el comercio; a impulsar el emprendimiento en estas áreas y a formar a trabajadores, desempleados y empresas en nuevas competencias digitales y en ciberseguridad. El objetivo es llegar a 20.000 alumnos, estando ya convocadas 790 acciones formativas, 675 en competencias digitales y 115 en ciberseguridad.
Durante su comparecencia, la consejera ha subrayado el esfuerzo realizado durante la pandemia para adaptar los servicios a la situación sanitaria, articulando un procedimiento ágil y eficaz para la resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) desde de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, que resolvió más de 30.000 ERTES con más de 198.000 trabajadores afectados solo en el periodo comprendido entre marzo y octubre de 2020.
Igualmente, desde la Dirección General de Comercio y Consumo se establecieron nuevos servicios para garantizar el abastecimiento en condiciones de seguridad. Entre otras cosas, se creó un directorio de comercios con reparto a domicilio con geolocalización y se intensificaron las inspecciones y las campañas informativas para garantizar la protección frente al virus.
En la misma línea, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha llevado a cabo una profunda transformación digital que ha permitido prestar atención telemática a trabajadores y empresas. El Ecyl ha generalizado sus servicios a través de la oficina virtual, ha puesto en marcha la teleformación, ha impulsado una nueva app que cuenta con más de 170.000 usuarios y que ha sido utilizada para realizar más de medio millón de consultas y ha puesto en marcha un nuevo servicio de ofertas de empleo de forma geolocalizada sobre el mapa.
Así mismo, y con el fin de mejorar la conexión entre las empresas y los demandantes de empleo, se ha puesto en marcha un nuevo servicio de prospección laboral que cuenta con un centenar de prospectores laborales que ya han realizado durante los primeros seis meses de este año cerca de 50.000 visitas personalizadas a las empresas de Castilla y León. Este contacto directo permite conocer la realidad y las necesidades de las empresas en materia laboral y al mismo tiempo informar de los servicios e incentivos con la cuenta la Consejería de Emplea para mejorar la formación y apoyar la creación y el mantenimiento del empleo.
En materia industrial, ha culminado el desarrollo del I Plan Director de Promoción Industria 2017-2020, que ha permitido realizar inversiones por valor de 948 millones de euros (947.758.413) durante sus cuatro años de vigencia, un 13 % más de la inversión prevista. Esta estrategia industrial, que implica a distintas consejerías, ha permitido que el peso de industria manufacturera de Castilla se haya incrementado en más de dos puntos, situándose en el 18,4 %, 2,3 puntos por encima de la media nacional (16,1% en España). Por su parte el gasto público en I+D+i presupuestado en el ejercicio 2020 ascendió a 236 millones de euros, lo que representa un 2,83 % del gasto no financiero de las consejerías.
Igualmente, durante estos dos años, se ha avanzado en otras actuaciones sectoriales destinadas a promover el desarrollo industrial y la cohesión territorial. En este sentido, se ha declarado Proyecto Industrial Prioritario el proyecto industrial de Latem Aluminium, para sus plantas de Villabrázaro, en Zamora, y Villadangos del Páramo, en León, que contempla una inversión total de 238 millones de euros y la creación de 576 puestos de trabajo directos y más de un millar indirectos. Recientemente se ha aprobado, también, el nuevo Proyecto Industrial Prioritario de Renault España, S.A. en Castilla y León, que tiene como eje principal la fabricación de nuevos productos que harán de Renault España el polo industrial de fabricación de vehículos con tecnología híbrida, de modo que se garantiza el mantenimiento del empleo y la formalización de nuevos contratos.
En cuanto a los planes territoriales de fomento, además de dar continuidad a los de Béjar, Benavente, Municipios Mineros y Miranda de Ebro, se ha puesto en marcha el Programa Territorial de Fomento de Ávila, con un conjunto de medidas por importe de 34,5 millones de euros destinadas a favorecer la reactivación industrial de Ávila y su entorno. Mientras, a lo largo del mes de octubre, se aprobará el PTF de Medina del Campo y comarca, en cuyo diseño se ha estado trabajando en los últimos meses; al mismo tiempo, se programan ya los grupos de trabajo para comenzar a diseñar el PTF de Segovia Este.
Por último, en los últimos meses se ha estado elaborando el II Plan de Promoción Industrial que será aprobado antes de que finalice el año. El exhaustivo análisis realizado, con una amplia participación social, ha permitido identificar nuevas necesidades y desafíos para adaptar la política industrial de la Comunidad a la nueva situación post COVID con el objetivo de posicionar a Castilla y León como una de las principales regiones industrializadas de la Unión Europa, por medio de la puesta en valor de sus recursos endógenos y del medio rural, la innovación y la internacionalización.
En materia de comercio y consumo, además de las medidas para la reactivación del consumo y para impulsar la digitalización y modernización del sector comercial, se está elaborando una nueva Estrategia de Renacimiento del Comercio y Artesanía que verá la luz a finales de este año 2021 y que será la hoja de ruta para las políticas comerciales de los próximos años, abordando cuestiones como la ordenación del sector, la colaboración institucional, las sinergias con otros sectores, la reactivación de la demanda o el apoyo a los entornos comerciales en el medio rural, en los cascos urbanos o en los mercados de abastos.
Amigo ha destacado también el trabajo llevado a cabo para el impulso de la artesanía en Castilla y León con la aprobación, el pasado mes de junio, de un nuevo decreto para la ordenación y fomento de la Artesanía de la Comunidad. Una regulación pionera, que apuesta por la profesionalización y la dimensión empresarial del sector dando cabido a las nuevas de creación y a la aparición de nuevos materiales y actividades. Mediante este decreto se crea además un Distintivo de la Artesanía de Castilla y León que servirá como marca para identificar y distinguir el producto artesano de la Comunidad y se establecen nuevas ayudas económicas para la modernización y digitalización, que van a permitir dar un impulso a la comercialización y la apertura de nuevos mercados. Muchas de estas nuevas ayudas económicas ya se han convocado a lo largo de este año 2021.
La consejera de Empleo e Industria ha anunciado la puesta en marcha de una nueva estrategia de apoyo al emprendimiento y a los autónomos. Un conjunto de medidas coordinadas que pretenden fomentar el emprendimiento, especialmente en el medio rural y entre los jóvenes de Castilla y León, potenciar las actividades vinculadas a nuevos sectores productivos, apoyar la innovación y favorecer el crecimiento y la creación de empleo en los pequeños negocias de la Comunidad. Esta estrategia servirá para reforzar algunas de las medidas que ya se han puesto en marcha, tales como la extensión de la tarifa plana, los incentivos al emprendimiento, o el apoyo a aquellos autónomos que trasladen su actividad a Castilla y León.
Desde la Dirección General de Autónomos y Economía Social cabe destacar el apoyo al empleo de las personas con discapacidad en un claro compromiso con una sociedad más justa e inclusiva. Durante este ejercicio 2021, se destinarán más de 29 millones de euros a la integración laboral de personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias, con ello, como se hizo el pasado año, se hará frente a los costes salariales de unas 6.600 personas trabajadoras con discapacidad en toda la Comunidad.
Todas estas actuaciones se han diseñado y ejecutado con el acuerdo y el consenso de las organizaciones que representan a cada uno de los sectores o entidades. Las ayudas y programas se han planificado con las asociaciones de comerciantes, con los representantes del sector de la hostelería, con las organizaciones de autónomos, con los Centros Especiales de Empleo, con las entidades locales y con los organizaciones sindicales y empresariales que conforman el Diálogo social.
La actividad del Diálogo Social ha sido especialmente intensa a lo largo de la legislatura, con más de 75 reuniones de trabajo que han permitido alcanzar un total de siete acuerdos para ejecutar un presupuesto de más de 589 millones de euros para mejorar la vida de trabajadores y empresas. A estos 7 acuerdos, hay que añadir el alcanzado con la patronal de hostelería HOSTURCYL, el 8 de abril de 2021, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de las empresas del sector, así como recuperar el empleo. Estos 8 acuerdos suponen que en los últimos dos años se han conseguido más acuerdos y con más presupuesto dentro del Dialogo Social que en toda la legislatura pasada.
Junto al diálogo y la participación social, la transparencia y la evaluación de las políticas públicas han estado presentes en la gestión llevada a cabo por la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León dando cumplimiento al Pacto de Gobierno.
En ese sentido, la Consejería de Empleo e Industria ha participado en las distintas medidas de transparencia llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León, tales como la publicación de todos y cada uno de los beneficiarios de las ayudas concedidas, la publicación de informes, la creación de nuevas herramientas para el mejor conocimiento de la realidad laboral de la Comunidad como el portal de empleo.
Así mismo, la Consejería de Empleo e Industria ha sido la primera que se ha sometido voluntariamente a la evaluación de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) una entidad administrativa independiente, que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad a medio y largo plazo.