El Servicio Público de Empleo Estatal cesará a otros 1.000 interinos contratados por el covid de aquí a finales de año.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en el sector privado, junto a UGT y CCOO, exigen una reunión urgente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para evitar el colapso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En una carta conjunta, los representantes de los trabajadores advierten de que hacen falta soluciones inmediatas para evitar un “escenario manifiestamente incómodo” para los usuarios del SEPE. En esta reunión, la Ministra debería ofrecer a la plantilla soluciones inmediatas a la carencia de efectivos, e implementar recursos tecnológicos que les permita una mayor agilidad para gestionar la actual carga de trabajo además del incremento que se va a producir con motivo de la ampliación de los ERTE.
A las altísimas cargas de trabajo que ha generado la crisis sanitaria -que cuadruplican las existentes a 30 de junio de 2019- se añaden la descapitalización de efectivos en estos últimos años y el alarmante número de jubilaciones que se están produciendo entre la plantilla ante la incertidumbre de la reforma de las pensiones y la alta edad media de la misma.
Estas tres cuestiones, unidas a la obsolescencia de las aplicaciones y sistemas informáticos del SEPE que se han puesto en evidencia a lo largo de este último año y medio, influyen negativamente en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
La pérdida de más de 3.400 efectivos estructurales en los últimos diez años, sumado al cese inapelable de los 1.500 funcionarios interinos incorporados por la pandemia (500 ya han sido cesados en junio, a final de este mes de septiembre saldrán otros 500, y a finales de diciembre se despedirá a los 500 restantes), incrementa aún más si cabe la presión a la que está sometida el conjunto de la plantilla desde hace ya demasiado tiempo.
Los sindicatos advierten, además, de que las cargas de trabajo van a continuar en unos ratios muy elevados. Todo ello, según alertan, hace vislumbrar un panorama desolador para la plantilla del SEPE, que ha estado en la primera línea de esta emergencia social desde el primer minuto, sin dar ni un solo paso atrás.
A lo largo de 2020, y según datos de la propia Dirección General del Organismo, el SEPE ha prestado atención a más de 8,5 millones de personas desempleadas, gestionando para ello 36.000 millones de euros, con una plantilla que no superaba los 8.000 trabajadores/as.
Los efectos de la crisis en el mercado de trabajo han sido innegables y la contratación fija/indefinida sigue mostrando una debilidad manifiesta frente a la contratación temporal. Esta circunstancia obliga a una altísima rotación del mercado laboral, con el paso de cientos de miles de trabajadores por las oficinas del SEPE para la reanudación de prestaciones, altas iniciales o subsidios por haber cotizado menos de un año. A estas gestiones se suman las solicitudes de subsidios por cargas familiares por haber terminado la prestación contributiva y no obtener un empleo.
Al incrementarse las solicitudes de todo tipo de protección por desempleo, también se intensifica la demora en la obtención de cita la previa, en el reconocimiento y abono de las prestaciones -con el consiguiente malestar de los usuarios- junto a la presión añadida que supone atender a las personas desempleadas en un intervalo de tiempo cada día menor.
Por último, no se puede obviar la gestión de la multitud de incidencias que todavía se presentan en las prestaciones por ERTE, además de las que han de solventarse por el abono de prestaciones indebidas, generando unos procedimientos complejos de gestión y que incrementan de forma alarmante la resolución de los expedientes.
Estimada Ministra:
El objeto de este escrito es poner en su conocimiento diversas cuestiones relacionadas con la situación del Servicio Público de Empleo Estatal que, en nuestra opinión y como máxima responsable del mismo, debería considerar con el fin de evitar un mayor deterioro del que ya se ha producido consecuencia de la Pandemia.
A las altísimas cargas de trabajo que ha generado la crisis sanitaria -que cuadruplican las existentes a 30 de junio de 2019- debemos añadir la descapitalización de efectivos que se ha venido produciendo en estos últimos años –consecuencia ineludible de una negligente política de recursos humanos de los sucesivos gobiernos- además del alarmante número de jubilaciones que permanentemente se están produciendo entre la plantilla ante la incertidumbre que crea la reforma de las pensiones y la edad media de la misma. Estas tres importantes cuestiones, unidas a la obsolescencia de unas aplicaciones y sistemas informáticos que se han puesto en evidencia a lo largo de este último año y medio, abundan negativamente en la ya maltrecha calidad del servicio que estamos ofreciendo a nuestros usuarios.
El haber perdido más de 3.400 efectivos estructurales en los últimos diez años sumado al cese inapelable de los 1.500 funcionarios interinos incorporados a consecuencia del COVID, incrementa si cabe la presión a la que está sometida el conjunto de la plantilla desde hace ya demasiado tiempo. En este punto, conviene recordar que a lo largo del ejercicio 2020, y siempre según datos de la propia Dirección General del Organismo, prestamos atención a más de ocho millones y medio de personas desempleadas, gestionando para ello la nada despreciable cantidad de treinta y seis mil millones de euros, con una plantilla que no superaba los ocho mil trabajadores, y donde la inmensa mayoría de cuantos la componen (más de un 70%) realizan funciones de superior categoría, dado que los grupos de adscripción de los gestores de prestaciones se encuentran en escalones inferiores al puesto que detenta la competencia del reconocimiento de derechos económicos (Técnico), lo que pone de relieve la implicación, profesionalidad, dedicación y esfuerzo de cuantos desempeñan ese cometido.
Los efectos de dicha crisis en el mercado de trabajo han sido innegables. A pesar de la batería de medidas puestas en marcha para la sostenibilidad de las empresas, la contratación fija/indefinida sigue mostrando una debilidad manifiesta frente a la contratación temporal. Esta importante circunstancia obliga a una altísima rotación del mercado laboral, con el consiguiente paso de cientos de miles de trabajadores por las oficinas del SEPE para la reanudación de prestaciones, altas iniciales o subsidios por haber cotizado menos de un año, además de las solicitudes de subsidios por cargas familiares al haber terminado la prestación contributiva y no obtener un empleo.
Al incrementarse las solicitudes de todo tipo de protección por desempleo, también se intensifica la demora en la obtención de cita previa así como en el reconocimiento y abono de las prestaciones -con el consiguiente malestar que se produce entre nuestros usuarios- además de la presión añadida que supone el atender a las personas desempleadas en un intervalo de tiempo cada día menor. En este sentido, no podemos obviar la gestión de la multitud de incidencias que todavía se presentan en las prestaciones por ERTE, además de las que han de solventarse consecuencia del abono de prestaciones indebidas por el reconocimiento de dicha protección, generando todo ello unos complejos procedimientos de gestión que incrementan de forma alarmante la resolución de los expedientes.
Convendrá con nosotros en que con estos mimbres y tras un periodo de dieciocho meses tremendamente agotador, con unas cargas de trabajo nunca vistas anteriormente y gestionadas por una plantilla verdaderamente exigua con unos recursos materiales propios del siglo anterior, podríamos haber impulsado movilizaciones -e incluso una huelga general- para provocar la resolución de la problemática que hemos venido denunciando a lo largo de todo este tiempo, pero el sentido de responsabilidad y solidaridad con el conjunto de nuestros usuarios ha sido lo que ha impedido que ello sucediese.
Pero tras todos estos meses y observando el escaso apoyo que seguimos recibiendo por parte del Ministerio del que Usted es responsable, y previendo un horizonte a corto y medio plazo escasamente alentador para el empleo con unas consecuencias evidentes para este Servicio Público, entendemos que la responsabilidad y la solidaridad ya debe mostrarse de una manera fehaciente también por su parte. Es un hecho que todo el apoyo recibido en este Organismo ha sido la incorporación de 1.500 efectivos que, provenientes de bolsas de desempleo de actividades económicas radicalmente distintas a la gestión de las prestaciones por desempleo, cesarán escalonadamente a 30 de diciembre de este año, y no ha habido absolutamente nada más.
A este respecto, y aunque agradecemos las explicaciones ofrecidas por la Subsecretaria de su Departamento, de nada nos sirve el argumento sobre que se ha hecho todo lo que se ha podido ante el Ministerio de Hacienda para que el colectivo de los funcionarios interinos COVID se mantuviese por más tiempo prestando su apoyo. Que las cargas de trabajo van a continuar en unos ratios muy elevados, y que de hoy a final de año vamos a perder 1.000 efectivos -además de las bajas que se produzcan por jubilaciones e incapacidades de todo tipo- vislumbran un panorama desolador para la plantilla del SEPE y, evidentemente, cada día que transcurre en esta situación ahonda en el hartazgo y el cansancio de una plantilla que ha estado en la primera línea de esta verdadera emergencia social desde el primer minuto, sin dar ni un solo paso atrás.
La reciente reunión de la Mesa Delegada del SEPE, celebrada el pasado día 22 y en la que participó el propio Director General del Organismo, reveló a la representación de la plantilla un escenario decepcionante y tremendamente arriesgado respecto a la situación del Organismo. Convenimos, como no puede ser de otro modo, con el esfuerzo y el empeño con los que se acometen las distintas actuaciones tendentes a la modernización tecnológica. Pero en lo relativo al personal, no prospera ni se materializa una sola medida o solución por muy urgente que la misma pueda parecer. Y este último extremo no sólo nos preocupa sobremanera, profundiza en un desaliento manifiestamente perceptible en el conjunto de la plantilla, además de evidenciar el desamparo en el que ésta se encuentra ante quienes deben velar porque el servicio público se preste a la ciudadanía con unos mínimos exigibles.
Por todo lo anterior, entenderá que persistir en la senda de continuar sin apoyar un Organismo verdaderamente esencial para la ciudadanía, y cuyos efectos los sufren no solo sus usuarios, sino también quienes tienen que dar solución inmediata a la problemática que genera la pérdida de empleo, es un ejercicio estéril que ya no estamos en disposición de seguir avalando.
Reiteramos que por responsabilidad y en aras a evitar un inminente escenario manifiestamente incómodo para nuestros usuarios, le solicitamos una reunión urgente, a Usted personalmente, en la que se ofrezca por esa parte a la plantilla del Organismo soluciones inmediatas a la manifiesta carencia de efectivos y la implementación de recursos tecnológicos que nos permitan una mayor agilidad para gestionar dichas cargas de trabajo.
A la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.