Durante el encuentro se ha hecho destacado la necesidad de abordar, desde un enfoque de derechos humanos, la situación de la sanidad y las residencias de mayores en la región.
Hoy, jueves 30 de septiembre, Cristina Egido, presidenta de Amnistía Internacional Castilla y León, y Maribel Vidal, tesorera de Amnistía Internacional León, se han reunido con el Procurador del Común. El encuentro, impulsado por el grupo de activistas de Amnistía Internacional León, tenía como objetivos presentar el Informe 2020/2021 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo, así como trasladar las principales preocupaciones que tiene la organización en cuanto a la situación de los derechos humanos en Castilla y León.
En este sentido, se ha incidido en dos de las áreas más afectadas en este momento en la región: las residencias de mayores y la atención primaria, cuya situación suponen una grave falta para los derechos humanos de la población de nuestra comunidad autónoma.
Las representantes de Amnistía Internacional han entregado al Procurador del Común un documento en el que se recogen las recomendaciones que Amnistía Internacional Castilla y León hace a la Junta
en relación a los derechos humanos sobre asuntos como:
? El cambio climático.
? La necesidad de nuevas leyes, como la de la vivienda o la ley de transparencia.
? El enfoque de derechos humanos en la ley de garantías de atención a las personas con
discapacidad.
? La necesidad de garantizar los derechos de las personas en residencias de mayores
? El derecho a una atención sanitaria de calidad.
Las representantes de Amnistía Internacional Castilla y León han recordado al Procurador del Común la necesidad de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y veraz sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia (especialmente durante la primera ola), algo que la organización lleva pidiendo desde el inicio de la crisis sanitaria. Como ha resaltado Cristina Egido, es fundamental aclarar por qué “muchas de las personas residentes vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios. La población más vulnerable, al no ser hospitalizada, fue relegada al cuidado del personal de las residencias, obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave, pese a no tener ni la responsabilidad ni los medios ni conocimientos para atender sus necesidades médicas”.
A lo que se suma la precariedad de los profesionales, ya que en las residencias de Castilla y León faltaron medios de protección individual, “al inicio de la pandemia el 74% de las residencias no contaba con reservas suficientes. Hubo centros que no pudieron cumplir la obligación de disponer de medios de protección por las dificultades de adquisición en los primeros meses de la crisis”, concreta y denuncia la presidenta de Amnistía Internacional Castilla y León.
En la reunión, también se ha puesto de manifiesto la situación crítica en la que se encuentra la atención primaria, lo que supone una merma del derecho a la salud de la población castellanoleonesa. Al inicio de la pandemia se cerraron centros de salud y consultorios locales. El modelo de asistencia sanitaria presencial se transformó en un modelo de atención telefónica con la finalidad de prevenir contagios en los centros de salud.
Sin embargo, esta transición se produjo de manera brusca y sin los necesarios adelantos tecnológicos, en un contexto de gran presión asistencial y sin medidas de refuerzo suficientes, tanto en términos de recursos materiales como humanos, que garantizaran el acceso a la atención primaria de las personas. Si bien ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud, el país afrontó la crisis con un sistema de salud muy debilitado por las medidas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años.
En concreto, en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, todos los indicadores muestran que entre 2009 y 2018 se produjo un significativo descenso en la inversión sanitaria pública (descendiendo un 5,72% entre estos años) y que esta reducción tuvo un impacto particularmente intenso en la atención primaria.
Esta situación ha evidenciado que, entre otras medidas, hay que incrementar de manera progresiva la inversión asignada a la atención primaria en los presupuestos anuales, siendo la inversión tanto en recursos humanos como en infraestructuras y equipamiento; y adoptar medidas legislativas que aseguren un cupo máximo de pacientes por profesional y que garanticen una atención sanitaria adecuada.
Desde Amnistía Internacional Castilla y León hemos recordado al Procurador del común que la pandemia no puede servir de excusa para empeorar situaciones que ya existían y que ahora se han agravado, es necesario poner soluciones y garantizar que en Castilla y León se respeten los derechos humanos de sus habitantes.