Las plantillas solo podrán trabajar de forma telemática hasta un día a la semana a partir del 1 de octubre, salvo personas con cáncer o inmunodeprimidos.
Un total de 229.348 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) retomarán mañana el trabajo presencial ante la evolución actual de la pandemia y el trabajo en modalidad telemática se restringirá hasta un día a la semana (un 20% de la jornada), salvo en los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia. El colectivo afectado por esta medida pertenece a los distintos Ministerios; organismos autónomos; entidades públicas empresariales y agencias estatales, entre otros.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que esta resolución del Ministerio de Hacienda y Función Pública no reúne los requisitos necesarios para garantizar la vuelta al trabajo presencial en las mejores condiciones, por lo que no la ha suscrito.
CSIF propone un modelo de 40% en presencia física y 60% en trabajo telemático (3 días /semana) como contempla el acuerdo que se firmó con el Ministerio. La propuesta es conforme con la Ley 2/21 que, en su artículo 7.1e, indica que deben adoptarse medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del teletrabajo. De esta manera, se podría retornar a la presencia física con máximas garantías de seguridad de todos los empleados públicos y permite desarrollar el trabajo telemático que ha sido muy positivo en la Administración General del Estado.
En las últimas semanas, el sindicato está recibiendo consultas de las plantillas sobre las medidas de seguridad frente al Covid: aún hay incertidumbre y desconocen qué medidas se pondrán en marcha en distintas zonas comunes de los centros de trabajo y sobre aforos en los comedores, salas de reuniones, ascensores, entre otros.
Esta resolución -que sustituye a la anterior que permitía hasta 4 días en modalidad no presencial- no se corresponde con la filosofía sobre la digitalización, la reducción de emisiones y el ahorro energético que defiende el Gobierno.
Solo se introduce como excepción, en el que la modalidad telemática puede llegar al cien por cien de la jornada, los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia; por motivos de cuarentena; en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas del covid y en el personal en el Exterior en determinadas circunstancias. En este caso, propuesto por CSIF se permite tener en consideración las características e incidencia de la pandemia en cada país.
La resolución también introduce otros aspectos: las reuniones serán presenciales con carácter general o en modo mixto; se levanta la prohibición a los viajes, aunque se seguirá dando prioridad a la videoconferencia; los cursos priorizarán los medios telemáticos; y las pruebas selectivas continuarán su tramitación también incentivando los medios telemáticos. Al Sindicato le llama la atención de que mientras que la resolución obliga la presencialidad de las plantillas no garantiza este modelo en el diálogo social.
En opinión de CSIF, la Administración debería poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración y el mantenimiento de prestaciones a los ciudadanos en ámbitos como el Empleo, la Hacienda Pública, la Seguridad Social y tantos otros que suponen la columna vertebral de nuestro Estado y elaborar sin dilación la norma que plasme el acuerdo de Teletrabajo en la AGE que será de aplicación en condiciones normales cuando termine la actual crisis sanitaria.
Además, se da la circunstancia de que la vuelta a la presencialidad se va a realizar con unas plantillas mermadas. Por ejemplo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), rescindirá el contrato de otros 500 interinos a finales de este mes y a finales de año habrán salido las 1.500 personas que se contrataron de refuerzo por el Covid.
La falta de personal también tensiona otros servicios de la Administración General del Estado, un ámbito que se encuentra bajo mínimos y que requiere un plan estratégico para garantizar su viabilidad, teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas y los miles de personas que se jubilarán en los próximos cinco años.