La provincia de Soria cuenta con 15 cotos micológicos que regulan, en su conjunto, 192.738,99 hectáreas.
Coincidiendo con el inicio de una situación positiva de producción micológica, la Junta de Castilla y León desarrolla, en coordinación con la Guardia Civil, el operativo de campo sobre el control de recolección y la comercialización ilegal del recurso micológico en la provincia de Soria.
Durante este fin de semana se han formulado seis denuncias, dos en Covaleda (acotado Pinares Urbión, número 50.001), con 104 kilogramos decomisados, y cuatro en Almarza (acotado número 50.002, Montes de Soria), donde se han decomisado 50 kilogramos, en todos los casos en su mayoría de boletus.
El objeto de este tipo de operativos (ya se mantuvieron la pasada semana las primeras reuniones de coordinación), en el que también participan agentes medioambientales de las entidades propietarias (Ayuntamiento de Soria y Mancomunidad de los 150 Pueblos), es controlar a recolectores ilegales y a comercializadores intermedios que no cumplan la normativa vigente, así como evitar malas prácticas recolectoras, que causan daños al monte, para hacer que el aprovechamiento micológico sea sostenible en el tiempo. Precisamente, una de las denuncias formuladas en este pasado fin de semana ha sido por la recogida de boletus sin que estos tengan la talla mínima para su recolección.
Estos dispositivos están mostrando a lo largo de los últimos años su eficacia y, además, evitan que haya pérdida de recursos micológicos en nuestros pueblos, ayudando a que no se perjudique el desarrollo rural. Los agentes medioambientales centran su trabajo fundamentalmente en el control de la recolección de los montes, así como de las malas prácticas utilizadas para aprovechar el recurso micológico. La apertura de expedientes sancionadores por el incumplimiento de la normativa recolectora corresponde al Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Una vez recogidas, y tras su oportuna inspección por expertos que comprueban su idoneidad para la comercialización, las setas se intentan posicionar en el mercado, teniendo en cuenta que es un producto perecedero, a través de las empresas de comercialización legalmente establecidas. Los beneficios generados con la venta del producto decomisado se reintegran a los propietarios de los montes.