El consejero de Fomento y Medio Ambiente interviene en el Consejo de Ministros del ramo, que se celebra en la sede del Consejo de la Unión Europea en Luxemburgo, donde expresa la posición conjunta de las comunidades autónomas de España respecto a la Estrategia Forestal Europea para 2030.
Castilla y León lidera este semestre la representación de las comunidades autónomas ante el Consejo de Ministros de Medio Ambiente celebrado en la sede del Consejo de la Unión Europea en Luxemburgo, donde el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha expresado la posición común de las Comunidades Autónomas españolas respecto a la Estrategia Forestal Europea para 2030.
Sobre la Estrategia Forestal Europea a 2030
En esta convención europea en Luxemburgo, el consejero señala que “la mejora de la gestión forestal es clave para la prevención de incendios, plagas y vendavales y para el diseño de territorios resilientes, especialmente en las áreas mediterráneas, donde los riesgos del cambio climático resultan ya patentes”. Comparten, pues, las Comunidades Autónomas la necesidad de una Estrategia Forestal Europea que impulse la planificación forestal estratégica y la ordenación forestal.
Pero el consejero expresa que, no obstante, las Comunidades Autónomas de España llaman la atención y solicitan que la Estrategia contemple varios aspectos capitales.
En primer lugar manifiesta “cierta preocupación” en relación a que “el diálogo de la Comisión Europea con las administraciones competentes no ha sido todo lo rico que habríamos deseado, especialmente con las regiones”, debiendo incrementarse en el futuro.
En segundo lugar, Suárez-Quiñones señala que “el texto se apoya en algunas premisas que no responden a un consenso científico”, en referencia a que los recursos forestales estén disminuyendo, o que la biodiversidad forestal esté empobreciéndose, o que las absorciones de carbono de los espacios forestales estuvieran comprometidas”, aspectos que deben revisarse científicamente antes de establecerlos como presupuestos de la Estrategia.
En cuarto lugar, el consejero pone de manifiesto que las regiones con menor desarrollo en el ámbito forestal deben contar con recursos adicionales y especialmente en los terrenos de la Red Natura.
Respetar el principio de subsidiaridad
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, en representación de las comunidades autónomas de España, también expresa en Luxemburgo la “necesidad de que la Estrategia Forestal Europea para 2030 respete el principio de subsidiaridad, en particular –según Suárez-Quiñones- en la propuesta legislativa de un marco sobre observación de los bosques, la presentación de informes y la recopilación de datos, que exigirá también la elaboración de planes estratégicos para los bosques”.
Más protección implica tener más recursos
De otro lado, el consejero señala que en la Estrategia no se percibe un equilibrio claro en el reconocimiento y consideración de los tres pilares de la sostenibilidad que inciden en la gestión forestal. “Nos preocupa la pretensión de implantar una protección estricta del diez por ciento de los bosques, sin prever los recursos que dichas restricciones conllevarán”, a la vez que “estamos de acuerdo en la conveniencia de proteger los escasos bosques maduros existentes en Europa, pero demandamos un consenso con Estados y regiones en su definición y caracterización”. La sostenibilidad tiene que ser ambiental, pero también económica y social, especialmente en lo que la gestión forestal puede contribuir a la lucha contra la despoblación.
Contribución al desarrollo de la bioeconomía
La posición común de las comunidades autónomas apuntada por el consejero también considera que los bosques y otros terrenos forestales, como las dehesas, “pueden hacer una contribución relevante al desarrollo de la bioeconomía”, y valora el “impulso del uso de la madera en construcción y la aplicación del principio de uso en cascada de los recursos forestales, así como los recursos no madereros y el ecoturismo”.
En conclusión, en palabras de Suárez-Quiñones, “damos la bienvenida a la propuesta de la Comisión Europea, pero esperamos que su debate ulterior, con el Consejo, el Parlamento y las Regiones, nos permita dotarnos de las herramientas, jurídicas, de gestión, fiscales y presupuestarias, adecuadas para ser un referente en el escenario internacional”.
Sobre el paquete legislativo “Fit for 55” (Objetivo 55)
Sobre este paquete legislativo, las Comunidades Autónomas de España también han elaborado una posición común, en la que apoyan una política europea decidida de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para conseguir sectores económicos más verdes y sostenibles, generadores de empleo encaminado a una transición ecológica y energética, mediante la reorientación de su actividad, la cualificación profesional, la innovación y las nuevas tecnologías.
Apoyan la reforma del Reglamento Europeo sobre el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, pero en todo caso amparando al mayor número de ciudadanos posible con hogares vulnerables en la concesión de ayudas por el Fondo Social para el Clima, debiendo ser ayudas de concesión rápida y eficaz.
Respecto a la reforma del Reglamento de Reparto de Esfuerzos, se solicita a Europa un método de cálculo de reducción de emisiones transparente, realista y racional que permita conocer los niveles actuales y pasados de emisiones de GEI para comparar, cuantificar y medir los esfuerzos, así como poder evaluar los progresos.
En cuanto a la revisión del Reglamento LULUCF (Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura), las Comunidades Autónomas de España consideran que la propuesta no es acorde a la realidad de los ecosistemas mediterráneos ni a la previsible evolución del sector forestal a medio plazo, todo lo cual coloca a las regiones españolas en una situación de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.
Finalmente, sobre la reforma del Reglamento en materia de emisiones de CO2 en turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, las Comunidades Autónomas de España, siempre en el marco de la transición ecológica, exigen la protección de la industria de la automoción dada la actividad económica y capital humano.