Artículo de opinión de Alejandro Ramos.
El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Aunque esto fue positivo, a día de hoy, las víctimas siguen padeciendo de manera intencionada un sentimiento de humillación, en tanto que, los herederos políticos de los etarras, no sienten vergüenza ni arrepentimiento por lo que hicieron los suyos.
Después de 40 años de terror infamante, cerca de 900 víctimas mortales y miles de heridos, que vieron destrozadas sus vidas, España necesita algo mejor. No se puede normalizar el papel creciente en la política española de quienes no han sido capaces de romper con el pasado criminal de esta banda terrorista. Resulta indecente blanquear a ETA y exaltar a Otegui, pactar votos por presos o abandonar a las víctimas del terrorismo.
El único responsable de esta anomalía democrática es el Gobierno, que permite que los homenajes se los lleven los verdugos y no las víctimas, que los beneficios y compensaciones recaigan sobre los presos etarras y que los votos los controle BILDU, la marca actual de Batasuna que formó parte de ETA.
Nadie se cree el NO rotundo del presidente del Gobierno, respecto del ofrecimiento de Otegui de facilitar la libertad a 200 presos, a cambio de aprobar unos presupuestos. Y no se lo cree nadie, porque con esa misma contundencia, Pedro Sánchez negó una coalición con Podemos, el indulto a los condenados por el proceso independentista catalán o el propio apoyo de BILDU en la investidura.
Después de diez años, las víctimas tendrían que formar parte de la memoria democrática de nuestro país. Por un puñado de votos, no se debería vender la dignidad de todas aquellas personas inocentes que fueron asesinadas por defender la democracia y la libertad. Por todas ellas, ni olvido, ni perdón.