Sindicatos minoritarios, coordinadoras y plataformas convocan esta jornada.
La Comisión abierta de huelga estatal por la lucha de los trabajadores en precario de las administraciones públicas ha convocado una huelga general para este jueves que está apoyada y difundida por diversas de plataformas, coordinadoras y sindicatos minoritarios de interinos, para poner el foco en lo que consideran como "abuso de temporalidad".
En un comunicado, dicha comisión razona la convocatoria del siguiente modo:
"A pesar de los obstáculos y palos en las ruedas de jefes de personal y responsables de Recursos Humanos de algunas administraciones, que han amedrentado a sus empleadas temporales con represalias si no asistían a su puesto de trabajo, por el simple hecho de no leer el Boletín Oficial de su Comunidad Autónoma, se ha convocado a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), entidades de derecho público, y Universidades Públicas y a todos los trabajadores públicos, ya sean funcionarios de carrera, interinos, laborales, estatutarios, y de todos los ámbitos laborales (servicios generales, empresas públicas, educación, sanidad, justicia, etc).
¿CÓMO SE HA LLEGADO A ESTA SITUACIÓN?, ¿POR QUÉ UNA HUELGA? Y ¿POR QUÉ AHORA?
Se parte del incumplimiento y dejadez de Gobiernos y Administraciones consentidos y no denunciados por los sindicatos mayoritarios. Del incumplimiento sistemático y normalizado de la legislación nacional en materia de empleo público, y del Derecho Comunitario.
Se han incumplido los plazos para convocar anualmente la totalidad de las plazas vacantes y/o ocupadas en interinidad a oferta pública, y en algunos casos ni siquiera se han convocado. Las Administraciones, con el beneplácito de los sindicatos, dejaron de convocar procesos selectivos durante 10, 15, 20 años y permitieron el abuso del personal con contratos temporales para hacer las mismas funciones que sus compañeros de carrera pero con menos derechos, en plazas estructurales y esenciales, impidiendo la consolidación de su puesto de trabajo a miles de trabajadores.
Por la presión de la Comisión Europea, que ha condicionado el cobro de fondos europeos de reconstrucción a la reducción de la temporalidad, tanto en el sector privado y fundamentalmente en el sector público, el Gobierno pretende modificar, con urgencia, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), tras 20 años de inaplicación de la Directiva 1999/70/CE que regula en Europa el trabajo temporal y que solo se traspuso en el sector privado en España al Estatuto de los Trabajadores.
El Real Decreto Ley 14/2021 en vigor incumple de nuevo la Directiva mencionada cuyo objetivo es prevenir situaciones de abuso de la contratación temporal y sancionar a los empleadores que abusen.
Recoge una serie de medidas para prevenir el abuso de temporalidad A FUTURO, delimitando el tiempo de un contrato temporal a 3 años, pero dejando margen a los responsables públicos para seguir abusando de la contratación temporal y no concretando sanciones para las administraciones que sigan abusando.
¿Y qué medidas propone el Gobierno PARA EL ABUSO PERPETRADO DURANTE MÁS DE 20 AÑOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?
Un texto en el que se pretende justificar cómo se ha llegado a esta situación, sin reconocer que las Administraciones han abusado de sus empleados públicos e incluso han cometido Fraude de Ley por incumplir las normas en vigor en materia de empleo, y dónde en ningún momento se habla de la trasposición de la Directiva Europea al empleo público y ni siquiera se nombran las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que acusan al legislador español de la falta de medidas contra el abuso de temporalidad en el sector público, ES JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE Y EVITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EUROPEA.
Las medidas en vigor, A PASADO para el personal público temporal víctima del abuso de la contratación temporal durante 3,5,10,15,20,30, 39 años, son procesos selectivos para acceder a la Función Pública, olvidando que ya accedimos a la Administración con procesos de selección elegidos por cada administración y que, por ley, tuvieron que cumplir los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
La idea del Gobierno más progresista de la historia de este país, bajo la presión sindical, pretende disminuir la temporalidad abusiva, exterminando al personal temporal en abuso con una media de edad de 52 años y un 70% mujeres. Conocen aquel refrán de “muerto el perro, se acabó la rabia”, pues la orden del Gobierno a las Administraciones de acelerar las convocatorias de procesos selectivos mal llamados “de estabilización”, en los que se ofertan las plazas que llevan más años ocupadas por personal temporal, en vez de convocar sólo plazas vacantes, es exactamente lo que pretende. Medida que indica incluso ensañamiento con este personal, al que la Directiva dice que se debe proteger y resarcir, sabiendo que los van a mandar al paro, negándoles que se les dé una solución más favorable, incluso de estabilidad, mediante el Proyecto de Ley en tramitación y que verá la luz en menos de 2 meses.
¡La ley que sancione el abuso llegará cuando no quede nadie a quien aplicarla!
Si estamos en un Estado de Derecho, solo cabe sancionar a quien abusa de la contratación temporal y además ha corrompido e incumplido las normas. El objetivo de la Directiva que regula en Europa el trabajo temporal, es que se favorezca la Estabilidad del trabajador y se repare el daño a las víctimas de abuso de temporalidad. Parece que a nuestros Gobernantes se les olvida que nuestro Derecho está supeditado y bajo la prevalencia del Derecho Comunitario. Después de 21 años, ya no caben excusas para la aplicación de la Directiva 1999/70 y el cumplimiento de las sentencias y autos del TJUE. En este momento los trabajadores públicos en España nos enfrentamos a una discriminación respecto a los trabajadores privados y a los trabajadores europeos y, a una gran inseguridad jurídica por parte de todas las autoridades públicas, incluidos los órganos jurisdiccionales, por la inaplicación de la normativa y jurisprudencia europeas.
LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOLO DA DOS OPCIONES PARA SANCIONAR EL ABUSO DE TEMPORALIDAD CUMPLIENDO CON LA DIRECTIVA: ESTABILIDAD O INDEMNIZACIÓN DISUASORIA
Nuestros representantes políticos, para cumplir con Europa tienen que elegir entre estabilizar al personal en abuso a coste cero para las arcas públicas o endeudar aún más el país que esta necesitado de recibir los fondos europeos de recuperación, pagando indemnizaciones millonarias, para ser disuasorias, a todo el personal que está en Fraude de Ley difícilmente asumibles por Administraciones territoriales y ayuntamientos ya en quiebra.
La opción legal, que cumple con Europa, y que evitará aumentar el paro de larga duración y el pago de subsidios a personas mayores de 52 años, evitando que los ciudadanos paguen de nuevo el incumplimiento y la mala gestión de las Administraciones y de nuestros gobernantes públicos, es NUESTRA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.
POR ESO UNA HUELGA, Y POR ESO AHORA, nuestro Estado no cumple ni acata las normas comunitarias, ni las sentencias, ni los autos del Tribunal de Justicia europeo. Hemos convocado está huelga, para defender nuestros derechos amparados por las normas europeas, para que este Gobierno, que dice “mirar por los trabajadores” apruebe una Ley en la cual, y en cumplimiento de las sentencias y autos del TJUE, se SANCIONE a las administraciones que han abusado durante décadas de la contratación temporal y que dé estabilidad en el empleo a los trabajadores/as en abuso de temporalidad.
EL GOBIERNO SABE QUE HAY SOLUCIONES LEGALES QUE YA EXISTEN EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA DAR ESTABILIDAD LABORAL A LAS VÍCTIMAS DE TEMPORALIDAD COMO SANCIÓN AL ABUSO, Y QUE LA INSEGURIDAD JURÍDICA QUE ARGUMENTAN, SE EVITA CUMPLIENDO LA NORMATIVA EUROPEA.
NUESTRA FIJEZA ES UN DERECHO NO UN PRIVILEGIO"