El Consejo de Cuentas inicia los trabajos del cuarto informe vinculado al impacto de la pandemia en Castilla y León.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado hoy en su Pleno el inicio de los trabajos de un cuarto informe vinculado al impacto de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 en las administraciones de la Comunidad.
En este caso, han sido aprobadas las directrices técnicas para iniciar el informe sobre el análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la Covid-19 tramitadas por la administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio 2020. Un trabajo que está incluido en el Plan de Fiscalizaciones del órgano de control externo para el año en curso.
Se trata de una de las fiscalizaciones operativas del ámbito autonómico que realiza el Consejo, que permite además impulsar uno de los objetivos centrales del plan estratégico de la institución: acercar las fiscalizaciones incluidas en el Plan a las inquietudes sociales, mejorando la eficacia de las recomendaciones que, en su caso, se efectúen al respecto.
El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por las consejerías de la Administración General de la Comunidad y por los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado de la Administración Institucional que hayan tramitado subvenciones y ayudas vinculadas a la COVID-19.
El ámbito de actuación de esta fiscalización está formado por todas aquellas ayudas y subvenciones convocadas por la Administración General e Institucional de la Comunidad para paliar las consecuencias de la pandemia causada por la COVID-19, partiéndose de la información sobre convocatorias de subvenciones que figura incluida en el apartado de información de coronavirus de la web de la Junta de Castilla y León.
Objetivos
Los objetivos de esta fiscalización son los siguientes:
1. Verificar que la Administración autonómica ha convocado todas las subvenciones y ayudas vinculadas a la COVID-19 previstas en el Plan de Medidas Extraordinarias y en el Plan de Choque de desarrollo del Pacto para la Recuperación Económica. Asimismo, se verificará si se han convocado otras subvenciones y ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la pandemia generada por la COVID-19 que no estén previstas en los citados Planes.
2. Comprobar si las ayudas y subvenciones son de nueva creación para hacer frente exclusivamente a las consecuencias originadas por la pandemia o son adaptaciones en cuanto a las condiciones y cuantías de las convocadas en los ejercicios anteriores con la misma finalidad, así como identificar las principales áreas de actuación, entes convocantes y procedimientos de concesión.
3. Determinar si se ha modificado la planificación estratégica de subvenciones de las consejerías y entidades que integran la Administración General e Institucional a efectos de incorporar las convocatorias que traen su causa en la COVID-19 y si se han definido indicadores del cumplimiento de sus objetivos.
4. Verificar que las consejerías y los entes públicos de la Administración General e Institucional evalúan las ayudas y subvenciones ejecutadas, con el fin de analizar si se han cumplido los objetivos y efectos previstos en las bases reguladoras, convocatorias y en su caso, planes estratégicos.
Las actuaciones fiscalizadoras recaerán sobre las ayudas y subvenciones convocadas a partir de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2021.
Tras la aparición y rápida propagación de la COVID-19, el conjunto de los poderes públicos, tanto nacionales como internacionales, han ido adoptando un conjunto de medidas orientadas a paliar, en la medida de lo posible, el impacto social y económico que la pandemia ha provocado.
En el ámbito de Castilla y León, el Gobierno autonómico, los agentes sociales y económicos y la inmensa mayoría de los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León, también aprobaron una serie de medidas orientadas a la contención del impacto económico, el mantenimiento del empleo, la protección a las personas trabajadoras, desempleadas y a las empresas, la prevención de riesgos laborales y la protección social a las familias y a las personas más vulnerables. Entre estas medidas se encuentran las convocatorias de subvenciones y ayudas para atenuar los efectos que esta situación ha generado.