Virgina Barcones se reunió con los responsables de las dos Unidades de Colaboración de las pruebas selectivas de la Oferta de Empleo Público para preparar una jornada en la que se examinarán 1.870 aspirantes.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, presidió esta mañana la reunión del operativo que se desplegará en Valladolid el sábado, con motivo de los exámenes de oposición a la Administración General del Estado a los que concurren 1.870 aspirantes en la capital vallisoletana, única sede de la convocatoria en Castilla y León, de un total de casi 29.000 que acuden a estas pruebas de la Oferta de Empleo Público.
Barcones, que estuvo acompañada por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, recordó que desde la Comisión Permanente de Selección se decidió la descentralización de los procesos, para recortar los desplazamientos de los opositores, eligiendo 14 sedes de examen en las siguientes provincias: A Coruña, Álava, Asturias, Barcelona, Illes Balears, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Zaragoza y, en la Comunidad de Castilla y León, Valladolid.
De los 14 procesos selectivos convocados ahora, 9 se celebrarán el próximo 6 de noviembre, y los 5 restantes están previstos para principios de año.
La delegada destacó las cifras de la oferta de empleo público en los últimos tres años: en total 80.000 plazas, e hizo hincapié en que el Gobierno ha aprobado en julio de este año, 2021, la mayor oferta de empleo público de la historia de España, con un total de 30.445 plazas para trabajar en la Administración General del Estado, buena parte de ellas con un claro carácter tecnológico: ingenieros, matemáticos, informáticos y científicos; 1.330, en concreto, para aumentar el cuerpo de trabajadores públicos de las TIC, lo que define la apuesta del Gobierno por la administración digital y la modernización de los servicios.
Barcones agradeció su trabajo a todos los componentes de las unidades de apoyo a este proceso, 182 empleados públicos de la AGE, (55 de la Delegación y 127 de otros organismos como la Abogacía del Estado, SEPE, Demarcación de Carreteras, la Confederación Hidrográfica del Duero, Comercio-ICEX, CSIC, FOGASA, Hacienda, Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social, Justicia y MUFACE).
La delegada explicó que la Orden TFP/516/2019, de 30 de abril establece que cuando el elevado número de aspirantes aconseje la realización de las pruebas selectivas en distintas localidades, podrán constituirse Unidades que deberán colaborar temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que se les encomiende para cada prueba selectiva.
En este sentido, en Valladolid se han constituido 2 Unidades de colaboración Local de la Comisión cuyos componentes son empleados públicos de la Delegación, a excepción de los presidentes, cuyas funciones son organizar la búsqueda de sedes de exámenes que cumplan con los requisitos de aforo y medidas COVID- 19 , facilitar la accesibilidad y las adaptaciones para personas con discapacidad, petición de reserva de espacios y aulas, gestión de presupuestos, distribución de los opositores por aulas, elaboración de listados, recepción de material y custodia hasta el día del examen, correcta señalización de aulas y accesos, resolución de incidencias durante el desarrollo del ejercicio, cumplimentación de actas y recogida de material y entrega para su traslado al INAP, certificación de horas y trabajos realizados por el personal colaborador.
La delegada deseó éxito a los aspirantes a estas plazas, que, una vez superen estos procesos, dijo, “entrarán a formar parte de un equipo que trabaja a diario por la ciudadanía, mucho más allá de lo que pueda suponer el trabajo administrativo”.
Virginia Barcones se refirió a la importancia del papel de los funcionarios públicos que ha puesto de relevancia la pandemia. “Estos hombres y mujeres”, señaló, “son quienes nos informan, tramitan nuestras peticiones, nuestras quejas, reclamaciones y sugerencias, quienes van a ayudarnos a solucionar problemas en nuestro día a día”.
De hecho, señaló, en algunos casos, quienes acuden a la convocatoria ya venían haciéndolo, en puestos que ahora van a estabilizar gracias al proceso de reducción de la temporalidad en el empleo público puesto en marcha por el Gobierno de España a lo largo de la legislatura.
En este sentido, recordó que el Consejo de Ministros aprobó en julio de este año un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, tras la celebración de dos Conferencias Sectoriales de Administración Pública, la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y el posterior acuerdo alcanzado con los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF.
Este Plan de Choque del Gobierno, dijo, pretende reducir por debajo del 8% la temporalidad de 47.000 funcionarios en las administraciones públicas de Castilla y León, si bien recalcó que la temporalidad en la Administración General del Estado es menor, del 7%, y la inmensa mayoría de los empleados públicos en esta situación corresponden a las Comunidades Autónomas (la temporalidad es del 36%) y las entidades locales (el 12%).