Isabel Blanco presenta en las Cortes unas cuentas para 2022 con récord de inversión, participativas, centradas en la protección de las familias y los colectivos más vulnerables, y volcadas en la innovación y modernización de los Servicios Sociales.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comparecido esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar las principales partidas, programas e inversiones consignadas por su departamento en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022.
Las cuentas del área social por excelencia de la Junta superan los 1.216 millones de euros. Es la cifra más alta de toda su historia y supone un incremento del 12,5 % –en números absolutos, 135 millones de euros adicionales– con respecto al presupuesto vigente.
Estos recursos se orientarán directamente a las familias y a los colectivos más vulnerables con el doble objetivo de reforzar y mejorar la protección social y acelerar la modernización de los Servicios Sociales para llegar a más personas, mediante una atención personalizada de mayor calidad, garantizando la igualdad en su prestación en todo el territorio autonómico.
Los presupuestos para el próximo ejercicio son de récord también en inversión. Para este fin se consignan más de 141 millones de euros, casi tres veces más que este año, para mejorar las infraestructuras y el equipamiento social, compaginándolo con un incremento del 4,6 % en el capítulo de personal, hasta los 239,7 millones de euros, para garantizar una atención directa, eficiente y de calidad.
Una tercera característica del proyecto presupuestario para 2022 es su carácter participativo, puesto que en él se recoge dotación para todos los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social –en dependencia, conciliación, igualdad y lucha contra la violencia de género– y con el Tercer Sector Social –en áreas relacionadas con la atención y el apoyo a los más vulnerables–.
En cuarto lugar, la consejera ha señalado que las cuentas se vuelcan en la innovación y modernización del sistema de Servicios Sociales, a través de su transformación tecnológica. A ellas se incorporan 89,4 millones de euros de los nuevos fondos europeos, que servirán para consolidar el modelo de atención a la Dependencia 5.0.
La asignación de créditos responde también al principio de integración y se ha realizado con la meta de que el sistema de protección social llegue a todo el territorio, a cualquier rincón del medio rural, fomentando la igualdad de oportunidades. De ahí que se apueste por los proyectos específicos de atención a personas que residen en pequeños núcleos de población y se refuerce casi el 20 %, hasta los 133,3 millones, la financiación del Acuerdo Marco con las entidades locales, una cuantía que está por encima de los 111,9 millones pactados como gasto mínimo al inicio de la legislatura.
La sexta seña de identidad de estos presupuestos es su apuesta por el empleo, con un incremento del 9,4 %, hasta los 14,4 millones, en las partidas dirigidas a favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad, en exclusión, menores, mujeres víctimas de violencia y jóvenes.
Principales proyectos
Tras enumerar las principales características de las cuentas diseñadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para el próximo año, Isabel Blanco se ha detenido en los proyectos más relevantes que va a llevar a cabo su departamento. Ha citado como una de las principales novedades el impulso al Plan Familias, que refuerza el 123 % su dotación hasta los 36,6 millones de euros en las líneas dirigidas a la protección y apoyo a este colectivo. En este montante, que servirá para apuntalar programas y medidas de conciliación, se incluye una partida nueva de 20 millones para ayudas directas a la natalidad y el cuidado de los hijos.
Al sistema de atención a la Dependencia se reservan 775,39 millones de euros para seguir garantizando la plena atención. El despliegue del modelo 5.0 implica continuar modernizando infraestructuras; innovando en los procesos; digitalizando trámites; extendiendo por el territorio el proyecto de Atención en Red y afianzando la ayuda a domicilio y la Teleasistencia Avanzada. Estos retos explican que la financiación de la dependencia engorde con casi 96 millones adicionales frente a la fijada este año (el 14,1 % más) y represente casi el 64 % de todo el presupuesto de la Consejería.
Notables son también las políticas para la atención a los mayores y a las personas con discapacidad. A las primeras se destinan 284,6 millones de euros, el 24,5 % más, para desarrollar los programas incluidos en el Plan Estratégico contra la soledad no deseada y el aislamiento social – al que se van a asignar 25 millones de euros anuales– y reforzar los de envejecimiento activo, además de elevar el 10,2 %, hasta los 87,3 millones, la cuantía dirigida a los conciertos. En el ámbito de la atención a la discapacidad, el presupuesto crece más del 10 % hasta sumar 190 millones de euros para ofrecer más servicios y más plazas.
La protección de los más vulnerables y la lucha contra todas las formas de pobreza ocupa un lugar prioritario en la acción de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que reserva 76,5 millones para este fin. En este apartado, la consejera se ha referido a la Renta Garantizada de Ciudadanía (pendiente de revisión en el Diálogo Social, para la que se consignan 35 millones de euros); a las ayudas de emergencia para combatir la pobreza energética gestionadas por las corporaciones locales (que se refuerzan con una aportación extra de la Junta de cuatro millones en 2022 y cuatro en 2023), complementadas con la ayuda extraordinaria y directa de 130 euros a las familias más vulnerables para afrontar la subida de la luz y el gas; y al incremento del 11,7 %, hasta los 11,2 millones, en la partida consignada específicamente para impulsar la empleabilidad de personas en exclusión social.
La atención a la infancia contará con 75,7 millones (el 24,6 % más) para reforzar la prevención de la desprotección infantil y las acciones de protección a menores, incrementar el apoyo al acogimiento familiar y ampliar la red de recursos, mientras que juventud absorberá 22,2 millones (con un aumento del 11,6 %) para financiar medidas que favorezcan su formación, acceso al empleo y participación.
Finalmente, la apuesta por la igualdad y la lucha contra la violencia de género, que se erige como una de las líneas estratégicas del departamento liderado por Isabel Blanco, dispondrá de 11,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,37 %. 2022 se plantea como el año de consolidación de la Red Social de igualdad y lucha contra la violencia de género como marco de colaboración y actuación entre el sector público y privado para el impulso de este tipo de políticas.
La asignación de los 1.216 millones de euros que nutren el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para 2022 se ha realizado atendiendo a tres ejes prioritarios de acción, coherentes con las directrices marcadas por el presidente Mañueco en su programa de Gobierno: el compromiso con los mayores, las personas con dependencia y con discapacidad; la protección de las familias y los jóvenes, y el fomento de la igualdad de oportunidades y la prevención y lucha contra la violencia de género.
Eje 1: Personas mayores, dependientes y con discapacidad
La atención a la DEPENDENCIA en Castilla y León avanza hacia el modelo 5.0, basado en los cuidados centrados en la persona; la orientación hacia un abordaje preventivo y proactivo, y la integración y digitalización de los servicios.
Uno de los proyectos más destacados en este campo, a la medida del medio rural, es el de Atención en Red, que ofrece cuidados individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, ya sea en centros residenciales o en su propio domicilio, si esa es su elección.
El modelo pivota sobre tres ejes, complementarios entre sí: ‘A gusto en casa’ y ‘Viviendas en Red’ –donde el usuario recibe atención en un hogar, que ha sido previamente adaptado y equipado con las ayudas técnicas necesarias– y el nuevo modelo de atención residencial. El programa está ya en distintas fases de desarrollo en las provincias de Salamanca, Zamora, Burgos y Palencia, y en 2022 se extenderá a toda la Comunidad. La inversión prevista para el próximo año asciende a 12 millones de euros, de los que 3,7 millones se destinarán a la rehabilitación de viviendas.
El tercer pilar de la Atención en Red es el nuevo modelo de atención residencial, regulado en un proyecto de ley innovador, en fase de tramitación, donde los cuidados se abordan desde un enfoque ético y se consagra el derecho a recibir una atención libre de sujeciones.
La Dependencia 5.0 engloba otros servicios emblemáticos como la ayuda a domicilio o la nueva Teleasistencia avanzada, que están siendo objeto de un refuerzo y transformación innovadora. El primero, que presta cobertura a más de 37.300 usuarios, ha experimentado relevantes mejoras en el último año; de hecho, es el programa con mayor financiación dentro del Acuerdo Marco –71,07 millones en la anualidad de 2022– y en torno a él trabajan 5.400 profesionales.
La Teleasistencia avanzada constituye un claro ejemplo de modernización de la política social. El recurso, gratuito desde el 1 de enero, se implementa sobre la base de más y mejores servicios proactivos de atención a las personas y el despliegue de tecnologías, que alertan de posibles situaciones de riesgo y, por lo tanto, ofrecen más seguridad a los usuarios. Completados ya los trámites para garantizar su gestión unificada y la homogeneización del contenido de los servicios y de los protocolos de actuación, la Teleasistencia avanzada recibirá un impulso en 2022 tras la integración en el servicio de dispositivos de última tecnología, con una inversión de 5 millones de euros.
La consejera también se ha referido a INTecum, un proyecto dirigido a personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal y sus familias, a las que ofrece los apoyos sociales y sanitarios que necesiten para poder seguir viviendo en el hogar elegido. La iniciativa, activa en Palencia y Salamanca –donde ha atendido a 330 personas este año–, se extenderá el próximo a otras tres provincias para llegar a 700 beneficiarios.
La atención a las personas mayores contará en los presupuestos de 2022 con 284,6 millones de euros, 56 millones más que en los que están en ejecución. Uno de los compromisos más destacados es el desarrollo del Plan Estratégico contra la soledad no deseada y el aislamiento social –al que se ha asignado una financiación de 100 millones de euros hasta 2025–, que incluye la puesta en marcha de la Red Social para trabajar por la detección temprana y la rápida intervención ante estas situaciones de la mano del Tercer Sector Social.
Estrechamente vinculado con este plan, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades duplica hasta los 8,5 millones de euros los fondos destinados a la promoción de actividades de envejecimiento activo, entre las que cabe citar el Programa Interuniversitario de la Experiencia y de Acercamiento Intergeneracional o los viajes del Club de los 60.
Uno de los capítulos que experimenta un mayor incremento dentro de la atención a los mayores es el de inversiones reales, que se dispara hasta los 53,7 millones de euros. Entre las principales infraestructuras de obra nueva, la máxima responsable autonómica de los Servicios Sociales ha citado las nuevas residencias de Salamanca –con 10,7 millones en los presupuestos para finalizar la obra el próximo año– y de Ávila y Zamora –cuyas obras, que comprenden también un centro de día, se iniciarán en 2022 con sendas partidas de 4,7 y 3,9 millones, respectivamente–.
También se acometerán trabajos de modernización, adecuación al modelo de unidades de convivencia y reconversión de plazas en los centros residenciales de Burgos I (1,2 millones en los presupuestos de 2022); La Armunia, en León (más de un millón); Puente de Hierro de Palencia (2 millones); las residencias mixta y asistida de Segovia (4,3 millones en total); las de La Rubia y Parquesol en Valladolid (más de 1,8 millones entre ambas); Villablino (más de 134.000 euros); y Benavente (445.000 euros).
Estas obras se completarán con otras de mejora y acondicionamiento de centros residenciales y de día y las que efectúen las corporaciones locales en sus centros sociales, con una subvención prevista de 8,2 millones de euros. Junto a esto, la consejera se ha referido igualmente al aumento del 10,2 % que experimenta la partida destinada al concierto de plazas, que alcanza los 87,4 millones.
Para finalizar el primer bloque, Isabel Blanco ha repasado las principales medidas en el ámbito de la DISCAPACIDAD, que cuenta con una dotación específica de 190 millones de euros, el 10,1 % más que en este ejercicio. Sobresale el incremento del 21,5 %, hasta los 9,2 millones, en acciones de inserción laboral y formación, así como el impulso con 2 millones al programa específico de viviendas y apoyo para la vida independiente, vinculados a itinerarios (que financia el servicio de asistente personal y la residencia) y el de cualificación y apoyo al empleo la asistencia personal.
Estas partidas se complementan con la destinada a la concertación de plazas en centros de atención a personas con discapacidad –que crece el 10 % hasta situarse en 101,5 millones– y que está ligada a la próxima aprobación del decreto de concertación, que reportará estabilidad y calidad en la prestación de los Servicios Sociales. Por otro lado, el servicio de atención temprana se financiará con más de 5 millones de euros.
Las inversiones en obra nueva y de mejora también ocupan un lugar central en estos presupuestos, hasta el extremo de que el montante dirigido a la creación de nuevas plazas en residencias y centros de día propios de la Gerencia de Servicios Sociales se multiplica casi por siete, hasta los 7,3 millones. En 2022 se iniciará la construcción de la nueva Unidad de Valoración y Atención a personas con discapacidad y dependencia en León y se acometerán mejoras en el Centro Ocupacional El Cid, así como en los CAMP de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. Junto a esto, la Consejería aportará 8,2 millones a las corporaciones locales para que modernicen sus centros sociales.
Eje2: Apoyo a las familias, sobre todo a las más vulnerables
Bajo el paraguas de la Red de Protección a las familias, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades reforzará el próximo año los recursos orientados a la lucha contra la pobreza. En este epígrafe se engloban, por ejemplo, el aumento en 8 millones de euros de la financiación del Acuerdo Marco para ayudas de emergencia –cuatro este año y cuatro en 2023– para que las familias más vulnerables puedan hacer frente a los gastos derivados de los suministros energéticos; la nueva ayuda directa y extraordinaria de 130 euros para ayudar a los consumidores vulnerables severos a pagar la factura energética –que implica un desembolso de 6 millones de euros y beneficiará a 45.000 familias–; y los convenios con las compañías suministradoras para evitar los cortes de suministro.
Mención especial merece en este segundo eje centrado en las familias la Renta Garantizada de Ciudadanía, sometida a un proceso de reformulación con los agentes del Diálogo Social, en su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital. La propuesta pasa por vincular su percepción al cumplimiento de un itinerario de inserción, así como al compromiso de escolarización de los menores a cargo del beneficiario, de forma que la prestación autonómica garantice un proyecto de vida a las familias que la cobran, una meta que no tiene el IMV, pensado sólo para asegurar unos ingresos mínimos de subsistencia. Los presupuestos de la Consejería para 2022 reservan inicialmente 35 millones de euros para la Renta –siendo un crédito ampliable–, a partir de la estimación de que llegue a 18.500 familias.
El Plan Familias crece en entidad y en financiación. Integrado por 57 medidas dirigidas a 300.000 familias, con un impacto económico anual de 76 millones de euros, el plan fija cuatro prioridades: el fomento de la natalidad, la conciliación, la educación y la vivienda. El departamento liderado por Isabel Blanco se vuelca en las dos primeras y destina 36,6 millones, el 123 % más, a los programas de protección y apoyo a este colectivo, donde se incluyen las políticas para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad.
En este campo tienen su encaje medidas como las nuevas ayudas para fomentar la natalidad, dotadas con 20 millones de euros; la reedición del Bono Concilia, que fija una subvención de 750 euros por hijo como apoyo a los gastos de conciliación; los programas Conciliamos (que dispone de 1,7 millones) y Crecemos (que aumenta el 13 % hasta los 4 millones) o el nuevo programa Canguros (financiado vía Acuerdo Marco).
También volverán a convocarse las ayudas para excedencia y reducción de jornada, con dos millones de euros, consolidándose el incremento presupuestario realizado este año, y se amplía a 1,4 millones, el 7,6 % más, el crédito para los puntos de encuentro familiar con el reto de desarrollar el nuevo programa de intervención familiar en el medio rural. A este servicio se añadirá otro de nueva creación, los centros MediaCyL, para ofrecer apoyo a las familias en la prevención y resolución de sus conflictos. La inversión se cifra en dos millones de euros.
Las cuentas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para 2022 apuestan por el refuerzo de la protección a la infancia, con un montante que se dispara el 23,2% hasta sumar 74,8 millones de euros. Estos recursos se dirigirán a tres áreas de trabajo: la lucha contra la desprotección a través de actuaciones e intervenciones de promoción y prevención, la protección de la infancia y la intervención con menores infractores.
La primera implicará el esfuerzo coordinado con las entidades firmantes del Pacto por los Derechos de la Infancia en Castilla y León, corporaciones locales y agentes del Tercer Sector, con las que la Junta trabajará de la mano, así como la aprobación y desarrollo de la futura estrategia autonómica para luchar contra pobreza en la infancia.
En el segundo campo, continuará la apuesta por el sistema de atención y protección a menores, que el pasado año prestó cobertura a más de 9.000. El programa de acogimiento familiar se dota con más de 660.000 euros, mientras se ultiman nuevos incentivos para estas familias solidarias, así como para las numerosas o monoparentales. De igual forma, se reservan 17 millones de euros, el 19,5 % más que este año, para consolidar la red de centros específicos de protección a la infancia, así como la de atención a menores extranjeros no acompañados.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades acometerá también obras nuevas y de modernización en sus centros propios por valor de 5,7 millones de euros, por ejemplo, el inicio de la construcción de un nuevo centro residencial de menores en Salamanca (con 680.750 euros en la próxima anualidad), la reforma del Zambrana en Valladolid (con 10.000 euros iniciales) o la digitalización de los centros Gregorio Santiago, en Burgos (153.822 euros), Los Molinos de Tormes, en Salamanca (69.000 euros), y José Montero y La Alameda, en Valladolid (702.165 y 600.000 euros, respectivamente).
Al tercer vértice de la política de atención a la infancia, la intervención, se destinan cerca de 14 millones de euros, más de la mitad para financiar plazas para la ejecución de medidas de convivencia. El resto permitirán el desarrollo de cuatro programas específicos para el tratamiento a menores maltratados y apoyo tras la adopción; la intervención en red, en particular, ante sospechas de violencia filioparental; la atención e intervención educativa sobre menores de 14 años que hayan podido delinquir; y la formación e inserción laboral de adolescentes provenientes de sistemas de protección.
Las políticas de juventud concentran 22,2 millones de euros, con un aumento del 11,6 %, y se ejecutarán conforme al nuevo plan estratégico, que se presentará en breve y consta de tres ejes: el fomento del empleo, la participación activa del tejido asociativo y la promoción del ocio y el tiempo libre.
Dentro del primero, destacan los programas formativos ya consolidados de la Escuela de Formación de Castilla y León; los talleres de oficio; los cursos de idiomas con titulación oficial y los de habilidades sociales y TIC; o los de emprendimiento. A ello hay que añadir los proyectos para fomentar la adquisición de una experiencia laboral mediante programas de movilidad como VivEuropa y Eurojoven.
El impulso a la participación se realizará a través del Consejo de la Juventud (que recibirá 570.000 euros), las asociaciones juveniles (160.000 euros) y el programa de corresponsales juveniles, al tiempo que se fomentarán las actividades de voluntariado por medio de los programas de Voluntariado Joven y Campos de Voluntariado.
El Instituto de la Juventud mantendrá el próximo año su apuesta por las actividades de ocio y tiempo libre dentro de la campaña Red Activa, con una oferta prevista de 3.000 plazas para una de sus iniciativas más demandadas: los campamentos.
En línea con lo anterior, la red de instalaciones juveniles se dota con 5 millones de presupuesto, de los que más de la mitad se emplearán en mejorar estas infraestructuras, entre ellas, los albergues de Navarredonda de Gredos, Arbejal y Espinosa de los Monteros y las residencias juveniles Doña Urraca, en Zamora, y Doña Sancha, en León.
En el eje de apoyo a las familias, la consejera ha enmarcado también las políticas de PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN DROGAS Y ADICCIONES SIN SUSTANCIA, que cuentan con 11 millones de euros, el 7 % más que en 2021, y que se ejecutan a través de las tres redes previstas en el VII Plan Regional sobre Drogas: de planes sobre drogas; de prevención familiar y de asistencia al drogodependiente, en las que participan entidades locales y del Tercer Sector.
Las actuaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en este ámbito se centrarán en la prevención –donde se van a consolidar los servicios de referencia de las nueve provincias y se van a extender los programas de prevención de consumo de drogas a colectivos con necesidades especiales– y en la asistencia e integración social del drogodependiente –a través de centros, servicios y programas que aglutinan casi 8 millones de presupuesto–.
Junto a esto, se elaborará un nuevo plan de acción coordinada para detectar, prevenir y tratar las denominadas adicciones sin sustancia, como el juego patológico o la utilización problemática de internet y las redes sociales.
Eje 3: Impulso a la igualdad de género y lucha contra la violencia de género
La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención y lucha contra la violencia de género constituyen dos retos de primera magnitud para el departamento que dirige Isabel Blanco. Un total de 11,4 millones de euros se destinarán en 2022 a las políticas de promoción y apoyo a la mujer, que se ajustarán a las directrices definidas en el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Género 2021-2025.
El fomento de la igualdad se articulará de forma transversal a través de las redes sociales creadas en los últimos meses. Se dará un impulso financiero a las entidades que integran la Red Social Grupo de Trabajo de Violencia de Género y la Red de Entidades de Prostitución y Trata (Proyecto Atrapadas); la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León; la de organismos de igualdad de las entidades locales; la de Mujer rural; y la Red de Titulares de Centros de Emergencia y Casas de Acogida, la última en constituirse, el pasado 4 de junio.
Con cargo al presupuesto de 2022 se pondrán en marcha o consolidarán programas de promoción de la igualdad centrados en los ámbitos de la infancia y la adolescencia, el laboral, la mujer rural y la juventud. Es el caso de ‘Musicart’, ‘Stem Talent Girl’ y su nueva versión ‘Kids’; el de Formación Responsables de Igualdad en los centros escolares, o el proyecto ‘Pajarillos en femenino’, orientado a la capacitación de mujeres de entre 16 y 35 años en contextos urbanos socio-económicos desfavorables.
Encaminados a la inserción laboral femenina, la Junta continuará financiando iniciativas como IOEmpresas –que se acompaña de subvenciones al tejido productivo para la implementación de planes y medidas de igualdad–; el Programa Empleo Mujer Castilla y León (Pemcyl) –que mirará hacia el medio rural–; o el programa formativo Liderazgo Mujer Rural.
También pondrá en marcha una línea de ayudas para favorecer el retorno al mercado laboral de mujeres en situación de excedencia por el cuidado de hijos o familiares y el programa formativo ‘Fem-Talent’, que comprende el diagnóstico y desarrollo de capacidades de empleabilidad para mujeres residentes en municipios rurales, en situación de vulnerabilidad (víctimas de trata) y mayores de 50 años.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades abrirá el Programa ‘Empresas comprometidas por la igualdad’ a nuevas firmas. Así, se está ultimando el protocolo para la adhesión al mismo de la Fundación Industrias Lácteas, que incluirá compromisos de formación y empleabilidad en el sector agrícola y ganadero.
Otra de las líneas prioritarias de actuación es la LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO y la ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, que en 2022 contará previsiblemente con un nuevo marco normativo. La futura ley de atención integral a las víctimas amplía el paraguas protector al regular nuevas formas de violencia de género; incide en la prevención, detección y evaluación como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género, y refuerza la red de recursos de atención y apoyo.
En esta nueva regulación van a tener su encaje, entre otras, las actuaciones de la Red de prostitución y trata; los programas de intervención especializada para víctimas de agresiones sexuales especialmente vulnerables –como las que padecen enfermedad mental grave o consumo de drogas con conducta adictiva–; los de información y asesoramiento jurídico; o los servicios de apoyo psicológico.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades realizará un esfuerzo inversor de 2,9 millones de euros en la reforma de los centros de acogida de la red de atención para mejorar su seguridad y accesibilidad y modernizarlos con equipamiento tecnológico.
Para terminar, el próximo año se modificará también el decreto que regula las ayudas económicas a los huérfanos de víctimas mortales de violencia de género, que conllevará un incremento general de las cuantías.