La propuesta planteada por la Junta de Castilla y León en el seno del Consejo de Patrimonio Histórico Español ha sido respaldada por unanimidad por todas las Comunidades Autónomas. La iniciativa persigue preservar algunas de las centrales térmicas de carbón como ejemplos del patrimonio industrial y minero del país.
El director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno, ha participado en el Consejo de Patrimonio Histórico Español, que se está desarrollando estos días en la ciudad de Mahón, donde ha presentado una propuesta de la Junta de Castilla y León para que el Gobierno de España paralice el desmantelamiento de algunas de las centrales térmicas existentes en el país, para preservarlas como parte del legado histórico español. Una propuesta que ha sido respaldada por unanimidad y que se trasladará al Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Secretaría General del Ministerio de Cultura y Deporte.
Con esta propuesta, Castilla y León ha solicitado que, desde el Consejo del Patrimonio Histórico Español, se ofrezca apoyo y colaboración al Gobierno central para que, sin cuestionar las obligadas directrices de la política energética y los desafíos que impone la lucha contra los efectos del cambio climático, se tenga en cuenta que la desaparición de todas estas centrales supondrá la pérdida de valiosos elementos que forman parte del patrimonio cultural español y que son testimonio vivo de la forma de vida de numerosas zonas de la península. En este sentido, el director general ha señalado que “el patrimonio industrial y minero es, sin duda, una de las riquezas del patrimonio cultural español y sería una gran pérdida para nuestro acervo común el no contar con ningún ejemplo de las instalaciones que han modelado amplias comarcas de nuestro país desde el punto de vista cultural, social, económico y territorial”.
Esta estrategia de cierre de las centrales térmicas de carbón existentes en España, en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia y Baleares, algunas todavía en funcionamiento, está motivada por la aprobación en 2019 del Marco Estratégico de Energía y Clima, a través del cual se pondrán en marcha medidas que faciliten el cambio hacia un modelo económico sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al cambio climático.
Teniendo en cuenta las obligadas directrices de la política energética, también se debe tener en cuenta que el Reglamento UE 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, establece el Fondo de Transición Justa, en el que se indica que es necesario preservar la identidad de las comunidades mineras y salvaguardar la continuidad entre las comunidades pasadas y futuras, lo que implica prestar especial atención a su patrimonio minero material e inmaterial, incluida su cultura, ha asegurado el director.
Por lo tanto, Castilla y León considera urgente actuar para conservar algún resto de estas fábricas, algún elemento simbólico de la historia de la producción de energía. Bueno ha manifestado que el Plan Nacional de Patrimonio Industrial puede ser el marco adecuado para realizar un análisis técnico de estas instalaciones y seleccionar los ejemplos más representativos del país. Será necesario, además, elaborar una adecuada y completa documentación de todas las centrales existentes, que permita transmitir a las siguientes generaciones una memoria de lo que hubo, y así no perder por completo este valioso patrimonio cultural.
Todo esto ha propiciado esta solicitud de la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para la paralización del desmantelamiento de algunas de las centrales térmicas existentes para que, en el marco de una colaboración interadministrativa y público-privada, se pueda seleccionar y conservar alguna de estas centrales al completo, de forma que, en un futuro próximo, pueda convertirse en un elemento de atracción. Concretamente, Castilla y León ha pedido apoyo para que se conserve alguna de estas centrales existentes en la Comunidad.