La Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León acoge este año 829 nuevos casos de mujeres maltratadas, 44 más que en 2020. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades reúne a la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León para realizar el balance anual de las actuaciones realizadas en los nueve primeros meses del año.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado esta mañana en Valladolid una reunión ordinaria de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León, órgano colegiado donde se estudia, analiza y se realiza un seguimiento de la realidad social de la Comunidad en relación con la materia de género.
En el transcurso del encuentro de hoy se ha compartido un informe sobre las actuaciones realizadas en el último año en el marco de la Red de Atención a las Víctimas, los avances y resultados conseguidos en las distintas áreas de acción, y el refuerzo necesario en los procedimientos para articular el nuevo modelo de atención ‘In-On-Out’, al amparo de la futura ley autonómica.
El balance de 2021 revela que entre el 1 de enero y hasta el 15 de noviembre un total de 829 mujeres han accedido a servicios y recursos la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León tras su proceso de valoración por parte de un coordinador de caso, 44 más que un año antes. No obstante, bajo este paraguas de protección son 3.181 los casos en el sistema de acceso unificado a los servicios sociales (SAUSS Mujer) de la Dirección General de Mujer, el 7,6 % más que hace un año (cuando se contabilizaron 2.955 expedientes abiertos).
Estas cifras ponen de manifiesto los avances en cuanto a sensibilización y concienciación social respecto a la existencia de este problema estructural, y la obligación de prevenirlo, denunciarlo y apoyar a quienes lo sufren.
Al mismo tiempo, refuerza el planteamiento de la Junta sobre la necesidad de reforzar el actual modelo ‘violencia cero’, de manera que los Servicios Sociales sean, además de la puerta principal de entrada al sistema, una vía de salida hacia una vida independiente y plena de derechos para las mujeres que han sufrido maltrato.
El análisis de los datos del Observatorio, en su Sección de Género, se ha realizado este año por primera vez ajustado al esquema que visualiza este innovador modelo de atención.
En esta primera fase se incluyen las medidas de prevención y detección temprana de casos. Para mejorar la eficiencia de las primeras, está prevista la inminente aprobación del nuevo plan estratégico para la igualdad de género hasta 2025, que incide en una mayor corresponsabilidad en labores preventivas, implicando en las mismas no sólo a las mujeres, sino también a hombres, niños y jóvenes.
A esta tarea están llamadas también los agentes que conforman las redes colaborativas tejidas desde el inicio de la legislatura por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Entidades del Tercer Sector Social, universidades, entidades locales, asociaciones de mujeres rurales y titulares de centros de emergencia y casas de acogida colaboran no sólo en la prevención y sensibilización sobre la violencia de género, sino también en su detección y primera atención a las víctimas.
Los principales indicadores evaluados por la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León correspondientes a esta fase ‘in’ revelan que, en lo que va de año (hasta el 15 de noviembre), el servicio de atención telefónica 012 Mujer ha recibido un total de 6.458 llamadas (5.735 relacionadas directamente con casos de violencia de género), frente a las 5.054 del año anterior; otras 2.260 han entrado a través del teléfono 016 (3.022 en 2020), de las que 1.331 fueron derivadas al 012 (1.160 un año antes); y el 112 de Castilla y León ha canalizado 2.581 llamadas (2.365 en 2020).
En lo que respecta a la sensibilización y prevención, destacan las acciones llevadas a cabo en el ámbito laboral a través de los 32 agentes de igualdad y conciliación contratados y por medio del programa IOEmpresas. Con la colaboración de las organizaciones económicas y sociales, este año se han implantado planes de igualdad en 34 empresas de la Comunidad y 14 protocolos de acoso sexual y por razón de género; se ha ofrecido información sobre los recursos existentes a 59 mujeres y se han atendido 103 consultas; y finalmente se han negociado 176 convenios para incluir medidas de igualdad y conciliación en el tejido productivo y se han incorporado 210 cláusulas de igualdad salarial.
Por medio del programa IOEmpresas, se han atendido 349 consultas y se ha asesorado a 47 compañías en materias relacionadas con la realización de planes de igualdad, auditoría y registro salarial, valoración de puestos o constitución de comisiones negociadoras. Además, 13 nuevas firmas se han adherido al Banco de Buenas Prácticas, disponible en el portal web de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
La sensibilización con los jóvenes sobre el problema estructural que constituye la violencia de género se considera esencial para frenar esta lacra. De ahí que en 2021 se haya trabajado en este ámbito con 3.500 jóvenes a través de los distintos programas que ejecutan las entidades del Tercer Sector Social y con otros 215 por la vía del Consejo de la Juventud. También se han incluido iniciativas de concienciación y formación en actividades deportivas, de ocio y tiempo libre, en las que han participado más de 15.000 adolescentes.
Por último, cabe destacar las acciones de sensibilización orientadas específicamente al medio rural, con 1.212 destinatarias –el doble que un año antes–, y las centradas en la digitalización y apoyo al emprendimiento de las mujeres residentes en pequeños núcleos de población.
Mención especial merecen en esta primera fase las iniciativas de coordinación entre instituciones para la detección de casos de alto riesgo o vulnerabilidad, donde cabe señalar la constitución de las nueve comisiones provinciales de seguridad junto a la Delegación del Gobierno, o el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Igualdad y la Junta para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en violencia de género.
En este contexto, el departamento que dirige Isabel Blanco quiere dar un paso más para reforzar la protección y el apoyo a las mujeres que sufren esta lacra desde la colaboración institucional. Por ello, pretende crear una nueva comisión regional sobre trata y prostitución –para intensificar la prevención, detección y atención a mujeres y niñas inmersas en entornos de explotación sexual– y elevar a rango autonómico las comisiones provinciales de seguridad –en las que participan profesionales dependientes de las administraciones estatal, autonómica y local–.
La segunda fase del nuevo modelo de atención a las víctimas de violencia de género impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se denomina ‘on’ y refleja ya la transformación que se pretende en torno a los procedimientos y aplicación de los recursos disponibles.
En ella tienen su encaje todas las instituciones, organizaciones y entidades que conforman la red de atención –con los correspondientes recursos y servicios–, cuya estructura tiende a flexibilizarse para adaptarse a las necesidades de la víctima y no al revés, procurando una mejor accesibilidad y una atención de mayor calidad.
En la reunión de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León se ha informado de que, a fecha de 15 de noviembre, existen 3.181 informes de valoración de violencia de género activos. El 47,22 % de las víctimas tiene entre 31 y 45 años; el 27,82 % entre 46 y 64 años, y el 18,42 % se sitúa en la franja de edad de entre 18 y 30 años. Existe un porcentaje del 5,63 % de mayores de 65; otro del 0,63 % de menores de edad, y en el 0,28 % de los casos no se ha podido acreditar la edad. Casi tres de cada cuatro (el 73,97 %) residen en ámbito urbano. Esta radiografía es muy similar a la obtenida hace un año.
Además, se ha identificado un porcentaje del 35,65 % como víctimas especialmente vulnerables por su condición de inmigrantes o su pertenencia a una minoría étnica; por padecer algún tipo de discapacidad o por acusar problemas de drogodependencias.
En el ámbito judicial, se han contabilizado 2.407 denuncias hasta junio (2.192 hasta septiembre 2020) y se han concedido 547 órdenes y / o medidas de protección (frente a las 522 de los primeros nueve meses de 2020).
En cuanto a las intervenciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, se contabilizan 3.131 casos activos (2.984 un año antes) y 1.620 mujeres con protección policial (1.403 en 2020); a 102 víctimas se les han asignado dispositivos electrónicos y 618 utilizan terminales ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género).
En lo que respecta al tipo de atención dispensada, se ha ofrecido asesoramiento jurídico a 166 mujeres a través del convenio entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Cruz Roja (115 el año anterior) y a otras 167 por medio de las corporaciones locales (120 un año antes), mientras que el servicio de defensa letrada y asistencia jurídica gratuita –formalizado a través de convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León– ha operado en 47 procedimientos penales por agresiones sexuales (32 en 2020) y en dos procedimientos nuevos (y ocho en curso) relacionados con los huérfanos y otros familiares de víctimas.
Junto a esto, 1.599 mujeres; 190 menores; 40 maltratadores y 35 personas dependientes de la víctima (otros familiares) han recibido apoyo psicológico a través del Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Consejo de Psicología de Castilla y León, al tiempo que este servicio ha intervenido de forma urgente en sede policial o judicial con 319 víctimas. Un año antes este servicio intervino con 1.215 mujeres, 150 menores, 39 agresores y 21 personas dependientes, y otras 215 víctimas en comisaría o juzgados.
Los servicios de información, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico también se canalizan a través de entidades como Plaza Mayor o Adavas, que a través de sus sedes de Salamanca, Burgos, León o Valladolid, han atendido a 667 mujeres, tanto de forma presencial como telefónica.
Son reseñables los resultados logrados por las entidades que conforman la red de atención psicosocial –la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), la Comunidad Adoratrices de Burgos, la Asociación de Ayudas al Drogodependiente (ACLAD), Cáritas Diocesana de Astorga y la Congregación de HH. Oblatas del Centro Albor–, que han atendido a 2.448 mujeres, han intervenido en 34.203 ocasiones, y han localizado 709 casos con indicios de trata.
Centros de emergencia y casas de acogida
La futura ley de atención integral a víctimas de violencia de género, que está tramitando la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, encomienda a la Administración la labor de asegurar que la red de recursos sea accesible y estos se presten en condiciones de igualdad a todas las víctimas, y a la red de Servicios Sociales la tarea garantizar a las víctimas el derecho a la atención integral hasta la finalización del proceso de recuperación.
Precisamente, la consejera del ramo, Isabel Blanco, anunció el pasado lunes, durante la clausura del acto institucional organizado por la Junta para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, una inversión de dos millones de euros para la reforma, mejora y sustitución de los recursos de la red de atención a víctimas de violencia de género en Castilla y León.
Dentro de este epígrafe, en la reunión de la Sección de Género del Observatorio se han expuesto datos relativos al uso de estos recursos en lo que va de año. Los centros de emergencia han atendido a 159 mujeres y 107 menores (139 y 103, respectivamente en 2020) y las casas de acogida, a 90 mujeres y 89 menores (97 y 74 un año antes). Asimismo, 10 víctimas con enfermedad mental grave y cinco con problemas de adicción a las drogas han sido derivados a recursos habitacionales especializados. Junto a esto, se han adjudicado nueve viviendas de protección.
Los apoyos económicos orientados a favorecer la inserción socio-laboral y la recuperación de la autonomía de las víctimas han llegado a 48 mujeres en forma de prestación (44 en 2020) y a otras 96 como beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía (182 un año antes).
El cambio en el modelo de atención que promueve la Junta incide en el refuerzo de los profesionales. Se prevén medidas dirigidas a la formación y especialización de profesionales de distintos ámbitos, tales como el sanitario, policial, social, educativo, judicial, laboral, psicológico y de los medios de comunicación, con itinerarios formativos vinculados a estudios de posgrado en las universidades.
Para ello, en los últimos meses se ha articulado un plan de cualificación y especialización, que dará continuidad y reforzará la labor desarrollada hasta ahora en este ámbito. Así, en lo que va de año han recibido formación 5.921 profesionales implicados en la red de atención a las víctimas, más del doble que un año antes (cuando se impartieron cursos y talleres a 2.053 personas).
La ‘fase out’ marca la puerta de salida a las víctimas, quienes dejan el sistema de Servicios Sociales para construir de nuevo una vidas autónoma, independiente y libre. Una de las claves para lograr este objetivo es la inserción laboral.
Por ello, los agentes reunidos en torno al Observatorio han repasado las principales iniciativas desarrolladas en este campo. Aquí cabe citar la labor realizada por las entidades del Tercer Sector Social –que han ayudado a 142 mujeres a acceder a un puesto de trabajo– y la llevada a cabo en colaboración con la Fundación Santa María la Real a través del Programa Empleo Mujer Castilla y León (Pemcyl), en el que hasta noviembre han participado 158 personas (entre ellas, 65 víctimas de violencia), con 69 contrataciones formalizadas (24 de ellas de víctimas).
Por otro lado, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha resuelto la concesión de 11 de las 15 solicitudes de ayudas recibidas dentro de la línea de fomento a la contratación de víctimas de violencia de género, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (FSE), mientras la titular de esta área, Isabel Blanco, ha anunciado una nueva línea de subvenciones a las empresas con esta finalidad, que se sufragará íntegramente con presupuesto autónomo.
La consejera ha hecho mención también al programa ‘Empresas comprometidas con la igualdad’, puesto en marcha hace unos meses con el reto de reforzar y ampliar la cultura de la responsabilidad social en el tejido productivo e implicar a más compañías en el compromiso de promover la igualdad y prevenir la violencia de género, incorporar a mujeres a sus plantillas, facilitarles su ascenso profesional y reservar puestos de especial interés a las mujeres más vulnerables. Isabel Blanco ha adelantado que en los próximos meses nuevas empresas se irán sumando a este programa.
En el proceso de redefinición del nuevo modelo ‘violencia cero’ para reforzar los procedimientos de atención a las víctimas están previstas nuevas actuaciones. En la ‘fase in’ cabe citar la aprobación del próximo plan estratégico de igualdad de género hasta 2025; la articulación de planes de formación y protocolos para la detección y derivación de los miembros de las redes por la igualdad –en particular, con las corporaciones locales, universidades y asociaciones de mujeres rurales–; o el impulso a las comisiones autonómicas de trata y prostitución y de seguridad.
En la ‘fase on’ se trabajará en la modernización y mejora en la accesibilidad a la Red de Recursos de Atención, de forma que se adapten mejor a las necesidades de cada víctima y a su entorno; en la formación y especialización de los profesionales, y en la medición y evaluación de resultados.
Finalmente, en la ‘fase out’ los esfuerzos se centrarán en ampliar la Red de Empresas Comprometidas con la Igualdad y articular incentivos para la capacitación y contratación de las víctimas.
La Sección de Género del Observatorio de Castilla y León está conformada por representantes las Consejerías de Familia e Igualdad de oportunidades, Sanidad y Educación; la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Delegación del Gobierno; las universidades públicas; el Consejo de la Juventud, y diversos colegios profesionales (psicología, abogacía, trabajo social, procuradores, farmacéuticos y periodistas).
Asimismo están representados los agentes del Diálogo Social (CCOO, UGT y CEOE), el sindicato agrario ASAJA, CERMI, Fundación Secretariado Gitano, ACOGE CyL y distintas federaciones de asociaciones de mujeres de Castilla y León (ISMUR, CERES, FADEMUR, AMFAR, FAMECALE, Red Madre, Mujeres Progresistas, FEMUR Y AFAMMER).