Barcones considera que la Ley de la Cadena Alimentaria será un instrumento fundamental para hacer frente a las dificultades que atraviesan algunos sectores agrarios. Esta Ley será aprobada mañana en el Congreso de los Diputados y supondrá “un cambio en las reglas de juego y en la cultura de la negociación”. La delegada del Gobierno se ha referido también en su intervención a la PAC, al Plan de Recuperación y a la modernización de los regadíos
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, considera que la Ley de la Cadena Alimentaria, cuya reforma se aprobará definitivamente mañana en el Congreso de los Diputados “está llamada a ser el instrumento fundamental para hacer frente a las actuales dificultades que atraviesan aquellos sectores agrarios más vinculados al encarecimiento de determinados insumos como los fertilizantes o los piensos, además de la energía”.
Así lo ha puesto de relieve en la inauguración del 9º Congreso Autonómico de la Unión de Pequeños Agriculturas y Ganaderos (UPA) de Castilla y León. La delegada ha dicho conocer “vuestras reiteradas protestas y denuncias por la compra de muchos productos, por parte de la industria, por debajo de los costes de producción”.
Barcones ha recordado que “este Gobierno de España está comprometido con el sector para dialogar y para buscar soluciones de forma conjunta en el marco de esta Ley de la Cadena Alimentaria, de este instrumento nuevo que el Gobierno modificó a instancias de las organizaciones profesionales agrarias y del conjunto del sector”.
Así mismo ha señalado que el propio ministro Planas hacía un llamamiento esta semana a todos los agentes de la cadena para el cumplimiento de la ley, “de manera que los agricultores y los ganaderos podáis trasladar en vuestros contratos el incremento de los costes de producción al resto de escalones de la cadena. Todos los actores intervinientes en el proceso de llevar los productos primarios a las casas de los destinatarios últimos tienen que asumir sus responsabilidades y cumplir la ley”. Para eso está el Observatorio de la Cadena y la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
“A mi juicio”, ha concluido la delegada, “estamos ante una ley de una relevancia superlativa porque va a suponer un cambio en las reglas de juego y en la cultura de la negociación. Esta norma supone un avance en la transparencia sobre la formación de precios y el reparto de valor en la cadena alimentaria”.
Ya en febrero de 2020, se aprobó un decreto que introdujo en la ley la obligatoriedad de que en cada operación de venta dentro de la cadena se repercutieran los costes de producción. Ahora, con esta segunda fase de la reforma, que culminará mañana con la aprobación en el Congreso de los Diputados, se da un nuevo avance al introducir la prohibición de la venta a pérdidas y la proscripción de establecer prácticas comerciales desleales.
Con respecto a la Política Agraria Común (PAC), para Barcones, “es una de las prioridades políticas del Gobierno de España. Nuestro principal objetivo es mantener la renta de agricultores y ganaderos, pero para el próximo año 2022 y los siguientes quiero destacar que el foco se pone en los jóvenes, especialmente las mujeres, en la formación, la innovación y la digitalización”.
Según ha señalado, “la innovación es progreso y supone avanzar en la competitividad y, por tanto, en la rentabilidad de las explotaciones. La digitalización y el uso de las nuevas tecnologías en el campo también son necesarias para asegurar que los jóvenes encuentren un futuro en las actividades agrarias”.
Sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, la delegada del Gobierno ha señalado que “es la herramienta que, bien utilizada, servirá para apuntalar el estado del bienestar, para promover y modernizar el tejido productivo español, para contribuir a la igualdad de oportunidades y para cohesionar territorialmente el país a través de un sector agrario y alimentario más moderno, justo, eficiente, igualitario, ecológico y digital”.
“Es una oportunidad que el sector primario por antonomasia de Castilla y León no puede dejar pasar. Dependemos de ello para poner coto a la despoblación que no ha dejado de ser nuestro principal problema”, ha explicado Barcones.
De la misma manera, se ha referido expresamente a la importancia capital de “mejorar nuestros regadíos. Es la mejor forma de cambiar los productos tradicionales por otros más competitivos. España es el país de la Unión Europea con más superficie de regadío y es una apuesta firme del Gobierno al que represento modernizar este ingente potencial”.
Además de seguir modernizando regadíos con los fondos habitualmente utilizados, se hará también a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Dentro de tres semanas”, ha indicado Barcones, “firmaremos el primero de estos convenios en virtud de los cuales el Estado se hace cargo del 80% del coste de las obras. Hablo de la modernización de la Margen Izquierda del Porma, en León en la que se acometerá una inversión de 32 millones de euros. Y en los próximos meses anunciaremos otras dos modernizaciones de este tipo, con cargo al Plan de Recuperación”.
Esta actuación en la provincia de León forma parte de un conjunto de actuaciones en modernización de regadíos, 45 en total en el país en una primera fase, que suman una inversión pública de 332 millones de euros. Con la aportación de los regantes, movilizará un total de 500 millones de euros en toda España.
El plan para la mejora y eficiencia de la sostenibilidad de regadíos a cargo del mecanismo de recuperación tendrá una segunda fase a partir de 2022 con una inversión pública de 303 millones de euros y 48 nuevas actuaciones. El total de este plan suma 563 millones de fondos públicos, que con el 20% de colaboración de los regantes supondrá una inyección de 704 millones de euros y supondrá la modernización de más de 100.000 hectáreas.
La representante del Gobierno de España en la comunidad autónoma ha indicado que “necesitamos una gestión inteligente de nuestros regadíos en los que se incorpore conocimiento e innovación. Es la única forma de conseguir además una acción sostenible que haga un uso más eficaz de los recursos, no sólo para preservar el medio ambiente, que es esencial, sino también para que seáis más competitivos”.
La modernización conduce a una gestión integradora que fomenta una economía que prima el empleo y, con él, la cohesión social y territorial. Es decir, que genera empleo y, por tanto, desarrolla nuestro medio rural y revitaliza nuestros pueblos.
Barcones ha insistido en el problema de la despoblación: “No me canso de decir que las medidas para afrontar el reto demográfico deben ser transversales, tal y como las ha diseñado el Gobierno de España en su documento de 130 acciones para las que destina 10.000 millones de euros. La lucha contra la despoblación debe abarcar todos los ámbitos. Y estos, la agricultura y la ganadería, son sectores básicos en Castilla y León”.
Para concluir, se ha referido a que “sin agricultura ni ganadería la inmensa mayoría de nuestros pueblos no tendría futuro. Vosotros y vosotras, vuestras familias, sois el punto de partida que nos debe permitir revertir esta situación”. Y también al papel de las organizaciones profesionales agrarias “como guía para los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Tenéis la misión de conducir a los vuestros y vuestras hacia un futuro en el que puedan ser dueños y dueñas de su destino”.