Así lo reseñan en la institución que encabeza Abilio Martínez Varea, según datos del informe presentado ahora por la Conferencia Episcopal de cara al listado emitido por el Gobierno.
Con fecha 24 de enero de 2022, la Conferencia Episcopal española ha hecho público el Informe sobre bienes inmatriculados por el art. 206 de la Ley hipotecaria en el período comprendido entre 1998 y 2015. Este Informe surge a partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en febrero de 2021. Tras estudiarlo, la Conferencia ha informado al Gobierno de que, de un total de 34.976 registros incluidos,
existe aproximadamente un millar de errores en los datos aportados.
En efecto, la Conferencia Episcopal, en contacto con las diócesis y en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo que ha consistido en la
catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de
inmatriculación de cada bien.
Todo ello de cara a constatar errores en el listado en cuestión y buscar su subsanación fuentes eclesiásticas han menciado que por tanto, es falso afirmar que la Iglesia se ve obligada a devolver bienes de los que se ha apropiado de manera indebida. Tras una primera revisión del texto, en la Diócesis de Osma-Soria han hecho llegar una serie de puntalizacones.
Así, han referido que en la menciada relación aparecen los bienes con las inmatriculaciones realizadas por las diócesis españolas entre 1998 y 2015. Esos datos, procedentes de los respectivos registros de la propiedad, suponen un total de 34.976 bienes, de los que 1.564 corresponden a la Diócesis.
Con el fin de homogeneizar el listado y categorizar los bienes, la Conferencia Episcopal ofreció algunas pautas a las diócesis para analizar si había bienes que no correspondían a las mismas y ser así objeto de un estudio específico. Resultado de ese estudio fue que, de los 34.976 registros del listado del Gobierno, se han verificado de manera correcta un total de 32.401 por las diócesis respectivas, de los que 1.382 corresponden a la Diócesis de Osma-Soria.
Así, en el ámbito soriano, la diferencia entre el listado ofrecido por parte gubernamental y el de la propia Diócesis, han sido verificado 182 registros (la difrencia entre 1.564 y 1.382), de los cuales 5 corresponden a duplicados (bienes que aparecen repetidos en el listado), 170 a insuficiencia de datos para identificar, esto es, registros que, por falta de información, resultan desconocidos para la Diócesis, y 7 a inmatriculaciones anteriores a 1998.
Esos 182 registros son, según fuentes diocesanas, errores existentes en el listado de propiedades presentado por el Ejecutivo. "No es que el Gobierno haya descubierto que la Diócesis ha inmatriculado indebidamente 182 registros, ni mucho menos que se haya atribuido sin fundamento ni título un derecho de propiedad sobre estos, sino que la Diócesis aclara al Gobierno los errores existentes en ese listado que afectan a esos bienes por los distintos capítulos antes indicados".
Más en concreto, en Osma-Soria detallan que hay 6 duplicados que están correctamente inmatriculados; 7 bienes inmatriculados con anterioridad a 1998; 10 que son propiedad de comunidades religiosas, y no de la Diócesis; hay 18 bienes (parroquias, cementerios, solares, etc.) que están correctamente inmatriculados; otros 12 bienes (solares) que no están inventariados ni inmatriculados por la Diócesis; y existen 129, fundamentalmente fincas rústicas que aparecenen el Inventario diocesano y, conforme al listado del Gobierno, están en los Registros de la propiedad, pero de los que, por su antigüedad, no existe documentación y, por ello, la Diócesis no inmatriculó en el período 1998-2015.
Así, en Osma-Soria han indicado además que las fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia Católica mediante el procedimiento del artículo 206 de la Ley Hipotecaria tienen un fundamento legal, "y cuentan con el necesario título material a su favor pues, de otro modo, no podían haberse inmatriculado. En todo momento, como reconoce el Gobierno, las diócesis han observado escrupulosamente el principio de legalidad en el proceso de inmatriculación.
Por último, en la institución que encabeza Abilio Martínez Varea han indicado que "la Diócesis de Osma-Soria reafirma que los inmuebles inmatriculados están a disposición de los fieles, pertenecen al pueblo de Dios y están al servicio del conjunto de la sociedad".