PROVINCIA
Actualizado 18/02/2022 18:40:32

El viceconsejero de Economía y Competitividad asegura que "hay interesados en invertir" en la planta garreña.

Este viernes ha tenido lugar la segunda reunión del grupo de trabajo de Ondara. Cita a la que han acudido representantes de los trabajadores (UGT y CCOO), la patronal (FOES) y representantes de la Junta de Castilla y León, entre ellos el viceconsejero de Economía y Competitividad, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, Carlos Martín.

La primera de las reuniones, que se celebró después del anuncio de 151 despidos, concluyó con la promesa de la propiedad de recuperar a todos los trabajadores para el año 2023. Por aquel entonces se aseguró que Ondara esperaba para el próximo verano la concesión de permisos para comenzar la producción de cannabis medicinal. Se hablaba de "recuperar la actividad" y de "compromiso de seguir en su visión de futuro".

Esto parece haber cambiado sustancialmente en la segunda reunión del grupo de trabajo, pues el viceconsejero de Economía y Competitividad ha pedido al proopietario actual "claridad y que sea firme con lo que se comprometió en la liquidación de la antigua Aleia". Es decir, "que cumpla e invierta o que permita la entrada de nuevos inversores que lo puedan hacer", ha añadido Carlos Martín.

El viceconsejero ha asegurado que la Junta ha comenzado el diálogo con posibles interesados en las instalaciones garreñas, por lo que se ha mostrado esperanzado en que "durante los próximos meses encontremos una solución para que se recupere el empleo perdido en Ondara".

Futuro para los 151 despedidos

Martín ha insistido en que la Junta "continúa trabajando en la recolocación y la recualificación de los 151 empleados que salieron del ERE de Ondara". La Consejería de Economía y Hacienda ha expuesto a la Federación de Organizaciones Sorianas (FOES) el programa Retos, que da facilidades económicas para los contratos.

Concretamente, este contempla bonificaciones por contrato indefinido entre los 10.000 y los 12.000 euros, siempre que la prestación laboral tenga una duración, al menos, de dos años.

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