La Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios dictamina esta medida que deberá ser aprobada por el Pleno provincial.
Diputación está trabajando en el cumplimiento de la orden del Ministerio de Hacienda del 29 de septiembre en previsión de las solicitudes de fondos europeos que se hagan desde la institución en las diferentes convocatorias.
Se trata de crear una capa de control adicional para controlar el cumplimiento de las obligaciones que imponen con la gestión de los fondos europeos tanto de resiliencia como en el marco financiero plurianual 21-27.
Se ha constituido este comité antifraude, que es obligatorio para todos los proyectos europeo que se consigan traer desde la institución provincial, y del que formar parte los principales responsables de los departamentos de la institución: Secretaría General, Intervención, Contratación, Tesorería y Desarrollo Económico, cuyo responsable ha sido elegido para presidir el comité.
La Comisión de Personal también ha aprobado la declaración institucional de Lucha contra el fraude y el Plan Antifraude que cuenta con cuatro tipos de medidas, como prevención, detección, corrección y persecución. En este punto, los diputados socialistas se han abstenido a la espera de que se les resuelvan diversas dudas que han planteado, a las que se dará contestación por parte del presidente del Comité Antifraude, para que todos los extremos estén claros antes de que pase por pleno para su aprobación definitiva.
La Diputación se dota de un comité de técnicos que se posiciona por encima del procedimiento administrativo con el fin de evitar cualquier posibilidad de fraude con los fondos europeos y también para cumplir con el mandato de la UE. La directiva UE 2017/1371 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión canalizada como directiva PIF (protección de intereses financieros) y el reglamento UE (2018/1046) sobre las normas financieras aplicables al presupuesto de la Unión.
En la Comisión se ha acordado la necesidad de ofrecer a los técnicos componentes del comité la formación necesaria para cumplimentar el cometido al que deben afrontar y que se pondrá en marcha siempre que se ejecuten fondos europeos y se incluirá al responsable técnico del departamento que lo vaya a gestionar.
La institución provincial ya cuenta con la concesión de fondos europeos de resiliencia, concretamente se han concedido cuatro proyectos que solicitó Servicios Sociales en enero de 2021 y que se aprobaron por el convenio con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Los cuatro proyectos se desarrollarán hasta 2023 con un presupuesto global de 1.707.590 euros.