El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, recuerda a las personas refugiadas “la conveniencia de regularizar su situación en España para facilitar su acceso a los servicios fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.
Este martes, el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha presidido la reunión de coordinación para la acogida y protección de refugiados ucranianos en la provincia de Soria, con la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, y representantes de los Ayuntamientos de Soria, El Burgo de Osma, Ágreda y Almazán, además de la Diputación de Soria, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, INSS y las ONGs APIP-ACAM, CEPAIM, ACCEM y Cruz Roja, responsables de la recepción y atención en la provincia.
El subdelegado ha constatado que, en Soria, hasta el momento, “se está respondiendo de forma eficaz a las necesidades de acogida y protección, sanitarias y educativas de las personas que llegan” y ha valorado que “la experiencia de coordinación y colaboración entre las distintas administraciones públicas acumulada durante la pandemia resulta ahora de gran utilidad para atender a estas personas en todas sus necesidades”. Así mismo se han puesto en común los medios y formas de actuación para maximizar la coordinación entre todas las partes implicadas.Protección temporal
Alrededor de 170 personas procedentes de aquel país han llegado a la provincia de Soria tras comenzó la guerra, hasta este pasado viernes. En primer lugar, a estas personas se las dirige a la Comisaría de la Policía Nacional y, si es preciso, son acompañadas por agentes de la Policía o de la Guardia Civil que las ayudan. Allí es donde solicitan la protección temporal, de modo que se les facilita un Número de Identidad de Extranjero -NIE- y en 24 horas disponen de permiso de residencia y de trabajo.
Recepción, acogida y servicios
Las ONGs APIP-ACAM, CEPAIM. ACCEM y Cruz Roja trabajan en la recepción y acogida de las personas que huyen de la guerra en Ucrania, al amparo de un programa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Mientras, la Junta de Castilla y León presta los servicios sociales, sanitarios, de empleo y educación, siendo que la Gerencia de Servicios Sociales valora la situación de los menores que llegan solos o acompañados por personas que no son sus padres para garantizar su protección y la idoneidad de los adultos que los acogen.
El subdelegado ha recordado a las personas refugiadas “la conveniencia de regularizar su situación en España para facilitar su acceso a los servicios fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales”. Además, Latorre ha indicado la puesta a disposición de todos los medios de la AGE para “hacer más fácil la llegada y estancia de los refugiados, unas personas que están en situación muy difícil”.