Afirman que “ni vamos a parar el trabajo, ni el movimiento social va a retroceder”.
Una vez confirmada la aceptación por parte del PP de Castilla y León de la tramitación de la Ley de 'Violencia Intrafamiliar' y de la 'Ley de Concordia', las asociaciones memorialistas castellanoleonesas manifiestan su "indignación y rechazo" a un pacto que supone un "ataque frontal contra derechos fundamentales y la claudicación por parte del Partido Popular ante las políticas de odio que la ultraderecha ha exigido para garantizar la investidura como presidente de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco".
Explican que la creación de una Ley de Concordia anularía el Decreto de Memoria, al ser el segundo una norma de menor rango. Con ello, la memoria histórica regional estaría regida por dicha Ley. Basados en las declaraciones previas en materia memorialista del partido ultraderechista, las asociaciones castellanoleonesas consideran el "demagógico uso de la concordia como un ataque a los derechos de las víctimas y sus familias y una actitud contraria a los derechos humanos".
"Tras la exigencia de concordia se esconde la voluntad de silencio y el abandono de las escasas políticas en favor de las víctimas de la dictadura militar y la ocultación de los crímenes de lesa humanidad del franquismo", aseguran.
Hay que recordar que en Castilla y León apenas hubo resistencia frente a los militares levantados contra el régimen democrático de la II República y el gobierno legalmente constituido. Aun así, hay unos 15.000 civiles (maestros, sindicalistas, concejales, profesionales liberales, trabajadores de la comunicación...) víctimas de desapariciones forzadas o de condenas de tribunales especiales ilegítimos, asesinados inermes sin más motivo que su pertenencia o simpatía hacia partidos u organizaciones republicanas, enterrados en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización.
Numerosos familiares de desaparecidos se han puesto en contacto con las asociaciones memorialistas ante el temor de que no continúe la búsqueda de las víctimas. Las asociaciones memorialistas recuerdan que llevan años de esfuerzo personal y económico, y nunca han permitido que paguen las familias por algo de lo que debe hacerse responsable el Estado. Siempre se ha actuado habiendo o no fondos para la Memoria Histórica, y eso va a continuar así. "El movimiento social no se va a detener y el trabajo por los derechos humanos tampoco", puntualizan.
En Castilla y León nacen también las exhumaciones modernas en España con carácter científico en el año 2000 siendo hasta la fecha la comunidad autónoma con mayor número de actuaciones en este ámbito. Y ello, a pesar de haber trabajado sin un marco legislativo y sin apoyo de la Junta hasta que aprobó el limitadísimo Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, uno de los últimos en aparecer en España.
Las asociaciones memorialistas de Castilla y León consideran lamentable la anulación de los decretos sociales que exige VOX. Las afirmaciones de este partido sobre la derogación del Decreto de Memoria Histórica de Castilla y León reflejan lo que es Vox, al poner el foco en provocar y en destruir derechos fundamentales, no en el bienestar de los castellanoleoneses.
Según estas asociaciones uno de sus objetivos es eliminar políticas que afectan a las mujeres, y concretamente a las más desfavorecidas, aquellas que sufren violencia de género. El otro foco de su ataque es un Decreto de Memoria Histórica absolutamente limitado, especialmente hacia las víctimas de los mayores crímenes que se han cometido en esta tierra durante la Guerra Civil y el Franquismo, pues todavía continúan tiradas por campos y cunetas de toda la región cientos de víctimas de la Represión.
Ante estas situaciones, subrayan, la mayor parte de la sociedad sabe que los derechos, la libertad y la protección a las mujeres es algo absolutamente irrenunciable. Además, las víctimas del franquismo y sus familias no pueden seguir como están a día de hoy, puesto que clama al cielo la situación en que se encuentran los desaparecidos: con penas y condenas todavía vigentes, documentos clasificados, la imposibilidad de reparación para sus familias, a lo que se le suman los ataques de la extrema derecha mediante mensajes de odio hacia este sector. España no solo no respeta los mandatos de la ONU respecto a Derechos Humanos, sino que hay un partido contrario a éstos que participa en el proceso democrático, y que va a tener una posición privilegiada en Castilla y León gracias al Partido Popular. Pronto, afirman los memorialistas, han dejado de atacar a la derechita cobarde y denunciar el estancamiento en los cargos para sumarse al carro.
Para estas asociaciones, el PP, por su parte, "está tirando por la borda su propio trabajo, sus propias políticas". Si algo que han visto tan necesario, como un Decreto de Memoria Histórica o sus aportaciones al problema de la violencia de género, es derogado solo para formar gobierno, quiere decir que el PP no está trabajando por Castilla y León, sino que lo único que quieren es "conservar el poder, al margen de sus propios compromisos y de los principios democráticos".
Firman el comunicado: