CASTILLA Y LEóN
Actualizado 08/04/2022 16:31:10

Cristina Danés, lamenta el rechazo de la Junta de Castilla y León a un Plan Hidrológico que contiene un programa de medidas de 2.250 millones de euros, de los que más de 1.000 están vinculados de manera directa o indirecta con el medio rural y, en concreto, con el regadío y su incidencia positiva en el reto demográfico.

El Consejo del Agua de la Demarcación ha informado el proyecto definitivo de Plan Hidrológico del Duero para el período 2022-2027, que recoge un ambicioso programa de medidas, al que harán frente administraciones y usuarios, con una inversión de 2.250 millones de euros. El objetivo de la nueva planificación hidrológica es alcanzar el buen estado de las masas de agua y la adecuada protección del dominio público hidráulico, en un contexto de cambio climático con mayor incidencia de los fenómenos extremos, en equilibrio con la satisfacción de las demandas para los diferentes usos.

Tras la celebración del Consejo del Agua, el proyecto de Plan Hidrológico se elevará al Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para su aprobación mediante Real Decreto. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Cristina Danés, lamenta el rechazo de la Junta de Castilla y León a un Plan Hidrológico que contiene un programa de medidas de 2.250 millones de euros, de los que más de 1.000 están vinculados de manera directa o indirecta con el medio rural y, en concreto, con el regadío y su incidencia positiva en el reto demográfico, con medidas para actuaciones de modernización de regadíos, por un importe de 768 millones de euros, de aumento de la capacidad de regulación, y nuevos regadíos, entre otras medidas.

Con su voto en contra, la administración autonómica no apoya tampoco la decisión de la CHD de levantar la prohibición vigente de plantar chopos en el dominio público hidráulico, no apostando en definitiva por la cadena de valor de las choperas en la cuenca, un sector que genera más de 10.000 empleos, un 30% de ellos en el medio rural.

Asimismo, la Junta no ha asumido un importante número de medidas de su competencia dirigidas a reducir la contaminación difusa en las aguas, lo que va a repercutir directamente en que el 52% de las masas de agua subterráneas no va a alcanzar el buen estado en el año 2027. Además de desechar inversiones para actuaciones dirigidas a mejorar el estado de conservación de hábitats y especies vinculados al agua.

La elaboración del documento es el resultado de un proceso intenso de participación pública en todas las fases de su redacción y del diálogo desarrollado con los interesados. Durante la tramitación se han celebrado 13 reuniones, webinar y distintos talleres temáticos y jornadas divulgativas, apostando por la máxima participación de las partes implicadas.

Medidas transformadoras

El nuevo Plan se alinea con la estrategia del Pacto Verde Europeo y afronta el cambio climático como un reto global, poniendo el foco en la lucha contra la contaminación, la preservación y recuperación de ecosistemas y biodiversidad, a través de medidas precisas para alcanzar los objetivos ambientales en la cuenca.

En este tercer ciclo de planificación hidrológica, el Plan ofrece un importante programa de restauración fluvial que afecta a 227 masas de agua tipo río con 5.000 kilómetros fluviales, y medidas de mitigación con el fin de que puedan alcanzar el buen estado ecológico en las mismas.

En el Plan se incluye el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación que recoge actuaciones de reducción de vulnerabilidad en determinadas áreas de los ríos Esla, Tera, Esgueva, Pisuerga, Carrión y Valderaduey entre otros. En definitiva, el nuevo Plan tiene como objetivo reducir las presiones que soportan las masas de agua, mejorar los sistemas de depuración, fomentar el ahorro de agua y la reutilización y atender las demandas de agua de manera que sean compatibles con su buen estado, lo que permitirá asegurar la calidad y cantidad del recurso.

El Consejo del Agua celebrado hoy constituye el foro en el que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los usuarios del agua y las organizaciones de defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionados con la gestión del agua, ponen de manifiesto y coordinan sus respectivas visiones sectoriales con incidencia en la política hidráulica para planificar, de manera conjunta, la gestión del Dominio Público Hidráulico.

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