Durante la jornada sobre despoblación que UGT celebra hoy y mañana en Soria, el secretario de Estado de Política Territorial asegura que el Gobierno tiene como objetivo “ofrecer en todo el territorio los mismos derechos y oportunidades, desde el convencimiento de que el reto demográfico es también un reto democrático”.
Este jueves, el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, ha destacado en Soria que “los poderes públicos debemos garantizar que quien quiera vivir en un pueblo no renuncie a hacerlo por falta de servicios públicos o infraestructuras”.
González ha subrayado, en el acto de inauguración de las Jornadas 'UGT y el Reto Demográfico, desafíos y oportunidades ante el problema de la
España Vaciada', que la desaparición de un pueblo supone un drama para el patrimonio cultural de un país y para la memoria de quienes lo habitaron, pero “el problema ante el que debemos sentirnos concernidos los responsables públicos es la pérdida de calidad de vida y de los derechos constitucionales de los ciudadanos que habitan en pequeños núcleos de población”.
“La España despoblada no es solo un problema demográfico, constituye también una verdadera crisis del territorio con implicaciones económicas, sociales y políticas como consecuencia de décadas de falta de equidad social”, ha subrayado.
El resposable gubernamental ha añadido que no existe vertebración territorial sin vertebración social: “Nuestra meta pasa por ofrecer en todo el territorio los mismos derechos y oportunidades desde el convencimiento de que el reto demográfico es también un reto democrático”.
Las jornadas sobre reto demográfico se celebran hoy jueves y mañana en la capital soriana, ciudad perteneciente a una provincia que "ejemplifica a la perfección" la realidad al hablar de 'España vaciada'. No obstante, “Soria representa también la voluntad de crecimiento y modernización de esos territorios perjudicados por las dinámicas de desarrollo de nuestro país”, ha explicado.
Despoblación
El fenómeno de la despoblación hoy ya no es únicamente el éxodo rural, “hoy consiste también en el vaciamiento de ciudades de medias y pequeñas, en un proceso de concentración económica y social en torno a megaciudades. La realidad no debe impedir que los poderes públicos afrontemos los efectos negativos de la despoblación”, ha recalcado González.
Según ha manifestado, la despoblación en España tiene un origen y causas definidas en los siglos XIX y XX: la llegada tardía de la industrialización, la parálisis reformista, la ausencia de políticas de cohesión territorial antes de la democracia, un sistema radial de transporte y comunicaciones y el plan de estabilización con el que la dictadura suministró mano de obra a los núcleos urbanos, iniciando el vaciamiento de la España interior. Se fue configurando un modelo territorial de concentración de la inversión, el empleo y la población.
Los datos que ha aportado reflejan que el 85% de los españoles vive en el 15% del territorio nacional. 7.000 municipios españoles (84%) tienen menos de 5.000 habitantes y 5.000 (62%), menos de 1.000. Tres de cada cuatro municipios han perdido población y Zamora, en Castilla y León, es la provincia que más población ha perdido en este siglo, un 16%. “Los datos demuestran que en España se estaba incubando un importante problema de despoblamiento de buena parte de nuestro territorio”, ha remarcado.
Respuesta de los poderes públicos a la despoblación
La sociedad española y las fuerzas políticas han tomado conciencia de la urgencia de afrontar el desafío demográfico y lo sitúan en primera línea de la agenda institucional: “Los poderes públicos tenemos la capacidad de modificar el curso de los acontecimientos con políticas públicas, reformas e inversiones”.
El secretario de Estado reitera que se han identificado las vulnerabilidades territoriales y se han diseñado políticas públicas para una mayor cohesión social y territorial: “Por primera vez, España dispone de una política transversal desde la Secretaría General de Reto Demográfico, con más del 80% de del Plan de Reto Demográfico de esta legislatura puesto en marcha, con un presupuesto de 10.000 millones de euros hasta 2023”.
“Los fondos europeos representan una oportunidad histórica para transformar el modelo productivo hacia una economía más verde, innovadora y digital. Un nuevo modelo frente al reto demográfico y preservar la equidad en el acceso de todos a servicios, prestaciones e infraestructuras”, ha añadido.
Desconcentración institucional
El Ministerio de Política Territorial impulsa un proceso de desconcentración institucional del sector público estatal, que pasa por instalar en los territorios sedes institucionales para generar actividad y empleo. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de marzo el Real Decreto que establece el procedimiento para determinar las nuevas sedes. Un proceso de elección "racionalizado, objetivo, competitivo y transparente basado en criterios como la cohesión territorial o la eficacia de los servicios públicos".
Para el secretario de Estado, Soria es un claro exponente de este proceso, porque albergará el nuevo Centro Nacional de Fotografía y aquí se trasladará el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social. “Compartir Estado supone compartir oportunidades para todos los territorios”, ha significado.
Para González, la despoblación es “un fenómeno complejo que trasciende del éxodo rural y que nos invita a pensar nuevos modelos de ciudad sostenibles y habitables, nuevos modelos de prestación de servicios públicos y nuevos patrones de relaciones sociales y de consumo”. No considera antagonismos irreconciliables la dicotomía urbano-rural o ciudades grandes y pequeñas: “No estamos ante un juego de suma cero, que unos ganen no implica que otros pierdan. Estamos ante una simbiosis, impulsando las zonas rurales y las ciudades pequeñas y potenciando sus
oportunidades, podemos ganar todos”.
Ha concluido su intervención asegurando que el Gobierno es consciente de que estamos en un momento crucial que marcará el devenir de la España interior en las próximas décadas: “La cohesión social de nuestro país pasa por impulsar el desarrollo del conjunto del territorio y estamos firmemente comprometidos junto a la sociedad civil y las demás administraciones públicas, a cumplir este objetivo”.