El ejecutivo de PP y Vox se externa con un plan negociado con “anticipación” y “ambicioso”. “Apoyar a que las familias lleguen a final de mes y a que no cierren las empresas es lo que más ayuda a la sociedad y a la economía”, destaca Mañueco
Alfonso Fernández Mañueco ha presentado hoy, tras presidir el primer consejo de gobierno del nuevo ejecutivo PP-Vox, un plan de medidas urgentes para atacar las consecuencias de la inflación y de la guerra de Ucrania en la economía de la región. Un plan “coherente y ambicioso” que se articula en 20 ejes y 75 medidas y con un impacto para las arcas autonómicas de 470M€.
La medida estrella es una rebaja de la presión fiscal con medio punto en el IRPF hasta dejarlo en el 9%. Esto supondrá 20M€ más al año en los bolsillos de los contribuyentes y la medida estará vigente los 4 años de la legislatura. Así se convierte Castilla y León en la segunda región con el tipo mínimo en España. Carriedo, consejero de Economía, señalaba que las rentas más bajas se ahorraran 35€ al año con respecto a la situación actual. Una cifra que sube hasta los 105€ por persona y año si se compara con otras regiones con impuestos más altos.
Carriedo ha presumido de que “tenemos los mejores servicios públicos de España y lo hacemos con impuestos bajos, con déficit reducido y un endeudamiento menor que la media”. Por su parte, Mañueco ha señalado que este plan de medidas se ha trabajado entre Vox y el PP de manera “responsable y discreta” con “antelación” para tenerlo listo el primer día del nuevo ejecutivo.
Entre las medidas, que pueden consultarse en su conjunto en el archivo adjunto, se encuentra también la devolución de las tasas autonómicas de 3 meses para el transporte de carretera y a los servicios veterinarios, el anticipo de los descuentos a las gasolineras, 45M€ para las familias más vulnerables, las subidas de las ayudas por desplazamiento por asistencia sanitaria y las dietas por viaje de los funcionarios, 20M€ para fomento del empleo o 10M€ para el sector ganadero.
La Junta explica que no se van a recortar otras partidas y que “los no ingresos” que suponen estas ayudas “van a favorecer el impulso de la actividad económica, el ahorro y la inversión” y que “eso va a favorecer de cara al futuro el incremento de la recaudación”. “Lo verdaderamente caro es no tomar medias”, señalaba Carriedo.
El impacto estimado de la puesta en marcha de estas medidas, en la parte que es responsabilidad de ejecución de la Junta de Castilla y León, se eleva a 470,8 millones de euros.
A ello podría sumarse un impacto de 335,4 millones de euros adicionales, siempre que el Gobierno de España atendiera a las demandas relacionadas con la aplicación del IVA superreducido y la dotación del Fondo específico de ayuda a sectores afectados por la crisis.