Desde el pasado 1 de abril que se abrió la veda para la caza del corzo en rececho, la Guardia Civil ha investigado en diferentes cotos de la provincia a 5 personas por delitos de caza furtiva. Carecían de autorizaciones de los cotos para la caza de esta especie, además de incurrir en otras infracciones.
En el marco de la operación RED DOT 2 establecida por el Seprona para hacer frente a la problemática que representa la caza furtiva, impulsándose la investigación de los ilícitos penales que puedan cometerse y la lucha contra los grupos y organizaciones criminales que actúan en este ámbito, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, han investigado en este mes en la provincia a 5 personas, como supuestos autores de otros tantos supuestos delitos relativos a la protección de la flora y la fauna.
Los hechos ocurrieron en los cotos de caza pertenecientes a las localidades de Valdanzo, Cuevas de Ayllón, Valdelubiel y Andaluz y las personas investigadas son procedentes de las provincias de Albacete, Ávila, Madrid y Granada que han cazado corzos en los citados cotos de la provincia de manera furtiva, sin contar con las autorizaciones de los titulares de los terrenos cinegéticos.
A la vista de los hechos, se han instruido las correspondientes diligencias penales, que han sido remitidas a las diferentes autoridades judiciales competentes en la provincia, habiéndose decomisado 3 rifles, un cuchillo de caza, diversa munición metálica, así como otros efectos utilizados para la caza. También se ha localizado 4 cuerpos de corzo con la cabeza cortada.
Además, se han detectado varias infracciones administrativas a la normativa sobre caza que han sido denunciadas ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria.
El furtivismo se considera un problema por los múltiples efectos que genera, desde importantes pérdidas económicas hasta desequilibrios en los ecosistemas en el caso de acciones indiscriminadas de especies cinegéticas. En nuestro Código Penal el delito de caza furtiva está castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para ejercicio del derecho a cazar por tiempo de dos a cinco años.