Los parlamentarios sorianos aseguran que PP y Vox se han opuesto “frontalmente” a las iniciativas del Ejecutivo como la rebaja del precio de los combustibles o el bono social eléctrico, entre otras.
El PSOE de Soria quiere poner en valor la importancia de la validación ayer en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
El diputado Javier Antón ha lamentado enormemente que un paquete de medidas que repercuten directamente en los ciudadanos y empresas se haya encontrado con la “oposición frontal” del Partido Popular y Vox. “Una vez más han votado en contra a medidas que protegen a los ciudadanos y sectores más afectados, preservando al máximo la senda del crecimiento y la creación de empleo”, ha significado. Las medidas recogidas en el plan están diseñadas para “las personas y empresas bajando los impuestos y sin ningún recorte social en la prestación de servicios” ha subrayado.
Consideran en el PSOE que en la provincia de Soria también tendrá un importante reflejo sobre todo la medida más conocida de este plan, como es la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible de la que se podrían beneficiar los 54.800 conductores sorianos. El impacto económico para Soria podría suponer aproximadamente un ahorro para los bolsillos de los sorianos de 2,5 millones de euros cada mes según los datos de consumos del Ministerio. En la provincia hay matriculados 6.461 camiones, 7.700 furgonetas y 112 autobuses que se beneficiarán del nuevo fondo de 450 millones de euros a nivel estatal con ayudas directas de 1.250 euros por camión, 900 por autobús y 500 por furgonetas.
Acuerdo histórico en la UE
A ello se suma el “logro alcanzado en la UE de la propuesta de Pedro Sánchez para intervenir el mercado eléctrico y rebajar en un 30% la factura de la luz para familias y empresas con tarifa regulada y, por tanto, poner coto al incremento de la inflación”, consideran en la formación. “Esta histórica medida, sienta un precedente pionero en Europa al permitir medidas específicas en el mercado energético ibérico que ponen por delante los intereses de la ciudadanía”, mencionan.
Así, en función del acuerdo alcanzado, el precio de referencia del gas se fijará en torno a un precio medio de 50 euros por megavatio hora a lo largo de los doce meses que esté en vigor este acuerdo. En un inicio, los primeros meses, el límite se establecerá en unos 40 euros, para ir luego subiendo progresivamente.
En lo que respecta a la revisión de alquileres, calculan que en la provincia hay registradas 2.700 viviendas en arrendamiento y para ellas se contempla una revisión de alquileres como máximo del 2%.
Muy importante, para Antón es que la cuantía del ingreso mínimo vital aumentará un 15% durante tres meses para los 452 beneficiarios sorianos de los cuales, 166 son menores mientras que el bono social eléctrico se podría ampliar a más de 2.800 hogares sorianos.
El impacto sobre la extensión del plazo de vencimiento por préstamos avalados por el ICO también tiene proyección en Soria donde se han concedido 1.824 con una financiación de 191,1 millones de euros y con 148,6 millones de avales. Del paquete de 362 millones de ayudas destinado para el sector primario en Soria se contabilizan potencialmente 2.200 perceptores en explotaciones agrarias y 1.500 en explotaciones ganaderas para paliar las subidas de carburantes y piensos, “a los agricultores y ganaderos además de acompañarlos en las manifestaciones también hay que apoyarlos aprobando medidas que alivian la situación que están atravesando”, sostiene Antón.
El Plan Nacional de Respuesta al impacto económico y social de la Guerra recogido en el Real Decreto validado por el Congreso se los Diputados se marca como objetivos bajar el precio del gas, electricidad y carburante, apoyar a los sectores y empresas más afectados y a los colectivos más vulnerables, así como garantizar los suministros o proteger la estabilidad financiera.
Y para ello, el Gobierno de España ha establecido como principales medidas para ayudar a las familias trabajadoras, personas desplazadas y ayuda humanitaria como la bonificación mínima de 0,2 euros por litro de combustible, la prohibición de despido a empresa que reciban ayudas directas o ERTEs con apoyo público, la revisión de alquileres máximo un 2 %, el aumento en 15% del IMV o la ampliación del bono social eléctrico.