Para recuperar su poder adquisitivo, que arrastra una pérdida de más de un 15% desde 2010, y para exigir al Gobierno la negociación de la subida salarial, a lo que se está negando. En Castilla y León, los más de 160.000 empleados públicos del conjunto de las administraciones, están convocados a concentrarse ante las subdelegaciones del Gobierno de las nueve provincias.
CSIF recuerda que los empleados públicos llevan contribuyendo -de hecho- a un pacto de rentas desde hace más de diez años, con un deterioro creciente de las condiciones laborales y un incremento de la temporalidad, que ahora está en más del 32% (primer trimestre de 2022). El Gobierno debe ser punta de lanza del empleo de calidad, y tiene que poner en marcha -cuanto antes- la ley para reducir la temporalidad en las administraciones del Estado, remarca CSIF, que la Unión Europea ha concretado que debe ser menos del 8%.
Este sindicato independiente reclama más oferta de empleo público, y la supresión de las tasas de reposición, ante la pérdida de miles de puestos y la tremenda avenida de jubilaciones que se espera para los próximos años. Pide una “justa” equiparación salarial entre diferentes comunidades y administraciones; respeto para los derechos de los trabajadores de clases pasivas; o la mejora de las condiciones laborales de los empleados, por la dignificación de la labor de los empleados públicos y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. La movilización cuenta con la adhesión y apoyo de JUSAPOL.