El defensor autonómico inicia una actuación de oficio dirigida a estas instituciones para que hagan frente, de forma conjunta, al problema de una forma más eficaz y como complemento a las iniciativas llevadas a cabo por cada una de ellas.
El Procurador de Común de Castilla y León inició una actuación de oficio al ser conocedor de la incapacidad o dificultad que tiene parte de la ciudadanía para acceder a los servicios y productos financieros en el mercado, con el fin de satisfacer sus necesidades y mantener una vida socialmente normalizada.
Este tipo de exclusión financiera constituye una preocupación creciente, especialmente en el ámbito rural, donde es una realidad la progresiva eliminación de las oficinas de las entidades bancarias y sus cajeros en muchas localidades de nuestra Comunidad e, igualmente, la paulatina supresión de los servicios con los que se pretendía suplir las consecuencias del cierre de esas oficinas, como los que se venían prestando a través de oficinas móviles operadas por las propias entidades bancarias.
Ante esta realidad, el defensor del pueblo autonómico se ha dirigido a las Diputaciones Provinciales de la Comunidad para pedir información sobre las iniciativas que han llevado y están llevando a cabo para que los ciudadanos afectados por la carencia de servicios bancarios cuenten con alternativas que cubran sus necesidades. Una vez obtenida dicha información, el Procurador del Común ha podido comprobar que todas las Diputaciones Provinciales han iniciado o puesto en marcha medidas para hacer frente a la problemática señalada; tales como promover que los ayuntamientos aporten edificios de su titularidad en los que puedan instalarse cajeros o incluso personal de entidades colaboradoras con las que se pueda contar; licitar cajeros móviles, o el aprovechamiento en algún caso del servicio del Bibliobús para cubrir, junto con el servicio cultural, otro tipo de servicios financieros; colaborar con Correos para la instalación de cajeros e implementar los servicios disponibles en los puntos de atención que tiene la empresa pública en pequeñas poblaciones, y para cubrir necesidades como la de obtener dinero y pagar tributos a través de los carteros rurales a los que puedan acudir los vecinos; habilitar transporte a demanda que permita a los vecinos desplazarse a los lugares más próximos en los que poder hacer sus operaciones bancarias; e, incluso, promover el uso de las tarjetas y otros instrumentos de pago telemático entre los ciudadanos previas acciones de formación.
En todo caso, tras ser valorada la información proporcionada por las Diputaciones Provinciales, el Procurador del Común ha podido comprobar que estas Administraciones están adoptando medidas de forma aislada, sin compartir las experiencias obtenidas por cada una de ellas en lo relativo a sus iniciativas, y sin aprovechar la mayor eficacia de actuaciones que, desarrolladas de forma conjunta, podrían permitir en mayor medida cubrir las necesidades de los ciudadanos afectados por la exclusión financiera.
Por ello, el Procurador del Común, a través de la correspondiente Resolución, ha pedido a las nueve Diputaciones Provinciales de la Comunidad que fijen un espacio de encuentro que les permita poner en común las medidas desarrolladas por cada una de ellas para hacer frente a la carencia de servicios financieros en las zonas menos habitadas; compartir y valorar las experiencias obtenidas en cuanto a la mayor eficacia de unas u otras medidas y sus ventajas e inconvenientes; y explorar la posibilidad de que, a través de una actuación conjunta de dichas Administraciones, se puedan adoptar medidas, contando con las entidades financiaras, que resulten más eficaces para proporcionar servicio a las personas que residen o tienen sus formas de vida en el medio rural.