El presidente de la Asociación Soriana de Atención a la Dependencia, Francisco Javier Sanz Alonso, pide que la norma venga acompañada de financiación para evitar “un duro golpe” para los usuarios y sus familias.
La Asociación Soriana de Atención a la Dependencia (ASAD) se ha mostrado muy preocupada por la aprobación, previsiblemente mañana, del Acuerdo Estatal sobre la acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema de atención a la dependencia para el conjunto de España, que supondrá la reducción de plazas y servicios en las residencias asociadas del mundo rural.
ASAD se suma a las denuncias realizadas por la patronal regional (Acalerte) y las nacionales, que estiman que 55.000 personas mayores vulnerables se quedarán sin atención y hasta 25.000 profesionales corren el riesgo de perder el empleo en el caso de que este jueves salga adelante el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los términos en los que está redactado.
Según la agrupación soriana, la nueva normativa obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros y servicios existentes, y a "reducir de manera significativa plazas en las más de 5.200 residencias que actualmente hay en toda España". La propuesta contempla una serie de medidas entre las que destacan la limitación a 75, 90 ó 120 plazas dependiendo de la densidad de población de la zona en la que se ubica el centro, "y un plazo de reconversión de los centros ya acreditados y los centros en construcción/promoción hasta el 31 de diciembre de 2029".
El nuevo documento del Ejecutivo, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recoge entre otros aspectos que los centros que se construyan tras la aprobación de este acuerdo "no podrán superar las 60 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas"; mientras que las "localidades o zonas de densidad intermedia" tendrían el límite en 90 plazas; las "ciudades o zonas densamente pobladas", en 120.
Francisco Javier Sanz Alonso, presidente de ASAD, cuestiona la decisión del Gobierno y cree que "no puede obligar a las empresas del sector a aplicar un nuevo modelo que no lleva acompañada la financiación necesaria para garantizar la prestación de servicios". En este sentido ha remarcado que el sector reclama que la nueva norma "venga acompañada de una memoria económica que cuantifique el coste de estos cambios y aclare cómo se va a financiar".
Duro golpe a empresas y familias
“En una provincia como Soria, tan envejecida, y en una región como Castilla y León, la Atención a la Dependencia es un servicio fundamental que se convertirá en prioritario en pocos años, con la incorporación de la generación del baby boom”, defiende Sanz, quien considera que el nuevo acuerdo supone “un duro golpe” tanto para las empresas, como para los mayores y sus familias.
“Un cambio como el que previsiblemente aprobará mañana el Gobierno sin escuchar a las patronales perjudica a toda la sociedad, no solo a las empresas, sino fundamentalmente a los propios usuarios y sus familias que se encontrarían sin la oferta necesaria, tanto en cantidad como en calidad, para recibir la atención que necesitan y a unos precios en torno a un 50% superiores a los actuales”, asegura .
En opinión del presidente de ASAD, “los más perjudicados serán los mayores más vulnerables, aquellos con las pensiones más reducidas”. Las empresas piden que las administraciones complementen las bajas pensiones de los usuarios (la media en la región es de 1.078 euros) hasta alcanzar los 2.700 euros en 2029 para garantizar la viabilidad del sector.
La reestructuración sin financiación propuesta por el Gobierno supondrá, a juicio de ASAD, una "merma en la oferta de plazas, ya sujetas a lista de espera, así como la pérdida de empleo".
El sector de la atención a las personas es, en Castilla y León, el que más empleo genera por millón de euros invertidos, con 66,2 puestos de trabajo por cada millón invertido, frente a los 40,4 empleos en España.
ASAD se une a las críticas contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Iones Belarra, y le pide consenso en cualquier decisión sobre un sector que es esencial para la provincia de Soria.
Los nueve centros asociados a la agrupación ofrecen servicio a 540 residentes y emplean a 120 personas de distintos perfiles profesionales.