Ha remitido un escrito a la Dirección General de Función Pública y al Comité Intercentros de Seguridad y Salud.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Junta que no discrimine a más de 50.000 de sus empleados, al aplicar un modelo mixto de prevención laboral que se aleja de la norma habitual, más cuando el Servicio Público de Sanidad de Castilla y León (SACYL) tiene implantado un modelo de prevención propio, asumiendo todas las especialidades y con un funcionamiento totalmente satisfactorio.
En un escrito remitido a la Dirección General de Función Pública y al Comité Intercentros de Seguridad y Salud, el pasado 24 de mayo, CSIF explica que, en este momento, a esos trabajadores se les está aplicando un modelo mixto para cubrir las cuatro especialidades existentes de prevención. La atención de la higiene industrial y ergonomía/psicosociología aplicada se prestan por medios propios, y lo relativo a la seguridad en el trabajo y medicina del trabajo se atiende por servicios ajenos, mediante adjudicación de un concurso público.
En el acuerdo marco de 29 de octubre de 2015, para la recuperación de los derechos de los empleados públicos en la legislatura 2015-2019, se incluía el estudio, a lo largo de 2016, sobre “la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixtos, hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas”.
Por ello, CSIF considera que, después de tantos años, ha llegado el momento de que la Junta asuma esa integración completa de la prevención laboral, con sus propios recursos, que implica atender la seguridad en el trabajo y la vigilancia de la salud, como así marca la ley para toda empresa con más de 500 trabajadores.
En el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, aprobado en 2015, se estableció la existencia de dos modelos. Uno, para los empleados de la Gerencia Regional de Salud, que asume con medios propios toda la atención preventiva; y otro para los trabajadores de Administración General, Educación, Gerencia de Servicios Sociales y Servicios Público de Empleo, que cuentan con el modelo mixto mencionado.
Curiosamente, esa normativa específica se establece después de una denuncia realizada a la Inspección de Trabajo, sobre el incumplimiento de la obligación, por parte de la Junta, de tener un servicio de prevención propio, con todas las especialidades, como marca el Real Decreto 39/1997. El nuevo plan permitía hacer una excepción ante la normativa general.
Como CSIF constata que el modelo preventivo completo que atiende la Gerencia Regional de Salud -con las cuatro especialidades- “funciona”, insta a la Junta a que cumpla con el compromiso adquirido en 2016, e incluya esta petición en la Mesa General de Negociación. Afirma que “se está discriminando a una parte de los trabajadores públicos de la Junta, cuando todos están bajo la misma administración, y los gastos de personal se contemplan en los mismos presupuestos generales de la Comunidad”.
CSIF remarca que hay varios motivos para que la Junta afronte este cambio. Primero, porque debe apostar por un modelo normalizado único para todos los servicios públicos de Castilla y León. Segundo, porque valora que aprovechar las sinergias de Sacyl, en materia de vigilancia de la salud, es la mejor opción, y la que ofrecerá un mejor servicio y mayor ahorro a medio y largo plazo.
Una tercera razón es que el convenio firmado con los servicios de prevención externos vence en octubre de este año 2022; y una cuarta final, que está prevista una revisión general de las RPTs de la Administración General, “lo que brinda una magnífica posibilidad de integrar las especialidades de prevención no asumidas hasta ahora”.