El nuevo Decreto incluirá a las víctimas de violencia intrafamiliar y se adecuará a las nuevas figuras legales de protección de las personas en situación o riesgo de exclusión social.
El Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León ha publicado hoy, para el trámite de consulta pública previa, la modificación del Decreto por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción laboral y se crea su registro administrativo. De esta forma se anuncia el inicio del procedimiento de modificación, en cumplimiento de la legislación autonómica que establece que, antes de elaborar los proyectos o anteproyectos de ley, se tiene que realizar una consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas afectados por la futura norma. Los castellanos y leoneses y las organizaciones afectadas podrán realizar aportaciones al texto publicado hasta mediados del mes de agosto.
El Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción y se crea su registro administrativo, entró en vigor el 19 de abril 2007, para dar cobertura legal a las empresas de inserción laboral radicadas en el territorio de Castilla y León que quieran optar a las ayudas y subvenciones establecidas por la Comunidad Autónoma.
Así en su artículo 2 el Decreto 34/2007 establece lo siguiente:
“A los efectos del presente Decreto, y para determinar el acceso a las ayudas y subvenciones establecidas por la Comunidad con la finalidad de promover la inserción laboral, se consideran empresas de inserción laboral aquellas que tienen recogido dentro de su objeto social, como fin primordial, la realización de actividades tendentes a conseguir la integración laboral y el acceso al mercado ordinario de trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión social, siempre que reúnan los requisitos previstos en el artículo 4”.
Con posterioridad a 2007, han aparecido nuevos colectivos que pudieran considerarse en situación o riesgo de exclusión social, y que también han de ser destinatarios finales de las ayudas o subvenciones que perciben las empresas de inserción laboral.
Así, y en perfecta sintonía con la reciente publicación en gobierno abierto del esquema de la estructura de lo que será la Ley de lucha contra la Violencia Intrafamiliar en Castilla y León, es preciso adecuar el Decreto 34/2007 a las nuevas figuras legales de protección de las personas en situación o riesgo de exclusión social (Renta garantizada de ciudadanía, Ingreso mínimo vital), así como a los nuevos colectivos surgidos en situación o riesgo de exclusión social, como lo son las víctimas de violencia intrafamiliar.
De este modo, la preocupación del Gobierno de Castilla y León por este tipo de violencia, que ya quedó plasmada en la aprobación en 2019 del Plan de Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar, se traslada al Decreto por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción y se crea su registro administrativo, con objeto de que la inserción laboral del colectivo de víctimas de violencia intrafamiliar por las empresas de inserción pueda ser contemplado a efectos de percibir las ayudas y subvenciones establecidas por la Administración.
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