Para la institución que encabeza Tomás Quintana las ratios de alumnos no pueden determinar en exclusiva la oferta escolar en el ámbito rural, debiendo existir una mayor flexibilidad en función de las circunstancias concretas y de las expectativas que existan para fijar población escolar.
La crisis de la natalidad y el fenómeno de despoblación en el ámbito rural está haciendo que, hace años, en los pueblos se vayan dejando de ofertar las plazas escolares que ya no resultan necesarias; ahora bien, también es lo cierto que la existencia de una oferta educativa adecuada, que permita a las familias escolarizar a sus hijos en el ámbito rural, es una circunstancia de importancia para fijar la población existente e, incluso, para recibir y asentar población interesada en fijar su residencia en un entorno rural.
Este contexto y las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación en relación con la prevista prestación del servicio educativo en algunas localidades rurales de la Comunidad, ha llevado al Procurador del Común a manifestar su preocupación por el presente y el futuro de la escolarización en el ámbito rural, promoviendo una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Educación con la finalidad de analizar la evolución que se ha producido en lo que respecta a la prestación del servicio educativo en el medio rural de nuestra Comunidad, a partir de la información obtenida; y más allá de ello proponer algunas medidas con la anticipación suficiente al inicio del nuevo curso escolar 2022-2023, para que, en caso de ser aceptadas por la Administración, sean aplicadas sin demora alguna en el próximo curso escolar.
La Defensoría, pues, ha propuesto a la citada Consejería la adopción de las medidas que considera imprescindibles para favorecer la igualdad de oportunidades de todo el alumnado sin excepción y en favor de la dotación de los servicios públicos que merecen los ciudadanos que residen en el medio rural.
Así, el en la institución que encabeza Tomás Quintana han pedido un "fuerte compromiso" para los centros públicos incompletos y localidades de colegios rurales agrupados, se incorpore a la normativa vigente la posibilidad de autorizar el establecimiento y mantenimiento de unidades educativas aunque no se cumplan las bajas ratios que actualmente ya se contemplan en la normativa en vigor, en función de las circunstancias de cada caso en particular, así como de las expectativas que puedan existir de fijar población escolar en un marco temporal superior al del (próximo) curso escolar.
Asimismo, se considera imprescindible que los centros educativos cuenten con los medios personales y materiales que garanticen una educación de calidad, sin olvidar la singularidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como con los servicios educativos complementarios de comedor y transporte escolar que sean precisos para facilitar la vida de los escolares y sus familias.
También se pide que, tanto en la configuración de las políticas dirigidas a la prestación del servicio educativo en el ámbito rural, como a la hora de gestionar la prestación del servicio educativo en dicho medio, se tengan en consideración, en todo caso, las necesidades, demandas y aportaciones de las Administraciones locales, así como las de los miembros de la comunidad educativa que, por tener un contacto más próximo con la realidad de cada municipio o localidad, necesariamente están en las mejores condiciones de concretar esas necesidades.
Tampoco debe olvidarse que la escuela rural, junto con sus ventajas, puede presentar ciertos inconvenientes en cuanto a la socialización de los niños, especialmente en el caso de aquellos escolarizados en las aulas unitarias que agrupan un mínimo número de alumnos, y, además, de diferentes edades. Por ello, se hace hincapié en la necesidad de establecer vías de socialización del alumnado de la escuela rural, fundamentalmente a través de la acción de la red de Centros Rurales de Innovación Educativa.
En definitiva, el Procurador del Común espera de la Administración educativa que adopte las medidas necesarias para que el ámbito rural pueda seguir contando con el servicio educativo de calidad que le es debido, y que junto con el resto de servicios esenciales, están llamados a dignificar la vida de las personas que residen en él y, con ello, contribuir a frenar la despoblación del medio rural.