ASAJA Soria ya ha registrado el recurso encaminado a defender el derecho a recoger el cereal.
ASAJA Soria, dentro del plazo, acaba de presentar a través del registro oficial el recurso con el que se da inicio al procedimiento de impugnación del estado de alarma tal y como se hizo público por la Consejería de Medio Ambiente y que contenía la prohibición del cosechado en el monte o en las parcelas aledañas.
El día 15 de julio la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente dictó una resolución por la que se declaraba la situación de alarma por riesgo meteorológico de incendios forestales, que incluía las restricciones del cosechado del 16 al 19 de julio.
La junta directiva de ASAJA Soria, reunida el mismo día 15, se opuso a esta restricción y pidió que no se prohibieran las operaciones vinculadas a la siega. Además, consideraba que se vulneraban derechos fundamentales "como el del trabajo y el de libertad de movilidad, al imponerse una prohibición que no debería haber pasado de recomendación de máximas precauciones; medidas que siempre entran dentro de la rutina habitual de la recolección en el verano por parte de los agricultores".
Según la organización profesional agraria (OPA), a la vista de que "públicamente ni un solo partido político español, castellano leonés o provincial tomara parte o hiciera declaraciones para apoyar la idea de que el derecho del agricultor a recoger su fruto debe estar por delante del general ante el riesgo de incendios, declaraciones que al cierre de esta edición siguen sin efectuarse, deja a los tribunales como principal vía de acción sindical para defender lo que creemos nuestros derechos. Lo que no evita que sigamos apuntando en medios de comunicación y en otros foros la insistencia en que este derecho debe prevalecer sobre el interés general. El bien común a veces ha sido la excusa para cometer algunas de las mayores atrocidades de la humanidad".
Por ello, la OPA decidió ese mismo día impugnar, si es necesario, incluso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la resolución, y a la vez creyó necesario poner en marcha la posibilidad legal de coordinar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, ante la administración, de todos los socios de ASAJA Soria por los daños y perjuicios que la decisión les haya podido causar por el retraso impuesto.
Para esta acción conjunta, la OPA considera imprescindible la recopilación de todas las justificaciones o pruebas que demuestren la existencia de daños, como pérdida de cosecha por siniestros posteriores, entre otros, pedrisco, incendio y caza demorados por el retraso, gastos en restauración y hoteles de los profesionales contratados, así como la maquinaria contratada que no dispone de tiempo ilimitado, seguridad social, etcétera.
La organización ha mantenido que es "imposible" no asumir el riesgo que supone la cosecha del cereal en plena época estival, ya que "no hay otro modo de hacerlo". Además de ser una necesidad "vital e imprescindible para la supervivencia, la alimentación también es bienestar, cultura y placer", de tal modo que se debe anteponer la producción de alimentos a la hora de valorar la asunción de estos "insoslayables riesgos". Por ello también espera de las administraciones "la cobertura y el apoyo ante la desgracia de un accidente, más que la pura prohibición y el arrinconamiento social de los agricultores, además del mantenimiento de las infraestructuras y elementos de lucha contra incendios de su propiedad y competencia".
En este sentido, ASAJA Soria considera que estas restricciones "criminalizan a nuestro sector al prohibir su actividad, a pesar de que el agricultor pone siempre el máximo cuidado". Del mismo modo, ven que es "vergonzoso que a la vez no se prohíba, ya que solo se recomiende, evitar hacer actividades de ocio o circular con vehículos a motor por el monte y sus inmediaciones, que tan graves incendios han ocasionado".
Abundando, en la organización que encabeza Carmelo Gómez, ven que "para colmo, la consideración de monte que hace la Consejería de Medio Ambiente para estos casos y para otros es absolutamente desproporcionada e incompresible, al considerar que monte es cualquier cosa que no sea recinto agrícola o urbano. El Gobierno Foral de Navarra, por ejemplo, distingue las restricciones a las parcelas conexas a masas forestales de más de 10 hectáreas de extensión".
El esfuerzo de todo un año, en vilo
"La resolución de prohibición desconocida tan solo hace unos años, por desgracia, se va generalizando en las últimas cosechas y extendiéndose en el tiempo. Cuatro días de prohibición completa son una barbaridad; cuestión que hace pensar que esto por efecto del cambio climático irá a más pues como decimos el recurrir a la prohibición y al arrinconamiento social es más barato que mantener cortafuegos, los dispositivos oportunos y la limpieza de montes", indican.
Si esta situación se va reproduciendo, apuntan que es para considerar que 2022 ha tenido un condicionante extraordinario y es una campaña influida por la sequía, que ha mermado producciones, y por la salida de la crisis de la pandemia y de la guerra de Ucrania, que ha traído un "problema descomunal" en los precios de los medios de producción y "un desfase entre los precios de las indemnizaciones de los seguros agrarios y los reales en el campo". Así las cosas, añaden que "si la prohibición argumentalmente va a ser lo mismo siempre, ahora no lo es la situación coyuntural, exponiendo a la ruina segura a los agricultores ante siniestros no respaldados por la administración asociados a la prohibición".
La junta directiva de ASAJA Soria decidió poner en marcha el sistema jurídico para todos sus asociados de todos los daños que se pudieran generar. "No se entiende la prohibición, ni que, puesto que se ahorran dinero utilizando esta sencilla vía la resolución no garantice a la vez los ingresos de los agricultores, a los que se les expone a un gran riesgo de ruina total por la imposibilidad de acometer las labores para recoger sus cosechas".