El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, destaca el esfuerzo del Gobierno regional por defender el municipalismo como seña de identidad de la Comunidad, ayudando así a los ayuntamientos que más dificultades tienen en su día a día
El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy tres órdenes de la Consejería de la Presidencia por la que se conceden ayudas a las nueve diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo para contribuir a la prestación de servicios que estos entes locales ponen a disposición de ciudadanos y ayuntamientos.
Como ha manifestado el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, “desde la Junta de Castilla y León se vuelve a hacer un gran esfuerzo en defensa del municipalismo, dado que, al ser las diputaciones provinciales prestadoras de servicios a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, estas ayudas van a tener una especial incidencia en el funcionamiento de los municipios que más dificultades tienen en su día a día”.
Las cantidades destinadas son las mismas que las de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2021 al estar prorrogados para 2022, y la cantidad de la suma de las tres asciende a 7.173.736 euros. De esta cuantía, 927.040 euros irán para la Diputación de Soria.
El el global de la partida para toda la región, se destinan 2.941.735 euros para regular la concesión de ayudas con cargo a la cooperación económica local general 2022 a las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal de El Bierzo, para el sostenimiento de las Oficinas de Asistencia y Asesoramiento a Municipios y para la formación o actualización de Inventarios de Bienes de las Entidades Locales de Castilla y León. Aquí, la cantidad asignada a la institución provincial soriana suma 207.429 euros.
A través de la misma se financian los gastos en los que hayan incurrido estos entes locales durante el año 2022 en las labores de asistencia y asesoramiento a los municipios, una labor que siempre ha sido fundamental y que está entre las prestaciones básicas que las diputaciones ofrecen a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de su provincia, y que a día de hoy es aún más necesaria ante las dificultades que tienen algunos ayuntamientos en la cobertura del secretario-interventor de su ayuntamiento. Este asesoramiento también se convierte en fundamental ante las cuestiones de especial dificultad o relevancia jurídica o de tramitación.
El segundo de los fines a los que pueden destinar voluntariamente estas ayudas es a la financiación de los programas de inventarios de bienes de las corporaciones locales.
Se destinan, por otro lado 4.153.193 euros, también con cargo a la cooperación económica local general 2022, establece las ayudas para determinadas diputaciones correspondientes al fondo complementario para políticas sociales, con las que se da cumplimiento un año más a la medida de `potenciación de competencias propias´ del Acuerdo del Pacto Local de Castilla y León del año 2005, firmado entre la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y la Junta de Castilla y León. Aquí, la provincia de Soria recibirá 710.854 euros.
A través de estas se posibilita por la Junta la concertación de plazas en los centros de tratamiento de personas con discapacidad psíquica de las diputaciones provinciales y la concertación de plazas residenciales para personas que padecen enfermedades mentales.
Y la tercera, a la que se destinan 78.807 euros, de los cuales 8.756,44 tienen con destino la Diputación de Soria, regula la concesión de ayudas a las diputaciones provinciales con cargo a la cooperación económica local general 2022 para sufragar los gastos de actualización, explotación y digitalización de cartografía de la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local, que se configura como un instrumento de análisis de los servicios de competencia municipal. Constituye un inventario de ámbito nacional, de carácter censal, que tiene como objetivo conocer periódicamente la situación y el nivel de dotación de infraestructuras y equipamientos locales, a fin de poder evaluar las necesidades de dichos sectores, permitir una correcta distribución de los recursos eliminando los desequilibrios regionales mediante una mejor planificación de las inversiones públicas que las Administraciones Públicas realizan en los municipios.