El 72% del importe concedido por la pandemia se tramitó mediante ayudas y subvenciones de nueva creación. Se concedieron de forma directa 78 líneas por importe de 366 millones.
El Consejo de Cuentas ha entregado en el Parlamento autonómico el “Informe de fiscalización del análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 tramitadas por la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio 2020”.
El objetivo de esta auditoría operativa ha sido analizar el diseño y la implementación de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 en la Comunidad. En primer lugar, el trabajo verifica si la Administración autonómica ha convocado todas las subvenciones y ayudas vinculadas a la COVID-19 previstas en el Plan de Medidas Extraordinarias y en el Plan de Choque de desarrollo del Pacto para la Recuperación Económica. Asimismo, se verifica si se han convocado otras subvenciones y ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la pandemia.
En segundo lugar, se comprueba si las ayudas y subvenciones convocadas han sido de nueva creación, para hacer frente exclusivamente a las consecuencias originadas por la pandemia, o son adaptaciones de las condiciones y cuantías de las convocadas en los ejercicios anteriores con la misma finalidad. Además, se identifican las principales áreas de actuación, entes convocantes y procedimientos de concesión.
Por otra parte, el informe analiza si se ha modificado la planificación estratégica de subvenciones de las consejerías y entidades que integran la Administración autonómica para incorporar las convocatorias vinculadas a la COVID-19 y si se han definido indicadores del cumplimiento de sus objetivos.
Finalmente, se verifica si las consejerías y los entes públicos de la Administración autonómica evalúan las ayudas y subvenciones ejecutadas, con el fin de analizar si se han cumplido los objetivos y efectos previstos en las bases reguladoras, convocatorias y en su caso, planes estratégicos.
Las actuaciones fiscalizadoras se han limitado al periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, hasta el 30 de septiembre de 2021.
De acuerdo con la información comunicada, diez entidades de la administración autonómica han convocado en 2020 y hasta septiembre de 2021, por motivo de la pandemia, ayudas y subvenciones por importe de 641 millones de euros, a través de 97 líneas distintas, de los que se han concedido 454 millones (un 70% del importe convocado), habiéndose pagado 377 millones (un 82% del importe concedido) a 31 de diciembre de 2021.
En el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, dentro del apartado específico de “ayudas COVID”, a 30 de septiembre de 2021, no constaban el 65% de las 97 líneas de subvención. De las 27 líneas de acción previstas en el Plan de Choque para el Empleo de 11 de noviembre de 2020, 18 se han instrumentalizado a través de las ayudas o subvenciones relacionadas con la COVID-19.
El Instituto para la Competitividad Empresarial (un 36%) y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (un 14%) son las dos entidades que concedieron un mayor importe de las diez que comunicaron subvenciones.
El 72% del importe concedido por la pandemia se tramitó mediante ayudas y subvenciones comunicadas como de nueva creación, siendo de este tipo la totalidad del importe concedido por cuatro de las diez entidades.
Se concedieron de forma directa 78 líneas de las 97 comunicadas, por importe de 366 millones de euros (un 80%), instrumentándose mediante acuerdo de la Junta de Castilla y León la concesión de 43 líneas por importe de 167 millones y 35 líneas mediante una convocatoria pública.
Con carácter general, los centros que han gestionado ayudas o subvenciones carecían de estudios previos específicos que apoyaran una correcta planificación. No obstante, tanto el Plan de Medidas Extraordinarias, como el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León sirven como soporte, aunque con un contenido incompleto, dada la excepcional situación y la necesidad de adoptar medidas urgentes y extraordinarias.
La Gerencia de Servicios Sociales y las Direcciones Generales de Comercio y Consumo (Consejería de Economía y Empleo) y de Producción Agropecuaria (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural), ante la misma situación excepcional, realizaron estudios previos adicionales con el fin de analizar la situación y proceder a una correcta planificación de las ayudas, lo que muestra una especial diligencia.
Se han detectado 13 líneas de las 97, no incluidas en los preceptivos planes estratégicos de subvenciones, por importe total de 80 millones.
Los objetivos comunicados son coyunturales, al estar dirigidos a paliar las consecuencias de la pandemia, tanto desde el punto sanitario como económico y social, y están definidos de forma genérica. No se han definido objetivos para cinco líneas.
Los indicadores, cuando se definen, son simples, numéricos y, en todo caso, de actividad, y no de impacto de la medida adoptada. Tampoco se aprecia una vinculación entre el objetivo de la ayuda y el indicador definido. Este tipo de indicadores impiden evaluar el impacto real de las medidas adoptadas y limitan su eficacia.
En el momento de finalizar los trabajos de campo no se habían realizado informes de seguimiento de las ayudas por parte de los entes gestores para formarse una opinión sobre la continuidad o no de éstas, ni tampoco informes de control financiero por parte de la Intervención General de la Comunidad.
No consta la realización de informes de evaluación por parte los entes fiscalizados. Debido a esta ausencia, la administración no puede valorar el efecto de las subvenciones comunicadas.
Un 84% del importe total se convocó con el objetivo de mantener el tejido productivo de la Comunidad. De dicho importe, se concedió un 79%, habiéndose pagado el 76% del importe concedido a 31 de diciembre de 2021. El resto tuvo como objetivo minimizar el impacto social de la pandemia.
No se efectuaron pagos ni en 2020 ni en 2021 en 15 de las 97 líneas de ayudas que fueron convocadas.
Con los fondos específicos obtenidos por la pandemia (Fondo COVID, Fondo Extraordinario y Línea COVID) se han financiado 52 de las 97 líneas, siendo ésta última la más utilizada, costeando 221 millones de euros.
De los 360 millones concedidos con el objetivo de apoyar el tejido productivo, el 52% se dirigió a la economía en general, sin especificar sectores concretos de actividad: para cubrir necesidades de financiación (79%), para financiar inversiones en desarrollo sostenible (10%), para apoyar el mantenimiento del trabajo autónomo y a trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (7%) y el resto a investigación y desarrollo (2%).
Las segundas ayudas en importancia, con un importe concedido de 60 millones, son las destinadas a paliar el déficit de los concesionarios de los servicios de transporte público de uso general de viajeros por carretera y sus infraestructuras complementarias, concedidas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Se concedieron ayudas a la agricultura y ganadería por importe de 49 millones a través de 14 líneas distintas; el 56% del importe concedido se destinó a la industria de transformación de productos agrícolas mediante dos líneas.
De las ayudas específicamente diseñadas para el sector turístico, con un importe concedido de 36 millones, el 66% fueron destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida por la crisis sanitaria, un 13% a la adecuación de espacios seguros y el 10% al programa de apoyo financiero a pymes y autónomos pertenecientes al sector de alojamientos turísticos.
El importe concedido específicamente al sector de la hostelería ascendió a 13 millones destinados a empresas que hubieran estado en expedientes de regulación temporal de empleo y a bonificar gastos financieros, tanto para soportar el periodo de aplicación como de levantamiento de las medidas sanitarias preventivas, como los derivados de operaciones de confirming (pago financiado) para las compras a proveedores.
El importe concedido al sector comercial y a las ferias artesanales ascendió a 4 millones; el 89% de las ayudas fueron dirigidas a las pymes y el resto a paliar las consecuencias económicas para los sectores de feriantes y promotores de orquestas.
Se concedieron 94 millones, un 20% del importe total concedido, para minimizar el impacto social de la pandemia. El 75% de estas ayudas, 41 millones de euros, se destinó a las personas más vulnerables (entre los que destacan los 29 millones para atención domiciliaria, 5 millones para ayudas de alquiler de vivienda y 3,4 millones para alimentación) y 28 millones a la contratación de personas desempleadas.
Se concedieron ayudas por importe de 6 millones para la protección sanitaria, incluyendo tareas de limpieza y desinfección y equipos de protección, tanto individual como colectiva.
El Consejo de Cuentas realiza tres recomendaciones. Con el objetivo de garantizar el conocimiento por la ciudadanía de las ayudas y subvenciones, la Junta de Castilla y León debería establecer controles para asegurar que todas ellas figuran publicadas en su Portal de Transparencia.
Para que la política de fomento sea efectiva, los distintos órganos concedentes de ayudas deberían seleccionar proyectos a financiar con base en un diseño adecuado de las metodologías para la evaluación de las distintas iniciativas, con una definición previa de objetivos medibles, y una evaluación posterior.
Los pagos deben agilizarse lo máximo posible por parte de los gestores para aumentar la efectividad de las ayudas concedidas, especialmente en aquellos sectores que han sufrido las mayores caídas de ingresos, principalmente si los beneficiarios son empresas de pequeña dimensión, ya que la supervivencia de éstas puede depender en gran medida de la liquidez aportada por las ayudas concedidas.