El presidente del TSJCyL denuncia en la apertura de este curso los devastadores efectos que produce la falta de acuerdo tanto en el buen funcionamiento del Estado como en la credibilidad de las instituciones.
La solemne apertura del año judicial 2022-2023 en Castilla y León ha tenido lugar este jueves en el Palacio de Justicia de Burgos. Durante el acto, al que han asistido 160 personas, el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, ha alertado del “patético espectáculo ofrecido por quienes tienen sobre sí la responsabilidad de renovar los órganos constitucionales” y ha advertido de que la falta de acuerdo causa “efectos devastadores para el funcionamiento del Estado e, incluso, para la propia credibilidad que deben tener las instituciones entre la ciudadanía”.
“Resulta palmaria la crisis del sistema a causa de la recurrente falta de entendimiento entre los protagonistas encargados de verificarlo; de la apariencia de contaminación política que traslada al órgano de gobierno de los jueces; y de su objetivo apartamiento de los estándares europeos”, ha resaltado.
El presidente del TSJCyL ha querido poner en valor el trabajo del Poder Judicial, “referencia para la mayor parte de los españoles en la lucha contra la corrupción, en la garantía de los derechos fundamentales puestos en solfa durante la reciente pandemia o, en fin, en la defensa de la unidad de España, amenazada estos últimos años por hechos que están en la mente de todos y que no son del caso recordar”.
Concepción ha recalcado al mismo tiempo que la carrera judicial ve con “enorme preocupación” los ataques de que son objeto tanto la cúpula judicial como los jueces que tienen que resolver procesos en los que se ven envueltos intereses políticos, mediáticos o económicos. “El Ayuntamiento catalán de San Cugat del Vallés ha declarado persona non grata al juez Llarena, vecino de esa localidad durante casi treinta años, que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber”, ha recordado.
Derecho de Gracia
Por otro lado, el presidente del TSJCyL ha aludido al Derecho de Gracia señalando que no es sino una reminiscencia de las monarquías absolutas y que “se compadece mal con un Estado moderno siempre que no se utilice para uno de sus fines tradicionales: conseguir la rehabilitación del penado, corregir algún posible error judicial que pudiera haberse producido o dulcificar el rigor de una pena legalmente impuesta, y siempre que su concesión no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos”.
“Fuera de estos casos, el indulto constituye una intolerable intromisión de uno de los Poderes del Estado en las competencias y atribuciones de otro, convirtiendo en letra muerta lo decidido por éste con arreglo a derecho”, ha afirmado.
Según el magistrado, “esa vergonzosa intrusión pone en peligro el andamiaje mismo del Estado cuando se ejerce de manera torticera por intereses puramente utilitaristas sin más fin que el de la simple conveniencia política; y sin que exista atisbo alguno de arrepentimiento en los delincuentes que han sido condenados por sentencia firme”.
Reconocimiento al mérito
Al acto de apertura del año judicial han asistido jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, autoridades civiles, militares y académicas de Burgos y Castilla y León.
Durante el mismo, se ha impuesto la condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Ignacio María de las Rivas Aramburu, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL (jubilado); Sonsoles Sanchidrián Velayos, magistrada de los Juzgados de lo Social de Burgos; y José Luis Gallo Hidalgo, letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Burgos (jubilado).
El presidente del TSJCyL ha felicitado a los homenajeados resaltando su compromiso, dedicación y esfuerzo por servir generosamente a los ciudadanos desde sus responsabilidades dentro de la Administración de Justicia.