Artículo de opinión de Alejandro Ramos, profesor universitario y secretario de NNGG Soria.
La Justicia es igual para todos. Vaya por delante que no deseo el mal a nadie, ni mucho menos la prisión. Pero cuando en un Estado de Derecho, a una persona se le condena en firme, es porque la culpabilidad está más que probada, con independencia de que la resolución sea por unanimidad o por mayoría simple de los miembros del Tribunal.
Durante las próximas semanas, nos vamos a cansar de escuchar la palabra “indulto” en los medios de comunicación. Como consecuencia del “Caso ERE” en Andalucía, Chaves y Griñán, dos de sus expresidentes (socialistas), junto con unos cuantos ex altos cargos de la Junta, han sido declarados culpables por crear y mantener en el tiempo, la mayor estructura fraudulenta de subvenciones, permitiendo la concesión discrecional y arbitraria de 680 millones de euros entre amigos, familiares y militantes del PSOE, en vez de destinarse a empresas con dificultades económicas y trabajadores afectados por EREs. Por ello, el Alto Tribunal no ha dudado en confirmar las condenas por delitos de prevaricación y malversación agravada de caudales públicos, que van desde multas pecuniarias hasta penas de prisión.
Con independencia de que estos señores se hayan enriquecido mucho, poco o nada, a los dirigentes políticos se les debe exigir un comportamiento ejemplar en todas sus actuaciones. Cualquier quiebro en sus responsabilidades, debe castigarse no solo en las urnas, sino también en los Tribunales. Por ello, resultaría muy peligroso para nuestra seguridad jurídica, que el Gobierno corrigiese la decisión de los jueces y concediese la medida de gracia del indulto a alguno de estos condenados, simplemente por cuestiones políticas y sin que exista la menor intencionalidad de arrepentimiento público.
Ya lo decía Sánchez en la oposición: “hay que acabar con los indultos políticos”, pero, desgraciadamente, ya sabemos cuánto vale su palabra.