Se creará un departamento tecnológico ligado al Centro de Defensa contra el Fuego (CDF) integrado por expertos en comportamiento del fuego.
En su comparecencia a petición propia ante las Cortes de Castilla y León para informar sobre la campaña de incendios forestales, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que se debe seguir a avanzando en nuevas medidas tendientes a mejorar la extinción y la prevención, paliando sus daños y promoviendo paisajes más resilientes. Y es precisamente en esta línea de trabajo donde debe situarse el acuerdo alcanzado el pasado día 27 de septiembre en el seno de la Mesa de Seguimiento del Dialogo Social, en materia forestal, que permitirá “luchar con mayores garantías mediante un sistema integrado desde la prevención y la extinción”.
Para ello, se mejoran las condiciones laborales y de seguridad del personal del operativo de incendios, tanto público como privado, con una mayor estabilización y formación de todo el personal que conforma el operativo; se potencia un nuevo modelo forestal que incremente los tratamientos silvícolas y la prevención activa, y favorezca la creación de empleo, la fijación de la población en el medio rural y el aprovechamiento sostenible de los montes.
Se refuerza también la eficacia del operativo en la lucha contra los grandes incendios, así como la protección de vidas humanas, núcleos de población, bienes y patrimonio natural y cultural.
El presidente ha recordado que este acuerdo va a suponer un aumento durante la presente legislatura de 126 millones de euros, lo que representa un aumento consolidado en términos anuales de 65 millones y que en la práctica supone casi duplicar el presupuesto actual.
Este esfuerzo de la Junta de Castilla y León permitirá reforzar el operativo de incendios durante todo el año e ir incrementando la estabilidad laboral de sus más de 4.500 profesionales, así como mejorar las infraestructuras, los equipos, la logística y el avituallamiento.
Asimismo, en palabras de Fernández Mañueco, Castilla y León se situará en la vanguardia tecnológica para la lucha contra incendios. En esta línea, ha anunciado una nueva plataforma tecnológica de gestión de la información de las emergencias por incendios forestales, que mejore la seguridad y el trabajo de todo el personal ligado al operativo, en particular del personal que participa activamente en la extinción de los incendios.
También ha avanzado la creación de un nuevo departamento tecnológico ligado al Centro de Defensa contra el Fuego (CDF), con sede en León, integrado por expertos en el comportamiento del fuego, en la aplicación de las nuevas tecnologías a los incendios forestales y en la toma de decisiones en grandes incendios, así como el incremento de la colaboración con CESEFOR, el Centro de Servicios Forestales de Soria, para mejorar la modelización de los montes, las medidas preventivas en estos y facilitar su aprovechamiento. En definitiva, la Junta aplicará medidas del modelo de éxito de los montes de Soria al resto de la Comunidad.
Además, el presidente ha adelantado que se elaborará un nuevo Plan 42, el Plan 42.3, que comenzará en 2023, para la prevención integral de los incendios forestales, actuando sobre el origen y las causas no naturales que motivan la mayoría de nuestros incendios, con tecnologías de análisis de datos “big data” y Sistemas de Información Geográfica (SIG)
La Junta reforzará también los simuladores informáticos con las últimas tecnologías para mejorar la predicción del comportamiento de los incendios y mejorar la respuesta del operativo: Con información detallada de los tipos de combustible de cada zona y de la meteorología avanzada de radiosondeos en tiempo real. Para ello, colaborará con el sistema COPERNICUS de la Comisión Europea.
Asimismo, el presidente se ha referido a una nueva Plataforma Autonómica Digital que ayudará a gestionar la nueva protección a los pueblos de la mano de los ayuntamientos.
Por otra parte, el Gobierno autonómico culminará la actualización del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (INFOCAL) y el Decreto por el que se regula el Operativo de Lucha contra Incendios Forestales, adecuando sus circunstancias administrativas a los problemas actuales.
No obstante, ha añadido Fernández Mañueco, la lucha contra los incendios forestales constituye hoy, más que nunca, una responsabilidad compartida entre todas las administraciones, en la que las corporaciones locales tienen por ley, asignado un importante papel en la lucha contra todo tipo de incendios, agrícolas, periurbanos y urbanos, que incluye tanto los incendios urbanos de edificaciones, industrias e infraestructuras, como los que afectan a terrenos rústicos con uso agrícola o forestal.
De ahí que la Junta está promoviendo la puesta en marcha por los de Planes Locales de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, especialmente por parte de los cerca de 1.500 municipios directamente afectados por su proximidad a zonas forestales de alto riesgo de incendios.
Colaborará en definir con más detalle el modelo de los Planes Locales, estableciendo para ello una Plataforma Digital Autonómica común, para su elaboración, revisión, homologación, seguimiento y evaluación. Contará con el apoyo técnico y también económico de la Junta.
Asimismo, la Junta colaborará con las Diputaciones para la creación de nuevos Parques de Bomberos Comarcales en el medio rural, con el objetivo de incrementar su número y de aumentar su profesionalización y eficacia.
Además, ampliará las instalaciones de los ya existentes y mejorará el equipamiento y dotación de vehículos dedicados a la extinción y salvamento, así como formando nuevo personal. Para lo que la Junta ya convocó el 6 de septiembre pasado una línea de ayudas, con vigencia hasta diciembre de 2023, por importe de 35,1 millones de euros, a lo que hay que añadir otros 10 millones más, a lo largo de los próximos 5 años.
Una mayor implicación exigible también al Gobierno de España como responsable de los medios aéreos de extinción, que deben actualizarse y ampliarse, así como el número de las Brigadas Forestales del Gobierno de España y los efectivos de la UME, según ha demando el presidente de Castilla y León, que ha insistido en pedir una Conferencia de Presidentes, con carácter extraordinario, para abordar el futuro de la prevención y extinción de los incendios forestales.
Porque, ha esgrimido, las propias Orientaciones Estratégicas para luchar contra los Incendios Forestales elaboradas por el Gobierno de España en 2019, aunque aprobadas en julio de este año, ponen el acento en el carácter global de la solución a este fenómeno, y la necesidad del trabajo conjunto de todas las administraciones.
En este sentido, ha considerado también urgente la reforma del actual modelo de financiación autonómica, que debe tener en cuenta el importante esfuerzo presupuestario de Comunidades, como Castilla y León, con mayor superficie forestal, en estos servicios públicos de base territorial, como es éste. Hasta que no se lleve a cabo esta actualización del actual modelo, el presidente ha asegurado que es necesario que desde el Gobierno se dote, a nivel nacional, de un fondo específico vinculado a estos objetivos: Medidas que deberán ir de la mano de una adecuada Gestión Forestal de todos los recursos de los montes, compatible con la presencia humana en su entorno; con un adecuado aprovechamiento maderero en el que la biomasa está llamada a jugar un papel muy destacado y del resto de recursos como el micológico, apícola, resinero o de frutos rojos; y en el que la ganadería extensiva debe jugar un papel esencial.
El presidente ha recocido que ha sido una campaña de incendios especialmente dura y complicada, con la pérdida de tres vidas humanas, por lo que ha querido comenzar su intervención con un sentido recuerdo hacia las personas fallecidas, Daniel Gullón Vara, Eugenio Ratón y Victoriano Antón Ratón, y también hacia los heridos como consecuencia de los incendios.
Asimismo, ha mostrado su reconocimiento y gratitud a los que, como integrantes de los equipos de extinción y personal de apoyo, han participado en las tareas de extinción, a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid; al Gobierno de España; a la UME; a las diputaciones, ayuntamientos afectados y sus alcaldes, en representación de toda la población; y a los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y resto de entidades.
La campaña ha estado caracterizada por una meteorología excepcionalmente adversa, que ha propiciado incendios de condiciones hasta ahora desconocidas, en la que han sido determinantes las altas temperaturas con sucesivas olas de calor que han sumado 42 días, la falta de precipitaciones y unos vientos muy cambiantes y con intensidad muy superior a lo habitual. Situación a la que se ha enfrentado Castilla y León y también la mayor parte de España, del Mediterráneo occidental y en otras partes del mundo.
Hasta el pasado 30 de septiembre, en Castilla y León se han registrado más de 1.400 incendios forestales. De ellos, 19 han sido de nivel 1 y 26 de nivel 2 de INFOCAL, por tanto, de riesgo para bienes y personas. De los 1.400 incendios, 16 se convirtieron en grandes incendios por superar las 500 hectáreas forestales. Y en cuanto a sus causas, en el 92% está detrás la mano del hombre, por negligencias, accidentes e intencionados, y solo el 8 % son causas naturales.
Han ardido 82.000 hectáreas de superficie forestal, con arbolado, monte bajo o pastos. La mayor superficie desde que se tiene registros, de ellas 45.825 hectáreas de arbolado. La actuación del operativo, atajando los incendios, impidió un daño potencial de mayores proporciones, que pudo haber triplicado las hectáreas finalmente afectadas.
Esta campaña tiene un número similar de incendios a otras anteriores. Incluso, se ha mejorado el porcentaje de conatos, incendios que se apagan antes de superar una hectárea, y que mide la eficacia de un operativo, con un aumento hasta el 67%, dos puntos mejor que la media nacional. Una eficacia que, hasta la aparición de estos nuevos fenómenos, el operativo venía demostrando en los últimos años con resultados muy positivos: la reducción del número de incendios y, drásticamente, del número de superficies quemadas respecto a la media de los 10 años.
El operativo, durante la época de peligro alto, ha estado integrado por 4.540 profesionales forestales y un total de 806 medios materiales, terrestres y aéreos, siempre en permanente comunicación con la Sala de Emergencias del 1-1-2 y plena coordinación con los medios de extinción de otras administraciones públicas.
Se han tratado de incendios con un comportamiento violento y una capacidad de propagación extrema. Capaces de devastar miles de hectáreas en muy pocas horas. Su intensidad en algunos momentos, caracterizada por la enorme energía que desprenden y la alta velocidad de propagación, hacen inútiles todas las técnicas de extinción actualmente utilizadas.
Para la Junta de Castilla y León, la mayor prioridad siempre ha sido, y seguirá siendo la protección de las personas y su bienestar. Por este motivo, de modo inmediato y tras una primera evaluación, se acordó un primer paquete de medidas urgentes a corto y medio plazo, para ayudar y compensar los daños y perjuicios materiales, lucros cesantes y pérdidas económicas en general, ocasionadas a los habitantes de los municipios afectados por los incendios, incluidas viviendas, enseres, industrias e instalaciones auxiliares o profesionales e infraestructuras.
Se impulsó el primer Plan de Recuperación Ambiental y Socioeconómica de los municipios afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra dotado inicialmente con 35 millones de euros, ampliado con otros 30 millones para la zona afectada por el incendio de Losacio, alcanzando los 65 millones actuales.
El presidente ha detallado las medidas puestas ya en marcha como la saca de la madera y su venta en pública subasta, cuyos rendimientos recibirán las entidades locales propietarias de los montes de utilidad pública; trabajo en la recuperación de hábitats y reducción de la erosión; mejora de la red viaria forestal y recuperación de las pequeñas infraestructuras forestales y de uso público; apoyo a la recuperación de especies amenazadas; suplementado la alimentación de poblaciones cinegéticas y otras de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra; restauración de los sotos de castaños y apoyo a la ganadería extensiva y a la apicultura en Montes de Utilidad Pública; abastecimiento urgente de agua de las localidades afectadas por los incendios, con la reposición de las infraestructuras hidráulicas dañadas por los incendios y vivienda pública o ayuda para alojamiento a las personas que lo han necesitado.
También se han facilitado ayudas para la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas afectadas que no se encuentren aseguradas; de emergencia para atender las necesidades básicas que las personas que pudieron precisarla; apoyo financiero, con subvenciones a fondo perdido dirigidas a compensar el incremento de los costes económicos de empresarios y autónomos por una cuantía mínima de 5.000 euros por expediente, entre otras actuaciones que el presidente ha explicado ante el Parlamento autonómico.
Finalmente, Alfonso Fernández Mañueco ha reiterado que se necesita una respuesta conjunta y coordinada, que requiere la participación y el acuerdo de todos “porque éste es un tema de Comunidad y también un tema de Estado, sin enfrentamientos políticos, ni ventajismos electorales”, ha reivindicado Fernández Mañueco, quien ha invitado a apagar el fuego de la confrontación política y ha ofrecido la mano tendida para llegar a acuerdos.