Las cumplidas íntegra o parcialmente y las tomadas en consideración representan un grado de aceptación del 94% en municipios, del 76% en la Administración autonómica, del 68% en diputaciones y del 48% en universidades.
Este lunes, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado hoy en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, en la que ha sido su octava comparecencia de este año, dos nuevos informes: el relativo al seguimiento de las recomendaciones que el Consejo de Cuentas planteó a los entes fiscalizados en el ejercicio 2020 -trabajo que no tiene naturaleza fiscalizadora-; y el del análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 tramitadas por la Administración autonómica en el primer año de la pandemia.
Tras la sesión de hoy, quedan solo 7 informes pendientes de comparecencia. Ya son 31 las comparecencias realizadas en este mandato, en las que han sido presentados 94 informes, un 37% de toda la serie histórica del Consejo de Cuentas.
El presidente del órgano de control concretó en cuanto a la programación del resto de los trabajos que “tenemos 36 auditorías en marcha, incluyendo las 24 que integran el Plan Anual 2022 y otras 12 del Plan 2021 que irán publicándose durante este último trimestre de este año”. En total, 43 informes en distintas fases de tramitación.
El Informe de Seguimiento de las Recomendaciones, publicado el pasado mes de diciembre, es el noveno de esta naturaleza que realiza el Consejo de Cuentas con carácter anual para analizar si los entes fiscalizados han aplicado adecuadamente las recomendaciones formuladas por el Consejo en sus auditorías, en este caso con referencia al que fue primer año de la pandemia.
La elaboración de este trabajo fue incorporada en 2013, en la Ley por la que se modificó la organización y funcionamiento de las instituciones propias de la comunidad. Amilivia recordó la modificación introducida en 2021 en el Reglamento del Consejo por la que se cambió el periodo de aprobación de este informe, estableciéndose como plazo el segundo semestre del año a fin de facilitar el cumplimiento por parte de los entes fiscalizados y también poder obtener una imagen más fiable sobre la voluntad efectiva de las administraciones de cumplir las recomendaciones. Los resultados de este informe ofrecen por segundo año consecutivo los mejores datos globales de la serie histórica.
El presidente subrayó que “el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas revela por parte de la entidad fiscalizada una voluntad de mejorar la gestión de los recursos públicos y un compromiso con la transparencia, teniendo en cuenta el carácter no vinculante de las mismas. Es el mejor reflejo de la ‘auctoritas’ de la Institución, en la medida en que supone que las administraciones atiendan nuestras propuestas de mejora por el prestigio de nuestros análisis y opiniones, sin que legalmente estén obligadas a ello”.
Cada año, el Consejo solicita a los responsables de los entes fiscalizados información detallada sobre el seguimiento de las recomendaciones señaladas en los informes de fiscalización del ejercicio anterior. Un proceso que -explicó- completa el ciclo de fiscalización que realizan las instituciones de control externo.
13 informes
Durante el año 2020 el Consejo de Cuentas aprobó 13 informes que contenían un total de 200 recomendaciones. De todas ellas, en este informe se analizan 186, correspondientes a once fiscalizaciones, ya que 14 no se analizan por ser de carácter legislativo, por haber perdido validez como consecuencia de reformas legislativas posteriores a su aprobación o por carecer de destinatario específico.
En concreto, no se han tratado, al no tener un destinatario específico, las recomendaciones de tres informes (Informe anual de las cuentas del Sector Público local, ejercicio 2018; fiscalización de la contratación realiza en el Sector Público Local, en colaboración con el Tribunal de Cuentas y tres recomendaciones contenidas en el informe de Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales). Por otra parte, se ha identificado una recomendación de carácter legislativo a las Cortes de Castilla y León en el informe sobre despoblación. Y otra ha perdido validez como consecuencia de reformas legislativas posteriores a su aprobación en el informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de León, ejercicio 2016.
De esta forma, las once fiscalizaciones cuyas recomendaciones han sido objeto de análisis son las siguientes: Cuenta General de la Comunidad, ejercicio 2018; FCI 2018; contratación de la Administración autonómica, ejercicios 2018 y 2019; situación y actividad económico-financiera, así como ejecución funcional del gasto de la Comunidad, ejercicio 2018; Universidad de Valladolid; Universidad de Salamanca; Ayuntamiento de León; Ayuntamiento de Valladolid; expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018; entidad local menor de Navatejera; aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales.
Con relación a las 9 conclusiones del informe, Amilivia refirió que la primera de ellas indica que el grado de aceptación de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas en los informes publicados en el ejercicio 2020 fue del 81%, porcentaje que comprende tanto aquellas que se han cumplido total o parcialmente, como las que han sido tomadas en consideración. En el año 2019 el porcentaje de aceptación fue del 69%, por lo que la evolución interanual presenta un notable incremento de 12 puntos porcentuales, alcanzado un nuevo máximo de la serie histórica.
El grado de aceptación por administraciones se sitúa en un 94% para los municipios, un 68% para las diputaciones, un 76% para la Junta de Castilla y León y un 48% para las Universidades, en concreto las de Valladolid y Salamanca.
Cumplimiento
En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, fueron aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 101 de las 186 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 55%. Manteniéndose un porcentaje similar al obtenido en el informe del ejercicio 2019, un 56%, es decir, 131 de 232. En 2018 alcanzó un 42%, siendo el registro más bajo el de 2015, un 34%.
En términos absolutos, en el acumulado de los ocho años en los que se lleva realizando este Informe, han sido aplicadas total o parcialmente un total de 668 recomendaciones de las 1.440 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 46% para todo el periodo 2013-2020.
En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas; las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo el 63%, en términos absolutos, 25 de 40; los municipios el 58%, en concreto, 52 de 89; la Junta de Castilla y León el 48%, en cifras absolutas, 19 de 40; y las universidades analizadas, Salamanca y Valladolid, el 30%, con 5 recomendaciones cumplidas de 17.
Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del Informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones este año no varía sustancialmente. En los informes legales han sido aplicadas total o parcialmente el 50%, en cifras absolutas 14 de 28 de las recomendaciones analizadas; mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanza el 55%, con 87 recomendaciones cumplidas de un total de 158.
El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta, única administración que es fiscalizada todos los años, registra el segundo mejor porcentaje de la serie histórica, un 48%, tras el 60% alcanzado en 2019. En los años precedentes, se produjo un 13% de cumplimiento total o parcial en 2013; 20% en 2014; 22% en 2015; 22% en 2016; 32% en 2017; y 31% en 2018.
Junto al grado de cumplimiento íntegro o parcial de las recomendaciones, el Consejo de Cuentas considera destacable el porcentaje de recomendaciones, un 26%, que, no habiendo sido todavía aplicadas a la fecha de realización del informe, el ente fiscalizado ha tomado en consideración por estar de acuerdo con su contenido.
Por administraciones, la suma de las recomendaciones cumplidas íntegra o parcialmente y de las tomadas en consideración, representan un grado de aceptación del 94% en municipios, 76% en la Administración autonómica; 68% en diputaciones; y 48% en universidades.
Resumió Amilivia, como en anteriores informes, que el Consejo de Cuentas insta a la puesta en práctica de las recomendaciones no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.
Ayudas y subvenciones por la COVID
El “Informe de fiscalización del análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 tramitadas por la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio 2020” fue aprobado por el Consejo de Cuentas el pasado 25 de julio.
Esta fiscalización es una de las planteadas en el “Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León”, suscrito por la Junta de Castilla y una amplísima mayoría de los grupos parlamentarios el 17 de junio de 2020. El marco temporal de la actuación fiscalizadora se limitó, según explicó Amilivia, al periodo comprendido desde la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 30 de septiembre de 2021, considerándose que era “un periodo suficiente para obtener información significativa en un plazo razonable, como estimamos que así se ha cumplido, al ser entregado el presente informe en estas Cortes transcurridos solo diez meses del periodo fiscalizado”.
Entre los objetivos, se verificó si la Administración autonómica convocó todas las subvenciones y ayudas vinculadas a la COVID-19 previstas en el Plan de Medidas Extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis sanitaria y en el Plan de Choque de desarrollo del Pacto para la Recuperación Económica.
En relación con las ayudas y subvenciones convocadas, diez entidades de la administración autonómica convocaron en 2020 y hasta septiembre de 2021, por motivo de la pandemia, ayudas y subvenciones por importe de 641 millones de euros, a través de 97 líneas distintas, de los que se concedieron 454 M€, un 70% del importe convocado, habiéndose pagado 377, un 82% del importe concedido, a 31 de diciembre de 2021.
En el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, dentro del apartado específico de “ayudas COVID”, a 30 de septiembre de 2021, no constaban el 65% de las 97 líneas de subvención.
De las 27 líneas de acción previstas en el Plan de Choque para el Empleo de 11 de noviembre de 2020, 18 se instrumentalizaron a través de las ayudas o subvenciones relacionadas con la COVID-19. Lo que no quiere decir que el resto de las medidas incluidas en el plan de choque no se realizaran, sino que no se encuentran en el alcance de esta fiscalización.
En lo referente al tipo de subvenciones o ayudas, el Instituto para la Competitividad Empresarial, con un 36%, y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con un 14%, fueron las dos entidades que concedieron un mayor importe de las diez que comunicaron subvenciones.
El 72% del importe concedido por la pandemia se tramitó mediante ayudas y subvenciones comunicadas como de nueva creación, siendo de este tipo la totalidad del importe concedido por cuatro de las diez entidades.
Se concedieron de forma directa 78 líneas de las 97 comunicadas, por importe de 366 M€, un 80%, instrumentándose mediante acuerdo de la Junta la concesión de 43 líneas por importe de 167 M€ y 35 líneas mediante una convocatoria pública.
Con relación a la planificación, diseño y control de las ayudas o subvenciones, con carácter general, los centros que gestionaron ayudas o subvenciones carecían de estudios previos específicos que apoyaran una correcta planificación. No obstante, tanto el Plan de Medidas Extraordinarias, como el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León sirven como soporte, aunque con un contenido incompleto, dada la excepcional situación y la necesidad de adoptar medidas urgentes y extraordinarias.
La Gerencia de Servicios Sociales, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Empleo, y la Dirección General de Producción Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ante la misma situación excepcional, realizaron estudios previos adicionales con el fin de analizar la situación y proceder a una correcta planificación de las ayudas, lo que muestra una especial diligencia.
Se detectaron 13 líneas de las 97, no incluidas en los preceptivos planes estratégicos de subvenciones, por importe total de 80 M€. Los objetivos comunicados fueron coyunturales, al estar dirigidos a paliar las consecuencias de la pandemia, tanto desde el punto sanitario como económico y social, y se definieron de forma genérica. No se definieron objetivos para cinco líneas.
Los indicadores, cuando se definen, son simples, numéricos y, en todo caso, de actividad, y no de impacto de la medida adoptada. Tampoco se aprecia una vinculación entre el objetivo de la ayuda y el indicador definido.
Sobre la evaluación de las ayudas, añadió el presidente, a fecha de finalización de los trabajos, no consta la realización de informes de evaluación por parte los entes fiscalizados. La administración, por ello, no puede valorar el efecto de las subvenciones comunicadas.
En cuanto a los objetivos de las ayudas, un 84% del importe total se convocó con el objetivo de mantener el tejido productivo de la Comunidad. De dicho importe, se concedió un 79%, habiéndose pagado el 76% del importe concedido a 31 de diciembre de 2021. El resto tuvo como objetivo minimizar el impacto social de la pandemia. No efectuándose pagos ni en 2020 ni en 2021 en 15 de las 97 líneas de ayudas convocadas.
Con los fondos específicos obtenidos por la pandemia, es decir, Fondo COVID, Fondo Extraordinario y Línea COVID, se comunicó haber financiado 52 de las 97 líneas, por importe de 349,6 millones de euros. En concreto, al Fondo COVID corresponden 18 líneas por importe de 74,5 millones; al Fondo extraordinario, 5 líneas por cuantía de 53,8 millones; y a la Línea COVID, 29 líneas con 221,3 M€.
De los 360 M€ concedidos con el objetivo de apoyar el tejido productivo, el 52% se dirigió a la economía en general, sin especificar sectores concretos de actividad. Por otro lado, se concedieron 94 M€, un 20% del importe total concedido, para minimizar el impacto social de la pandemia.
Entre las recomendaciones del Consejo, además de que la Junta debería establecer controles para asegurar que todas las ayudas y subvenciones quedan recogidas en su Portal de Transparencia, así como la conveniencia de seleccionar proyectos para posibilitar una evaluación de las distintas iniciativas, se apunta que “los pagos deben agilizarse lo máximo posible por parte de los gestores para aumentar la efectividad de las ayudas concedidas, especialmente en aquellos sectores que han sufrido las mayores caídas de ingresos, principalmente si los beneficiarios son empresas de pequeña dimensión, ya que la supervivencia de éstas puede depender en gran medida de la liquidez aportada por las ayudas concedidas".