Durante su presentación no se ha querido indicar qué parte se destinará a cada provincia.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2023, el más elevado de la historia autonómica. Las cuentas para el próximo ejercicio alcanzan los 13.809.836.891 de euros, lo que supone un crecimiento del 12,35 % respecto a las de 2021. A lo largo de la comparecencia, Mañueco y Gallardo han hecho hincapié en la unión de ambos partidos en el Gobierno para sacarlos adelante: "Demostramos que estamos unidos y de acuerdo en lo esencial: conseguir una tierra de oportunidades en donde las personas cada día vivan mejor".
En ese sentido, las familias, sobre todo las numerosas, el apoyo al sector primario, la partida a la violencia intrafamiliar o la reducción de deuda son alguna de las claves de unos presupuestos "con el que hoy ganan las personas de Castilla y León".
Los presupuestos de 2023 son eminentemente sociales y están enfocados en la continuidad de unos servicios públicos esenciales de calidad y adaptados al territorio. A ello se suma un firme compromiso con el mundo rural, la familia y la juventud, priorizando iniciativas de dinamización demográfica y de oportunidades de futuro para los jóvenes.
Así, el 81 % del presupuesto está orientado a mejorar las políticas sociales con apoyos específicos para fomentar la natalidad, promover la retención de talento y cuidar de las personas mayores de Castilla y León, lo que supone que ocho de cada diez euros se dedican a gasto social.
Además, las cuentas de 2023 incorporan la mayor reducción de impuestos a empresas y familias de Castilla y León, pues los beneficios fiscales para las familias, la juventud y los negocios aumentan cerca de un 60% respecto a 2021, que se traduce en un ahorro fiscal de 600,4 millones de euros. De esta manera se contribuye a reducir el impacto de la subida de precios y a impulsar la economía, en particular en el entorno rural.
Asimismo, la Junta de Castilla y León impulsará políticas de apoyo y beneficios ficales para las familias que alcanzan los 2.450 millones de euros. En concreto, a través de programas de respaldo se destinarán 1.867 millones, a los que se sumarán beneficios fiscales que llegarán 583 millones de euros.
El documento, que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno -junto al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 2023- y que se remitirá mañana a las Cortes para su tramitación parlamentaria, mantiene una gestión responsable del endeudamiento, lo que permite liberar recursos para cubrir las necesidades de la ciudadanía.
El escenario macroeconómico, en el que han sido elaborados estos presupuestos, muestra una moderación en el crecimiento, que pasa por conseguir que el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León se incremente un 1,6 %. Este escenario macroeconómico de la Comunidad ha sido considerado factible por la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y como tal lo avala.
Además, las previsiones de la Junta indican que el empleo crecerá el 2,3 % y la tasa de paro se situará en el 10,1 %, dos puntos por debajo de la media española (12,2 %). El volumen de deuda pública en la Comunidad descenderá respecto al estimado para 2021, situándose en el 20,9 % del PIB regional, cuatro puntos inferior a la media de las comunidades autónomas.
Asimismo, el escenario financiero del presupuesto para 2023 respeta la tasa de referencia del déficit establecido por el Gobierno de España para las comunidades autónomas y que se ha situado en el -0,3 % del PIB regional.
El estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2023 revela que de los 12.267 millones de euros de ingresos no financieros -un 18,69 % más que en el ejercicio 2021- 8.136 millones de euros corresponden al modelo de financiación autonómica, cuantía que aumenta un 20,38 %.
Por su parte, los Fondos Next Generation de la Unión Europea se incrementan un 62,35 %, hasta alcanzar los 1.985 millones (incluida la PAC), para promover la transformación de la economía de la Comunidad, asegurar la creación de empleo estable y de calidad, así como impulsar una economía competitiva, digital e innovadora.
Asimismo, las transferencias del Estado bajan de 1.368 a 947 millones -un 30,74 %- debido a la desaparición del Fondo Covid.
Por otra parte, la recaudación por tributos propios aumenta un 17,82 % (828 millones), a pesar de la importante bajada de impuestos impulsada por la Junta para el próximo ejercicio, que repercutirá en los ciudadanos de Castilla y León.
En cuanto a la emisión de deuda, esta se reduce un 22,24 % en 2023, cumpliendo así el déficit de referencia regional fijado por el Estado para 2023, que baja del -0,8 % actual al -0,3 %.
El Gobierno autonómico, en su compromiso por avanzar en una política fiscal inteligente, moderada, justa y tendente a la bajada de impuestos, incluye en las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio unos beneficios fiscales para las familias, jóvenes y empresas de 600 millones de euros.
Estos beneficios fiscales -que suponen un aumento del 59,21 % respecto a 2021 y favorecerán a más de 478.000 contribuyentes de Castilla y León-, están dirigidos especialmente a apoyar a las familias, al acceso a la vivienda y al fomento al empleo. El importe medio del beneficio fiscal asciende a 1.254 euros.
Así, la bajada de impuestos reducirá la carga fiscal para las familias y empresas; incentivará el consumo y la inversión; y favorecerá el crecimiento económico y la creación de empleo.
De esa manera se continuará trabajando como en el pasado ejercicio para reforzar los beneficios fiscales existentes en Castilla y León e incorporar nuevas bajadas de impuestos, lo que la consolidará como la cuarta comunidad con mayor competitividad fiscal en el conjunto nacional, según Tax Foundation.
De igual forma, Castilla y León sigue siendo la Comunidad que ofrece las mejores ventajas fiscales para la natalidad y la familia, tiene el segundo tipo impositivo mínimo más bajo en el IRPF y se encuentra entre las Comunidades Autónomas con una fiscalidad más favorable para el medio rural.
Entre las nuevas medidas fiscales previstas para 2023 se incluye una rebaja del tipo mínimo del IRPF del 5,3 % para todos los contribuyentes, con un impacto estimado de 80 millones esta legislatura.
Asimismo, para apoyar al mundo rural, la Junta incrementará hasta el 40 % la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de un hijo; reducirá el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen en el mundo rural fijándolo en un 2 %, frente al general del 8 %; bajará al 4 % el impuesto de transmisiones en explotaciones agrarias para agricultores y ganaderos profesionales, frente al general del 8 %; bonificará al 100 % de la cuota del impuesto de Transmisiones para arrendamientos de fincas rústicas para apoyar la actividad agraria.
La política fiscal del gobierno autonómico para 2023 también contempla medidas para apoyar la permanencia de los jóvenes en el medio rural, como la mejora de la deducción autonómica en el IRPF para quienes adquieran su primera vivienda, elevando un 10% el valor máximo de adquisición hasta 150.000 euros y la base de la deducción hasta los 10.000 euros, para contrarrestar el incremento de precios y tipos de interés.
Por otra parte, la Comunidad continúa con la congelación y supresión de tasas y precios públicos que, con carácter general, no se han actualizado desde 2014. A ello se suma la bonificación al 100 % de las tasas de las licencias de caza y pesca, así como la exención temporal de la tasa por acreditación de competencias profesionales y de la tasa por expedición de certificados de profesionalidad.
El documento también recoge una bonificación de la tasa en materia de transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios, además de la rebaja de las cuotas y simplificación de los tramos de valor de la inversión de las tasas en materia de industria, por inscripción de establecimientos industriales y control de industrias.
De los 13.809 millones de euros del proyecto presupuestario: 12.470 corresponden a gasto no financiero y 1.339 millones de euros a operaciones financieras, es decir, la magnitud de referencia a la que deben ajustarse los programas de la Junta.
En esta cuantía están incluidos los fondos de la PAC (924,4 millones de euros), los destinados a abonar los intereses de la deuda (1.469,3 millones) y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (36,22 millones de euros).
Así, la cantidad que van a gestionar las consejerías en 2023 para ejecutar sus políticas asciende a 11.263 millones que es un 11,5 % superior a la del último presupuesto aprobado.
El análisis sobre el estado de gastos en el presupuesto elaborado para el ejercicio 2023 destaca por un incremento de las operaciones de capital del consolidado sector público que ascienden a 2.534 millones de euros, lo que supone aumentar un 55 % las políticas para generar empleo.
El Presupuesto 2023 destaca por continuar trabajando por la prestación de los servicios públicos fundamentales como base prioritaria. Además de los equipamientos e infraestructuras necesarias para dar soporte a estos servicios, se contemplan desde la Junta apoyos específicos para fomentar la natalidad, promover la retención y captación del talento joven y continuar trabajando por la integración de los colectivos vulnerables y asegurar el cuidado de mayores y dependientes.
Así, la Consejería de Sanidad contará con 4.752 millones -un 8,9 % más que en 2021-para garantizar unos servicios de salud y la mejor calidad asistencial. Por su parte, la Consejería de Educación dispondrá de 2.614 millones (un 10,8 % más) para seguir ofreciendo una enseñanza escolar y universitaria de excelencia, mientras que la de Familia e Igualdad de Oportunidades tendrá 1.263 millones -lo que supone un incremento del 16,7 %- para atender y prestar servicios a personas mayores y con discapacidad.
Las tres áreas sociales del Gobierno de la Comunidad absorben el 87,57 % del total de los gastos de personal (4.111 millones), capítulo que cuenta con un total de 4.694 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,39 % respecto a 2021 y el 34 % de los gastos totales.
En este apartado, se incluye la congelación de los sueldos del presidente de la Junta, del vicepresidente y de todos los consejeros. Asimismo, se ha estimado una subida salarial para todos los empleados públicos conforme a la normativa básica estatal.
Por su parte, se incrementan de forma moderada los gastos corrientes en bienes y servicios, hasta alcanzar los 1.947 millones de euros, esto es, el 14,10 % de los gastos totales. Así, el 94,13 % corresponde a los gastos corrientes en bienes y servicios en las áreas sociales, concretamente 1.832 millones, que se destinarán a gastos como el mantenimiento de hospitales y centros de salud, centros educativos públicos y residencias de la tercera edad, entre otros.
De igual modo, Sanidad, Educación y Familia acaparan el 92,74 % de las transferencias corrientes, capítulo que alcanza los 3.312 millones de euros, el 24 % de los gastos totales. Para apoyar las familias, Mañueco y Gallardo han informado de una nueva partida de 500.000 euros para combatir violencia intrafamiliar: “Se mantiene el plan de violencia de género. Además, ampliamos los derechos que amparan a las personas que sufren violencia en el entorno doméstico (entre hermanos, cónyuges). Tenemos que celebrar que vamos a proteger a todo el mundo”.
De esta manera, 2.215 millones se destinan para hacer frente a facturas derivadas del mantenimiento de las universidades públicas, centros de enseñanza concertados, farmacia y dependencia, entre otros. Este capítulo, que aumenta un 6,54 % respecto a 2021, incluye 924 millones para la PAC.
Transformar la economía regional para crecer y crear empleo estable y de calidad es otro de los ejes en torno a los que giran las cuentas de la Junta de Castilla y León para el próximo ejercicio. En este sentido se destinan 2.534 millones en operaciones de capital del consolidado sector público, para modernizar y seguir mejorando la economía de la Comunidad.
Esta cifra supone que los gastos de capital aumentan un 55,39 % respecto a 2021, esto es, 903 millones más. Los mayores volúmenes de inversión se concentran en los sectores económicos, destacando las áreas de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Industria, Comercio y Empleo; y Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
De igual modo se incrementan las inversiones reales un 50 %, alcanzando los 1.015 millones de euros, lo que supone 342 millones más que en 2021. De ellas, el 63,16 % se destina a los sectores económicos (642 millones) -lo que supone un aumento del 52,69 %- y el 36,84 % corresponde a las consejerías del área social, con un 48 % de incremento (374 millones).
Las transferencias de capital también experimentan un incremento, concretamente de un 35,27 %, hasta los 1.427 millones, destacando que el 92,18 % se destinarán a impulsar la economía de la Comunidad. Concretamente, 1.150 millones de euros.
Respecto a los gastos de la deuda pública, alcanzan los 1.469 millones de euros, lo que supone un 10,64 % de los gastos totales.
En este sentido, para continuar impulsando la economía de Castilla y León y contribuir a la creación de empleo, la Administración autonómica destina el 74,56 % de las inversiones a los sectores económicos.
Esto se traduce en un presupuesto inversor y dinamizador de la economía de la Comunidad, destacando la red de ayudas y apoyo a empresas, pymes y autónomos que dispone de 150 millones de euros para propuestas empresariales generadoras de empleo. A ello se suman programas de ahorro, diversidad energética y energías renovables, para los que se destinan 51,5 millones. Estas acciones están mayoritariamente gestionadas por la Consejería de Economía y Hacienda, que dispondrá de un presupuesto de 542,5 millones de euros.
Para aumentar las oportunidades laborales con actuaciones de formación para el empleo, economía social y programas de mejora de empleabilidad se destinan 426 millones, con un crecimiento del 23,91 %, una cuantía que administrará la Consejería de Industria, Comercio y Empleo (que gestionará 445 millones del presupuesto).
El impulso económico está ligado al proceso de modernización y digitalización de Castilla y León. Así, las cuentas para 2023 reservan 292 millones para la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.
En el proyecto de presupuestos aprobado hoy, el medio rural y quienes lo sustentan es otro de los ejes clave en el trabajo de la Junta. De esta manera se mantiene un compromiso con el sector agrícola y el desarrollo rural, con la priorización de iniciativas de dinamización demográfica y el apoyo de oportunidades de futuro para los jóvenes.
Así, al sector agrario se destinan 1.491 millones de euros, incluyendo los 924 millones de la PAC. En concreto, a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se destinan 566,8 millones.
En el área de vivienda, se destinan 11,3 millones para el pago del 50 % del alquiler a familias con escasos recursos; 4,8 millones para sufragar hasta el 75 % del precio del alquiler de vivienda a jóvenes en el medio rural; 4 millones para la rehabilitación de viviendas en el medio rural destinadas al alquiler social; 2,4 millones para ayudas a la vivienda a personas vulnerables; y 33,4 millones para rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler de jóvenes.
Estas medidas forman parte del trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que gestionará un montante que asciende a 512 millones.
Por otra parte, las cuentas para el próximo ejercicio son coherentes con el compromiso de reforzar la cooperación con el mundo local. Los recursos destinados al Plan de Cooperación Local suponen 472 millones de euros, lo que implica un incremento del 36 % respecto a los presupuestos de 2021.
La coordinación con las entidades locales le corresponde a la Consejería de la Presidencia, que contará con un presupuesto de 176,2 millones. Por su parte, a Cultura, Turismo y Deportes le corresponden 212 millones.