La Consejería de Industria, Comercio y Empleo muestra su disconformidad al documento, ya que carece de un estudio económico e invade las competencias autoorganizativas de los Servicio Públicos de Empleo de cada comunidad autónoma.
El secretario general de Industria, Comercio y Empleo, Alberto Díaz Pico, ha participado en la reunión que ha mantenido el Servicio Público de Empleo Estatal con los responsables de los distintos Servicio Públicos Autonómicos donde se han presentado las conclusiones del Plan de Transversalización de la Igualdad entre hombres y mujeres en las Políticas Activas de Empleo, un proyecto en el que el Estado ha invertido 2,14 millones de euros adjudicados a una UTE para su elaboración.
Alberto Díaz ha resaltado lo “innecesario de este programa, pues la mayor parte de las medidas ya vienen siendo ejecutadas por los servicios autonómicos de empleo”. Igualmente, junto a otras comunidades autónomas, como la de Madrid, ha calificado el plan como un hito más en la agenda del Gobierno de España.
Concretamente, ha criticado que buena parte del plan se centre en medidas para favorecer la inserción laboral de víctimas de violencia de género, cuando Castilla y León beneficia en sus políticas activas de empleo a las víctimas de todo tipo de violencia, no dejando fuera a ninguna.
También, ha hecho hincapié en que el plan carece de un estudio económico para su implantación y que invade competencias de autoorganización de las comunidades autónomas, al crear nuevas estructuras administrativas y de gestión de las políticas activas de empleo.
Por último, al igual que otras autonomías, se ha quejado de la falta de transparencia en la elaboración del estudio, manifestando que "en Castilla y León, el empleo femenino se comporta mejor que en el resto de España, según los datos de la EPA, por lo que deben dejar trabajar a los servicios públicos autonómicos en esta materia”.